Valores republicanos

Se habla con cierta frecuencia de los “valores republicanos”. Es una expresión de origen platónico muy difusa que en realidad intenta referirse a la implantación de la democracia en toda su extensión en un Estado. Consiste básicamente en el respeto a las leyes que estén sustentadas en el principio básico de la libertad y, por tanto, en la participación ciudadana lo más directa posible en las decisiones de gobierno, sin caer en el populismo.

También dicen algunos actores –el último, Julien Assange– que España no atiende a esos valores, al ser un país en el que pesan demasiado las directrices de una dictadura que durante cuarenta años se infiltró en las mentalidades de todas las gentes, todas, de ese Estado. Si fuera cierto ese postulado, se trata de un modo de hacer las cosas que reclama una visión única de la política comandada por sus dirigentes, en la que cuando no sucede lo que desean estos dirigentes, puede uno forzar las leyes como desee, cambiarlas a placer y/o aplicar la represión, o la “mano dura” si está a su alcance, para asegurar el efectivo cumplimiento de esa voluntad de los gobernantes. Y si para ello hay que mover a la ciudadanía en masa para respaldar esa voluntad, se recurre al populismo sin contemplaciones.

En el conflicto que se ha desatado con la “cuestión catalana” se está empleando esa forma de hacer las cosas. En el Parlament de Catalunya, hace no demasiados días, políticos que decían obedecer una “voluntad popular” se saltaron todas y cada una de las normas del parlamentarismo para aprobar unas leyes que desde la perspectiva de cualquier actor medianamente imparcial, nacían muertas desde el punto de vista técnico. La oposición lo denunció en vano y, bien mirado, puestos a instalarse en el espacio de la desobediencia, no se entiende por qué se pierde el tiempo en recurrir las decisiones de los tribunales que suspenden tales actos, o cómo no se respetaron las reglas parlamentarias desde un principio para obtener exactamente el mismo resultado. Ninguna “legalidad internacional”, también extraordinariamente difusa, puede avalar lo sucedido, salvo que por motivos geoestratégicos algunos Estados relevantes decidan dar por bueno, sin más, lo ocurrido, y no parece que vaya a ser el caso. En todo caso, nunca existiría una reacción unánime, lo que complicaría aún más las cosas.

Por su parte, el gobierno español ha acudido a los tribunales para intentar ganar una batalla política con el proceso jurisdiccional, y complementariamente se ha instado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a requisar urnas, papeletas y propaganda electoral, amenazando además a cualquier colaborador con el referendum con una aplicación del Derecho penal que se sitúa mucho más allá de los márgenes de una rama del Derecho que sólo debe utilizarse, en puridad, para casos absolutamente excepcionales. Y obviamente, perseguir a quien desea simplemente votar no es una de las funciones del Derecho penal, en absoluto.

He llegado a pensar de todo, ante el desconcierto general. Casi todos han tenido la sensación de que estamos ante una escalada de tensión política, el tan cacareado “choque de trenes”, que sólo puede culminar en más intransigencia por ambas partes con un final que puede ser, o bien ese efectivo reconocimiento internacional por las razones –pocas veces inocentes– antes apuntadas, o bien la imposición de los poderes públicos españoles de una versión –no existe jamás una única interpretación en derecho– del ordenamiento jurídico.

También me he planteado la posibilidad de que todo lo sucedido no fuera sino una tremenda –y peligrosísima– comedia de ambos bandos, con la intención de llegar en las mejores condiciones de apoyo popular a unas elecciones autonómicas que beneficiarían a los más duros de ambos lados y perjudicarían o anularían a los más tibios, o a los más contradictorios o grotescos por una u otra razón. En realidad, se trata sólo de una hipótesis porque como jurista y ciudadano, y al margen de mis propias querencias políticas, no alcanzo a entender lo que está sucediendo en estas semanas.

Aunque ahora nadie parece dispuesto realmente a ello, el único modo razonable de concluir este estado de cosas, atendiendo a esos “valores republicanos”, sería sentarse en una mesa sin condiciones previas de ninguna de las partes, probablemente con alguna oferta atractiva a la ciudadanía por parte de ambos interlocutores, y con una vocación indudable de no causar sufrimiento a ningún ciudadano, buscando un espacio de mutuo entendimiento en el que nadie se sienta del todo a gusto, pero que traiga una concordia general en la situación político-administrativa que finalmente se pacte. Para ello hace falta que a la mesa se sienten políticos con mayúsculas, que hayan leído mucho acerca de pasadas crisis y sepan que los acuerdos sólo se logran cediendo lo que cada uno considera esencial. No se alcanza ningún buen acuerdo político desde posiciones de fuerza. La política no es un negocio; es la cultura que busca la perfección de la convivencia en condiciones de plena libertad. Nadie debería olvidar eso.

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