Valle de los Caídos: no sólo es la bandera

La publicación el 24 de agosto e inmediata entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto (RD-ley) por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, llamada Ley de Memoria Histórica –en realidad, “ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”– ha levantado y levantará polémica.

El Real Decreto-ley cuenta, en mi opinión, con todas las garantías que debe cumplir una norma de tal naturaleza. Se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Constitución: propuesta del Ministerio competente, acuerdo del Consejo de Ministros y promulgación refrendada por el Rey, y no afecta a las materias que la Constitución excluye. Contiene una Exposición de Motivos razonada: la Ley de Memoria Histórica reflejaba ya la voluntad de reencuentro entre los españoles y de homenaje a todas las víctimas de la guerra y ordenaba la retirada de símbolos y monumentos de exaltación de la Guerra Civil y de la Dictadura. Algo que resultaba incompatible con el privilegio de la continuidad en el recinto de los restos de quien no fue víctima de la guerra y, además, fue cabeza visible de uno de los bandos del conflicto y después dictador del país durante 40 años. Que se sepa, no está enterrado en el Valle ningún ministro del franquismo, ni ninguno de los generales de su Estado Mayor ni ningún familiar de Franco. El Valle ha representado un mausoleo personal de Franco y un símbolo de su memoria, no un verdadero espacio de reconciliación.

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Recuerda el RD-ley que el Valle de los Caídos es un lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje igualitario de las víctimas de la contienda (artículo 16.3) y, en consecuencia, (Disposición adicional sexta bis) declara de urgente y excepcional interés público la inmediata exhumación y traslado de los restos mortales distintos de los mencionados en el artículo 16.3, sin expresa referencia a Franco. No encuentro nada en la nueva norma legal –como tampoco en la Ley de 2007– de venganza, revancha o agresión personal contra Franco, ni contra el franquismo ni contra los combatientes del Ejército Nacional; ni de exaltación de las fuerzas republicanas.

El instrumento del Decreto-ley está reconocido en todos los ordenamientos jurídicos democráticos como un sistema apto para regular supuestos de excepcional urgencia y necesidad. Es una norma de rango legal y eficacia inmediata, pero de naturaleza provisional (art. 86 de la Constitución). Ha de ser convalidado –o derogado– por el Congreso de los Diputados o tramitado como ley ordinaria a iniciativa del Gobierno. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia ha declarado que es intención del Gobierno que el RD-Ley sea tramitado como proyecto de ley.

No se trata tampoco de una lex singularis: el RD-Ley completa la estructura normativa del Valle de los Caídos y decreta las medidas indispensables para que el lugar sirva de homenaje de todos los caídos, igual que los memoriales que existen en muchos países democráticos.

Tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el Gobierno encomendó a una Comisión de Expertos la elaboración de un informe sobre el futuro del Valle de los Caídos. Fue entregado el 29 de noviembre de 2011 y concluía con la recomendación de dar cumplimiento preferente a la exhumación y traslado de los restos de Franco. El Gobierno de Rajoy ignoró ese informe y el propio presidente se jactó en entrevistas públicas de destinar cero euros a las partidas presupuestarias necesarias para aplicar la Ley de 2007. Ante esta situación, el Congreso de los Diputados aprobó el 11 de mayo de 2017 –con un único voto en contra– una proposición no de ley para la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley 52/2007. De nuevo, el Gobierno conservador ignoró lo que el Parlamento demandada, eso sí, sin adoptar –pese a la mayoría absoluta de que dispuso– iniciativa alguna para reformar o derogar la Ley de Memoria Histórica. En la legislatura 2011-2015, el Gobierno de Rajoy aprobó 73 decretos-leyes, el 34% de la producción legislativa del periodo, el porcentaje más alto de la democracia.

