Y gastar, gastar, gastar…

¿Ante situaciones inéditas, que hay que afrontar por primera vez, hay que mantener reglas y comportamientos anteriores o cambiarlos? Si es posible formular esta pregunta en todos los órdenes de la vida, no iba a ser menos con ocasión de la elección de los miembros de las Cortes Generales convocada para el mes de junio, en circunstancias bien conocidas. De hecho, ha motivado un cierto debate sobre la campaña electoral, ante una creencia más o menos generalizada de que las formaciones políticas debían reducir sus gastos (y con esa finalidad han estado negociando estos días ya una reforma de la ley, imposible a estas alturas, sí al menos un acuerdo que tampoco ha sido posible alcanzar).

De entrada, hay que recordar que la Ley electoral general (LOREG) ya recoge esa vocación restrictiva: hay un límite de gastos cuyo cálculo, en principio, es sencillo, pues será para cada formación el resultado de multiplicar el número de habitantes de las circunscripciones en que concurra por una cantidad establecida legalmente, que actualmente es de 0,37 €. Esta cantidad ha sido objeto de varias reformas, siempre a la baja: teniendo en cuenta valores contantes conforme al IPC, las 40 pesetas por las que se optó en 1985 equivaldrían a 0,66 euros de 2011, que es cuando se aprobó la última modificación en este ámbito. Es más, la aplicación de la Ley de desindexación de la economía española ha llevado a que no se actualizara ni en las elecciones de diciembre ni lo vaya a ser en las de junio, a pesar de las cantidades establecidas en la LOREG estén expresadas en euros constantes.

De este modo, un partido que concurra en todas las circunscripciones tendrá como límite de gastos electorales algo más de 17.000.000 €, con los que tendrá que atender a las diversas actividades descritas en la LOREG (confección de sobres y papeletas, propaganda y publicidad, alquiler de locales…) durante todo el periodo electoral, esto es, desde la convocatoria hasta la votación (algo menos de 2 meses: en todo caso, no afectan sólo a los 15 días que dura la campaña).

La mayor parte de las formaciones políticas, sin embargo, ha declarado que en las elecciones de diciembre sus gastos quedaron lejos, incluso muy lejos, de esas cifras (las cantidades no han sido fiscalizadas todavía, básicamente porque el plazo para presentar las contabilidades electorales al informe del Tribunal de Cuentas concluyó en marzo). En buena medida, esas diferencias se explican por las severas restricciones a las que se sujeta la contratación de publicidad, sin duda una partida importante cuando de hacer campaña se trata: está prohibida hasta que no empiece la campaña; en esos quince días, sólo se podrá contratar en prensa y radios privadas, no en televisiones ni públicas ni privadas ni en ningún otro medio público de comunicación; en fin, ni a esa publicidad en (algunos) medios de comunicación privados ni a “publicidad exterior” (mediante carteles, pancartas…) se podrá destinar más del 20% de límite total de gastos las formaciones electorales, esto es, algo más de tres millones de euros en cada concepto.

Además, hay una estrecha vinculación entre los gastos y las subvenciones electorales: por un lado, éstas no pueden sobrepasar los gastos electorales declarados por cada formación y justificados por el Tribunal de Cuentas; por otro, es de suponer que los partidos tienen en cuenta las previsiones sobre los resultados que van a obtener y ajustan los gastos a la subvención que esperan recibir a partir de esas proyecciones, porque de otra manera tendrán que recurrir a otros ingresos (normalmente préstamos bancarios, lo que aumentaría una deuda que no es precisamente pequeña).

No está orientada en cambio por esa misma voluntad restrictiva la regulación sobre los gastos causados por el envío directo y personal a los electores de papeletas y publicidad electoral: objeto de una subvención específica, no se consideran para examinar si una formación política ha rebasado el límite de gastos, siempre que se haya justificado la realización efectiva de esta actividad y se alcancen los resultados precisos para recibir la subvención (votos o escaños suficientes para formar grupo parlamentario); en caso contrario, sí que se tienen en cuenta para estimar si se ha rebasado o no el límite máximo.

Por supuesto, que los gastos fueran inferiores al límite legal también puede obedecer a las decisiones sobre el tipo de campaña adoptadas por cada partido, porque el principio que rige esta materia es el de libertad: respetando límites y prohibiciones, pueden acomodar su campaña a los criterios que les resulten más adecuados. Con base en esta autonomía han estado negociando para atenerse a límites más estrictos que los legalmente previstos, parece que sin éxito.

Puede que se trate de otra de las cuestiones a abordar en la próxima legislatura, en esta reconsideración general a la que parece estar sometida nuestra organización política. De ser así, podría ser abordada con algo más de perspectiva, para tener en cuenta en primer lugar si hay que cambiar la regulación de los gastos electorales para todas las convocatorias o sólo para casos singulares como éste de disolución por falta de investidura y nuevas elecciones en muy pocos meses. Puede que sea razonable afirmar que con una campaña electoral tan cercana no esté tan justificado el uso de los mismos recursos, que la comunicación de la oferta electoral se tenga que hacer de forma más modesta, pues es muy posible que no cambien los programas ni las candidaturas… En esa tesitura, quizá se podrían reducir en términos porcentuales esos límites. Incluso se podría extender a otros supuestos de elecciones anticipadas, bajo esa misma fórmula: si el ciclo electoral es más breve, no alcanza los cuatro años, el esfuerzo de campaña no tiene que ser tan intenso.

Más discutible resulta afirmar, en un plano más general, que esta regulación de los gastos propicie campañas de coste desmesurado, con actividades inútiles e incluso molestas para los electores: se ha hablado de buzones rebosantes de envíos electorales, cuando a lo sumo se reciben cinco o seis cartas. Otra cosa es (y éste sería un buen ejemplo) que algunas normas deban ajustarse: ¿no sería mejor un solo envío e incluso utilizar una sola papeleta con todas las candidaturas, como en el Senado? Algunas otras cuestiones ahora no reguladas podrían incorporarse a la LOREG: presentar un presupuesto de campaña al inicio del periodo electoral e informar de los gastos durante el transcurso del proceso, regular la publicidad en medios electrónicos…

Todo ello sin olvidar que estamos discutiendo no sólo de dinero, sino también, como en un contexto diferente afirmó el Tribunal Supremo de Estados Unidos (Buckley v. Valeo), que reducir gastos electorales es también reducir la capacidad de intervenir en campaña: menos asuntos sujetos a discusión, menos profundidad del debate, restricción de la audiencia a la que alcance… Convendrá también tenerlo en cuenta si es que el asunto se vuelve a plantear más adelante.

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