“Vente a Alemania, Pepe” y el voto en el exterior

El Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado para 2019 (bajo la rúbrica  Presupuestos para un Estado Social) firmado por el Gobierno y el Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, recoge un nutrido grupo de cuestiones repartidas alrededor de un amplísimo número de materias que van, por citar algunas, desde las pensiones a la vivienda, pasando por las ayudas a las familias o la transición energética. También sobre temas de un tenor muy diferente como el de la calidad democrática, entre las que se cuenta acabar con las trabas del voto rogado para los electores residentes en el extranjero (cuestión abordada en esta misma tribuna al hilo de las elecciones generales de 2015 por Presno Linera bajo el sugerente título “Alguien está excluyendo electoralmente a alguien”).

Una cuestión a la que el constituyente no fue en absoluto ajeno, no en vano estableció en el art. 68.5 CE que “La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España”.

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Si en aquel momento ya era elevado el número de emigrantes, la cifra se ha incrementado de forma progresiva en estos 40 años.

La reforma de la LOREG de 2011 instauró en este ámbito el voto rogado para el voto en el exterior, amén de un procedimiento de cierta complejidad logística no solo para los electores sino también para la administración, y terminó provocando que este cayera exponencialmente.

Hasta aquel momento España era el país que había extendido de forma más amplia el voto a sus nacionales en el extranjero. El amplio margen de libertad de que disponía el legislador para hacer efectiva esa obligación de facilitar el voto se concretaba así en una apuesta por otorgar las mayores facilidades posibles en todo el proceso, aunque en la práctica eso abría la puerta a ciertas irregularidades (recordemos, por ejemplo, los procedimientos de empadronamiento en las elecciones de las Islas Baleares de 1999 que fueron objeto de una comisión de investigación).

En las primeras elecciones generales en que estuvo operativo el nuevo sistema tras la reforma de 2011, apenas votó el 5% de los electores recogidos en el Censo electoral de residentes ausentes. Ello a diferencia de las elecciones inmediatamente precedentes en las que votó 1 de cada 3 electores. En las últimas elecciones celebradas (2016) la participación, aunque ha subido ligeramente, se sigue moviendo en esas bajas ratios, poco más del 6%. Tras el cambio de procedimiento el resultado final parecía previsible (aunque quizá no a una escala tan elevada) a la vista de las estadísticas de participación en las elecciones locales.

Entre las causas principales de la escasa funcionalidad del sistema, según un Informe de la JEC emitido pocos meses después de dichas elecciones generales, se apuntaron los retrasos en la recepción de la documentación por electores y oficinas consulares, las limitaciones de las propias oficinas o el estrecho margen temporal de que disponen elector y Administración.

Esta brusca merma de la participación debe ponerse asimismo en relación con el paralelo aumento de españoles residentes en el extranjero por la crisis, lo que provoca que el número de afectados se haya visto incrementado exponencialmente.

Resulta evidente lo lesivo que ha resultado esta reforma para el derecho a la participación política y el ejercicio del derecho de sufragio de los españoles que, por las razones que fueren, se encuentren fuera del territorio de España.

La propuesta que ahora se ha rubricado para la aprobación de los Presupuestos va en la línea de la Proposición de reforma de la LOREG presentada por el GP Socialista para facilitar el ejercicio del voto de los españoles en el exterior que actualmente se debate.

A la par de esta Proposición tenemos que recordar que en la actual Legislatura se ha constituido dentro de la Comisión Constitucional  del Congreso de los Diputados una Subcomisión para la Reforma Electoral, que dispone hasta diciembre para emitir su correspondiente informe. Un informe, si finalmente termina emitiéndose entonces, que se producirá justo a las puertas de lo que será un intenso año y ciclo electoral. Y precisamente este es uno de los temas debatido en esa subcomisión.

La reforma de la LOREG aprobada hace más de un lustro pretendió alcanzar mayores garantías en el proceso electoral garantizando su pureza, aunque ello provocó unas consecuencias indeseadas. Es lógico exigir un mínimo esfuerzo del elector, pero no debe ser de tal calibre que prácticamente resulte insalvable para la gran mayoría de los electores. Coincidimos así con las conclusiones del Informe de la JEC de 2016 que concluyó que la misma “ha hecho en gran medida inoperante el sistema como medio para que los españoles residentes en el extranjero ejerzan el derecho fundamental a elegir sus representantes”.

A la vista de ello, y sobre este escenario, el legislador debe aquí retomar la obligación prescrita constitucionalmente de facilitar el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Todo lo contrario de lo que sucedió con la reforma.

Para cumplir con la misma el legislador tiene un abanico de alternativas entre las que se contaría la que ahora se apunta en el acuerdo señalado.

Pero recordemos que también se ha hablado, por ejemplo, de crear una circunscripción exterior; una opción a la que se acogen otros países europeos. Esta propuesta, que es la defendida por la autodenominada Marea Granate, sin duda es sugerente y atractiva, pero precisaría a nuestro juicio de una reforma constitucional que no parece a día de hoy factible. La Constitución señala con claridad en los arts. 68 y 69 que la circunscripción electoral es la provincia; y no nos parece viable la propuesta de creación artificial de una provincia en el exterior. No obstante las dificultades en que pudiera llevarse a cabo, con la correspondiente reforma constitucional, compartimos la idea de que una circunscripción de este tipo permitiría “dotar de representación parlamentaria a la diáspora, que tiene una problemática específica que queda frecuentemente desoída” (Intervención del representante de Marea Granate ante la Subcomisión de reforma electoral).

También se ha planteado la introducción del voto a través de internet. Así se ha hecho recientemente en las comparecencias celebradas en la Subcomisión, en la línea del Informe de la JEC de 2016, donde, con algunas dudas derivadas de los problemas técnicos o eventuales intentos de manipulación, se apostó por su puesta en marcha aunque entendiéndolo como una medida excepcional que no sería ampliable a ningún otro tipo de electores y siempre de manera alternativa a otras vías. Si bien es claro que una propuesta de ese tipo multiplicaría exponencialmente la participación, más allá de los problemas técnicos que pueden darse en algunos concretos países por la brecha digital, lo cierto es que los riesgos de manipulación nos llevan a considerar que no sería la mejor de las alternativas. Una de las principales virtudes de nuestro sistema electoral son las garantías de que se dotó desde el primer momento para evitar manipulaciones electorales.

Más allá de esta concreta reforma sobre el voto en el exterior existen muchas otras cuestiones que se debaten en materia electoral; por señalar algunas de las que se están abordando en la citada Subcomisión se contarían la mejora de la proporcionalidad, el valor del voto, la fórmula electoral, la circunscripción, la participación electoral de las personas con discapacidad o el desbloqueo de las listas, entre otros.

Un debate siempre abierto en esta materia que no impide compartir, para terminar, la valoración positiva que, recientemente, hicieron Montero y Fernández Esquer respecto de nuestro sistema electoral en una visión de conjunto, por más que subsistan, como ellos mismos señalan, ciertas deficiencias en las dimensiones interpartidista e intrapartidista.

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1 Comentario

  1. Luis Moreno Fernández
    Luis Moreno Fernández 11-04-2018

    Estupenda disección…

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