El verano, sus mitos y la huelga de Eulen

El verano tiene sus mitos: la susodicha canción, la reposición de “Verano azul”, alguna escaramuza con las patrulleras gibraltareñas (de estas dos últimas, de momento, nos estamos librando) o una huelga vinculada con el transporte y coincidente con alguna operación salida son probablemente los más destacados. Los laboralistas también tenemos los nuestros. Uno bastante conocido tiene precisamente que ver con la huelga y consiste en nuestra recurrente petición, apoyándonos en la aún más fuerte reclamación del Tribunal Constitucional, a los diferentes gobiernos y parlamentos, para que aprueben una Ley Orgánica del derecho a la huelga.

Porque, en 2017, no solamente conmemoramos 500 años de la reforma protestante, 75 de la muerte de Miguel Hernández o el 25 aniversario de los Juegos de Barcelona, sino también los 40 años del Real Decreto-Ley (nótese que, por tanto, preconstitucional) que rige, muy enmendado por diversas sentencias, el derecho fundamental a la huelga en nuestro país. Permítame, querido lector, honrar con usted la efeméride con algunas reflexiones al hilo de la huelga de los trabajadores de Eulen en el aeropuerto del Prat.

El derecho de huelga es un derecho fundamental, ese tipo de derechos que gozan de las mayores protecciones y garantías y que, como el resto de derechos, no es ilimitado. Tiene, entre otros límites, el de su pacífica convivencia con otros derechos fundamentales. De ahí que la Administración declare algunos servicios como “esenciales”, lo que significa que, por su vinculación con bienes jurídicos especialmente protegidos o con otro derecho fundamental, el derecho de huelga ha de ser limitado, reducido, de tal forma que ambos puedan coexistir. Limitar tiene como función garantizar la convivencia, lo que no se logra con la supresión del derecho de huelga, porque en tal caso no se convive, sino que éste simplemente cede ante otro.

Esto significa que los ciudadanos vemos limitada nuestra libertad deambulatoria y los trabajadores nuestro derecho de huelga (la primera persona del plural en ambos casos es deliberada) para que ambos podamos disfrutar de nuestros respectivos derechos (según nos toque un rol u otro). Aunque piense que, a diferencia de otras huelgas en el sector del transporte (y esto lo deberían tener en cuenta las autoridades a la hora de fijar los servicios mínimos), aquí el viaje no tiene por qué peligrar, si bien sí tendremos que soportar la molestia de ir con más tiempo al aeropuerto. El propósito del derecho de huelga es incrementar el poder negociador de los trabajadores, normalmente más débiles que el empresario, de tal forma que puedan forzar a éste a modificar sus posturas y negociar. De ahí que no existan huelgas en las que no se produzcan efectos (“daños” llega a utilizar el Tribunal Constitucional) sobre el empresario. Colateralmente usted sufrirá, sufriremos, también estos efectos, aunque con la garantía de que su derecho, por mandato Constitucional, estará garantizado a través de los servicios mínimos.

En el caso de la huelga de Eulen, para garantizar la convivencia entre la libertad deambulatoria (y la seguridad) con la huelga, el Gobierno ha decidido establecer unos servicios mínimos del 90%. En el año 2002, esos servicios mínimos se fijaron en el 75% y en 2012, se elevaron al 85%. En este último caso, el Tribunal Supremo dijo que el Ejecutivo había conculcado el derecho a huelga de los trabajadores del sector, no por el porcentaje, sino por no haber justificado suficientemente por qué 85% y no el 50%, el 60% o el 70%. Ahora que se alcanza el 90%, esto exigiría al Gobierno un esfuerzo argumentativo aún mayor, como es demostrar la plena vinculación entre la seguridad y la libertad de movimientos, la distinción entre actividades dentro del control en los aeropuertos, así como turnos y franjas horarias, la vinculación con otros derechos fundamentales si se usa la seguridad como otra justificación para incrementar los servicios mínimos… Nada de esto he podido ver en el extracto publicado por la Delegación del Gobierno, aunque quizá sí esté presente en el documento completo.

Idénticas garantías, porque se trata de un derecho fundamental, nos encontramos con el resto de facultades que el viejo Real Decreto-Ley 17/77 atribuye al Gobierno. Así, su intervención sólo se producirá de forma excepcional para garantizar los servicios mínimos o para desencallar una situación que, sin visos de solución, ponga en grave peligro bienes constitucionalmente protegidos u otros derechos fundamentales. De ahí que le esté vedado sustituir a los trabajadores huelguistas, salvo para garantizar los servicios mínimos si estuvieran siendo incumplidos. Y de ahí también que la vía de la imposición del laudo arbitral sea un último recurso, que únicamente puede emplearse si concurren determinadas circunstancias, como que la huelga se prolongue largamente en el tiempo, las posturas de las partes parezcan irreconciliables o se estén causando graves perjuicios económicos o de otra índole.

¿Cabe decir que la huelga se ha prolongado largamente cuando ha sido parcial y con tan sólo un día de huelga indefinida? ¿Cabe sostener que las posturas de las partes son irreconciliables cuando, tras varias reuniones infructuosas, las propuestas de ambas están francamente cerca? ¿Cabe hablar de un grave perjuicio cuando sólo se ha tenido un día para comprobar si se han cumplido unos bastante altos servicios mínimos? Es probable que el recurso del Gobierno a la seguridad obedezca a que no vea clara la concurrencia de estos requisitos, aunque ni éste ni aquellos por sí solos bastan para justificar el recurso al laudo por cuanto que limitativo de un derecho fundamental. Es la valoración y ponderación de todos ellos lo que justifica su utilización y, para esto, las prisas y la solución de otros problemas políticos que nada tienen que ver con los laborales no son las mejores compañeras.

Sea como fuere, el problema se plantea porque, cuando un Tribunal decida si se ha violado o no el derecho a huelga, si resultaron o no adecuados los servicios mínimos, si se respetaron o si resultó ajustado al derecho la imposición de un laudo arbitral, habrán pasado varios meses o años. Usted habrá olvidado si su padre le regaló una bicicleta aquel verano y poco se podrá hacer ya por reparar, en su caso, el derecho fundamental de estos trabajadores o de cualquier otro ciudadano. Siempre nos quedará, sin embargo, la canción del verano… y la espera de que llegue la Ley de huelga.

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.