Violencia de Género: el silencio ante una cuestión de Estado

El pasado mes de julio, tras el examen periódico que evalúa el cumplimiento en nuestro país de los compromisos en materia de igualdad, el Comité CEDAW declaró estar “alarmado por la prevalencia de la violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual, y por el alto porcentaje de mujeres que han muerto como resultado de la violencia de género en las relaciones de pareja”.

Entre otras indicaciones, formulaba dos claras recomendaciones al Estado español:

Adoptar medidas integrales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, y velar porque las mujeres y niñas víctimas de la violencia tengan acceso a medios inmediatos de reparación y protección, y que los autores sean enjuiciados y castigados adecuadamente;

Proporcionar asistencia y protección adecuadas a las mujeres que son víctimas de la violencia mediante el establecimiento de suficientes centros de acogida, en particular en las zonas rurales, y la mejora de la cooperación del Estado con las organizaciones no gubernamentales que acogen y rehabilitan a las víctimas;

La pregunta es clara ¿Ha destinado el Estado suficientes recursos en los recién aprobados PGE para atender dichas recomendaciones? La respuesta no lo es menos, no.

Como veíamos en estas mismas páginas el pasado lunes, y tal y como denuncia la Plataforma Impacto de Género Ya, sólo el 0,0103% del total de los PGE se destina a promover las políticas de igualdad (232B) y las de lucha contra la violencia de género (232C). Un dato que, sin duda, da cuenta del interés y el compromiso ético-político que parece merecer el tema. Desde una lectura bienintencionada de este dato, cabe aventurar que interpretan que cada mujer asesinada es consecuencia de un desastre natural o de una fatalidad impredecible. Ignoran que responde a un orden político y cultural (el patriarcado y el machismo) que promueve y se alimenta de la violencia contra las mujeres. Unas agresiones predecibles si no se ataca la desigualdad y la jerarquía y sexual con contundencia y presupuesto desde las políticas públicas. 

La clara insuficiencia de la dotación económica se ve agravada por un segundo incumplimiento: los indicadores del presupuesto por objetivos no mejoran la fiabilidad, comparabilidad y visibilidad exigidas en el artículo 11 del Convenio de Estambul (ratificado por España en agosto de 2014). De forma tal que, el gobierno español ratifica en agosto lo que ya sabe que incumplirá en noviembre.

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Y, por si quedaba alguna duda de la importancia y conocimiento que tienen de la violencia de género y de su prevalencia en el ámbito rural, la reforma de la Ley de Bases Régimen Local (acometida en 2013) eliminó la competencia municipal, establecida previamente en su artículo 28, relativa a la promoción de la mujer. Según la regulación definitiva  los ayuntamientos sólo podrán prestar servicios sociales, de promoción de la igualdad de oportunidades y de prevención de la violencia contra la mujer por delegación del Estado o de la Comunidad Autónoma financiada al 100%. Es decir: por delegación y con financiación. Algo que los PGE no garantizan; dejando a las mujeres que residen en ámbitos rurales –donde la prevalencia es mayor- abandonadas a su suerte.

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¿Qué puede llevar a semejante dislate en un país en el que es conocido que, sólo en los últimos 10 años, han sido asesinadas más de 800 mujeres?¿En el que, según la Macroencuesta sobre Violencia de Género hecha pública por la propia Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, una de cada ocho mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja o expareja? ¿En el que las supervivientes de la violencia psicológica representan una de cada cuatro mujeres residentes en España? ¿Tendría el mismo tratamiento una masacre o una agresión de otra índole? ¿Qué excusa tienen para no convertir la lucha contra la violencia de género en una cuestión de estado?

Como no parece haberla, lo que tenemos por respuesta del ejecutivo es silencio. Silencio, ante semejantes magnitudes del daño y la masacre. Silencio, ante cada asesinato. Silencio, ante la masiva demanda civil de la manifestación del 7N, ante la alarma que muestran los organismos internacionales. Silencio ante la condena al Estado español del Tribunal europeo de Derechos Humanos por el caso Ángela González Carreño. Silencio ante “riesgo de regresión”, “la cultura de machismo y la influencia social de las instituciones religiosas patriarcales” que denunció el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Silencio, un atronador silencio, ante la demanda de que la violencia de género sea considerada una cuestión de estado. 

En este artículo también ha participado Lidia Fernández Montes

Autoría

4 Comentarios

  1. Cristina Garcia Cachon
    Cristina Garcia Cachon 11-26-2015

    Hola! Estoy interesada en reproducir este artículo en la web de la campaña “Mujeres libres, Mujeres en paz”
    mujereslibresyenpaz.com ¿Sería posible? Espero su respuesta…
    Saludos!!

  2. Laura Nuño
    Laura Nuño 11-27-2015

    Ningún problema si se cita y se linka a Agenda Publica. Muchas gracias Cristina!

  3. Ma. Àngels Viladot Presas
    Ma. Àngels Viladot Presas 11-29-2015

    Felicidades por el artículo. Creo que hemos de insistir desde todos los frentes. Quisiera ponerlo en el Blog de Aresta Mujeres. ¿hay algun inconveniente? Gracias y saludos

    • Laura Nuño
      Laura Nuño 11-29-2015

      No, claro que no! Pero cita a Agenda Pública y linka, por favor. Un fuerte abrazo!!

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