Con referencia a abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), la nueva norma de rango legal justifica el cumplimiento de los requisitos de urgencia y necesidad y el hecho de que el desconocimiento de un deber de normación impuesto por las Cortes no es óbice para que se haga frente al mismo por vía de legislación de urgencia. La sentencia 11/2002, de 17 de enero (relativa al Real Decreto-ley 8/1994, de 5 de agosto, con M. Jiménez de Parga como ponente) es muy clara en este sentido. Es ese retraso o indiferencia del Gobierno precedente la que justifica precisamente que, un año después de la aprobación por el Congreso de la proposición no de ley, se articule la misma cuanto antes. La urgencia proviene si no de los 40 años de situación anómala –que también– sí de los más de 11 años transcurridos desde la ley de 2007 y algo más de un año desde la proposición parlamentaria de 2017.

El Valle de los Caídos está organizado jurídicamente como Real Patronato adscrito al Patrimonio Nacional. Todos los edificios del recinto y demás bienes que lo integran son propiedad del Estado español, incluidos los espacios dedicados al culto y los columbarios y enterramientos. Es un inmueble del Estado. Un conjunto sepulcral de Estado, como la Cripta de El Escorial o el vetusto Panteón de Hombres Ilustres de Atocha. Monumentos de un pasado histórico nacional de los españoles que no expresan división ni enfrentamiento. Nada que ver con el Valle.

No existe, que sepamos, ninguna ley, acuerdo, contrato o título funerario que reconozca a los herederos de Franco un derecho o preferencia a que el cuerpo de su antepasado siga enterrado de forma indefinida en el monumento. La familia no es tampoco titular de un derecho de propiedad o disposición sobre los restos cadavéricos. La personalidad residual del difunto merece la protección del derecho administrativo estatal y autonómico de sanidad y policía mortuoria al que la nueva norma se remite, sin perjuicio de su superior rango jerárquico.

El procedimiento que el RD-ley configura para la exhumación y el traslado de los restos mortales es conforme con los principios que presiden los procedimientos administrativos comunes y especiales de reconocimiento o limitación de derechos, en su versión más garantista: información, audiencia y derecho de defensa. Se asegurarán, en todo caso, “las máximas garantías de dignidad y respeto tanto a los restos mortales como a los familiares”. El lugar de inhumación, en caso de que los familiares no lo decidan, será una “digna sepultura”. La legalidad de la exhumación queda asegurada por el RD-ley. Los afectados tienen garantizada su participación en el procedimiento y la posibilidad de recurrir en vía judicial contra los actos administrativos que se dicten.

Hijo del franquismo, no me olvido de los logros de aquel régimen: la consolidación de las clases medias, la universalización de la Seguridad Social, el desarrollo económico, el turismo, las normas de buen comportamiento y urbanidad, la cultura del esfuerzo, la buena fe y la honradez de una gran parte de los políticos del sistema. Ni todo fue negativo ni la decisión de exhumación pone nada de ello en cuestión. Hay que respetar a los familiares del general Franco y a todos los que se sientan agraviados por la publicación de la norma y recordarles las garantías que rodean su ejecución. Para ellos, la exhumación debe ser dolorosa. Esperaríamos, no obstante, la reacción generosa de quienes, en un momento histórico tan diferente y sin tener que renunciar a sus ideas, sus convicciones ni a su legítimo cariño familiar no sólo han de acatar la ley, sino comprender que estamos ante una decisión justa, legítima, normal e inaplazable. A base de esos gestos y de esas concesiones se construyó la Transición política y se edificó la democracia española.

Estamos, en fin, ante una norma de rango legal, a mi juicio jurídicamente impecable. No sabemos si servirá para desvincular para siempre el Valle de los Caídos de la memoria del dictador –va a resultar difícil modificar la escenografía tétrica y fúnebre de catacumba que caracteriza al monumento–, pero es un paso que había que dar en cualquier caso.

El Valle fue erigido con la pretensión declarada de recuperar “la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido y que constituyan lugar de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor”. Hasta ahora no ha sido así.

Esperemos que el nuevo significado del Valle lo permita. La democracia constitucional tiene su simbología que, igual que la bandera o que el himno nacional, debe presidir todos los espacios y actos públicos.

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.