Una renovación conceptual de la política

Buena parte del problema territorial consiste en que viejas realidades conviven con nuevas lógicas. La política se agota frecuentemente en el uso esencialista de conceptos anquilosados o en derivaciones ideológicas a partir de premisas rígidas. Quisiéramos comprender las peculiaridades de nuestro tiempo, pero nos lo impide un lenguaje y unos modelos inservibles. Los conceptos de que disponemos para describir y ordenar no son apropiados para el mundo plural, amalgamado, irregular, cambiante y discontinuo en el que vivimos.

Descendamos ahora al concepto de soberanía que se emplea en la Constitución Española y en la célebre sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 sobre el Estatut del año 2006. La Constitución dice que la nación española es indisoluble pero no que la soberanía sea indisoluble, por lo que no prohíbe un diseño alternativo al modo como se distribuye territorialmente esa soberanía. La célebre sentencia sobre el Estatut declaraba, por el contrario, que sólo era posible una nación y situaba la cuestión del poder en un marco mental de exclusividad, verticalidad, supremacía y monopolio.

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Este modo de ver las cosas implica aferrarse a una noción de soberanía detenida en el tiempo y que parece no tomar en consideración los cambios que esa realidad ha experimentado en el proceso de integración europea. Es una inconsecuencia o un anacronismo que el Tribunal Constitucional, que no puso pegas a la cesión de soberanía hacia Europa, combata la idea de que la soberanía de la nación española pueda ser compartida con otras soberanías nacionales dentro de España. Como ha señalado Ignacio Sánchez Cuenca, si se hubiera hecho una interpretación tan literal de la soberanía para la integración europea como se hizo en relación con el Estatut, el proceso de integración europea se habría bloqueado (2018, 118-122). En esta transferencia de soberanía hacia Europa tenemos un ejemplo de cómo las cosas en la práctica se mueven en una determinada dirección, pero el mundo de los esquemas mentales se mantiene con frecuencia inalterado. Compartir soberanía con el resto de los europeos parece menos doloroso que hacerlo con los catalanes no por una cuestión de imposibilidad teórica, sino por una resistencia ideológica. El ejemplo contrario de una voluntad de renovación conceptual se encuentra en el voto particular de Eugenio Gay que, apelando a una realidad compleja, criticaba el academicismo de una sentencia más propia del siglo XIX y alejada del mundo contemporáneo “en el que las soberanías son difíciles de distinguir y los estados no son soberanos en el sentido pleno del término” (BOE, nº 172, 16/7/2010, 456).

En un Estado compuesto o plurinacional la lealtad no se construye más que si la identidad y la voluntad de autogobierno es reconocida y no subordinada. Como han enseñado las teorías más avanzadas que reflexionan sobre los estados de estructura compuesta, no tiene ningún sentido concebir el ejercicio del poder político en estados en los que coexisten varias identificaciones nacionales como si se tratara de una identidad nacional única. Es necesario dar una respuesta innovadora a la cuestión de la legitimidad incorporando elementos asociados a los derechos colectivos y a las condiciones de convivencia en una sociedad compleja en la que puedan convivir diferentes identidades nacionales. Al mismo tiempo, la complejidad de un mundo transnacional y profundamente dañado en su ordenamiento estatal deja a los agentes políticos la posibilidad de actuar de otra manera distinta que reivindicando el monopolio sobre un territorio determinado. Por eso se hace necesario inventar coherencias nuevas en espacios múltiples que se equilibren entre sí en vez de inscribirse en una jerarquía fría y constrictiva. Se trata, en definitiva, de superar las lógicas territoriales antagónicas.

Para llegar a ese punto tenemos que hacer, entre otras cosas, un esfuerzo colectivo de renovación conceptual porque los viejos conceptos políticos y sus instrumentos jurídicos no permiten esa reconfiguración de los espacios políticos que exige la convivencia democrática en sociedades compuestas. Y lo que yo vislumbro en ese futuro no tan lejano es que todo lo que se construya de positivo para la convivencia política en el siglo XXI será en términos de ‘diferencia mutuamente reconocida’. Ni la imposición, ni la subordinación, ni la exclusión ni el unilateralismo son compatibles con una sociedad democrática avanzada.

En esta tarea de mirar más lejos hace falta la intervención de muchos oficios y perspectivas. Necesitaremos a quienes se ocupen de la reconstrucción de la confianza, a los negociadores y los diplomáticos o a los que nos adviertan sobre lo que es constitucionalmente posible, pero no desdeñemos la aportación de la reflexión teórica acerca de las novedades que se intuyen en el desarrollo futuro de las sociedades democráticas. Nuestro gran desafío es pensar la arquitectura policéntrica de las sociedades a todos los niveles, desde el multilateralismo global hasta las comunidades locales, configurando una gobernanza multinivel que integre a la ciudadanía según diversas lógicas y sin que se impida así el gobierno efectivo de las sociedades. Imagino la solución a nuestras tensiones políticas en un nuevo espacio que sustituya al mundo de las jerarquías y las subordinaciones, ámbitos en los que la relación entre un centro y una periferia sea corregida por la emergencia de una multitud de centros que compiten y se complementan.

Este tipo de configuraciones políticas va a requerir dos cosas: una nueva legitimación y una innovación institucional. Hace falta, en primer lugar, situar en el centro de la política la libre adhesión, la identificación y la implicación ciudadana. Nada se puede construir establemente sin el consentimiento popular; la imposición es un procedimiento inadecuado para la convivencia democrática. Cuando reivindico la fuerza de las decisiones libres me refiero a voluntades que expresen transacciones y pactos, no a voluntades agregativas o mayoritarias. En sociedades compuestas carece de sentido apostar por la subordinación, disolución o asimilación del diferente. No hay forma de vida en común sin la construcción laboriosa de procedimientos en los que se exprese el reconocimiento mutuo. Y esto nos conduce al segundo requerimiento: la innovación institucional de las soberanías compartidas. Allá donde la voluntad de diferenciación es tan persistente como la necesidad de convivir estamos obligados a pensar formas de decidir que impliquen una co-decisión, donde el derecho a decidir el propio futuro se combine con la obligación de pactarlo con quienes serán afectados por la decisión que se adopte. Se trataría de participar, en igualdad de condiciones, en el juego de las soberanías compartidas y recíprocamente limitadas. El mundo no camina hacia la separación, sino hacia la integración diferenciada. Ese nuevo juego nos va a obligar a todos, a soberanistas y a unionistas, porque la organización jerárquica del Estado no termina de entender y aceptar el valor de la diferencia y ciertas modalidades del soberanismo, más que plantear algo nuevo, aspiran a reproducir en otra escala la misma lógica de homogeneización de los viejos estados.

Con los viejos conceptos políticos y sus instrumentos jurídicos este tipo de acuerdos sería sencillamente imposible. Pero este derecho a decidir conjuntamente y de manera pactada puede formularse mirando al futuro, con conceptos jurídicos y políticos avanzados, más allá de los esquemas clásicos de la soberanía, con sus jerarquías y dependencias, de manera que la decisión sea planteada como co-decisión. El pacto y la no-imposición es el procedimiento por el que se constituyen las reglas de juego de las sociedades avanzadas. La multilateralidad que las posiciones más progresistas exigen para la nueva configuración del mundo es exigible también como principio organizador de nuestras sociedades.

(Este análisis forma parte de una serie del autor titulada ‘Cinco reflexiones sobre el conflicto catalán desde la filosofía política’)

Autoría

9 Comentarios

  1. Carlos López
    Carlos López 07-12-2018

    De nuevo se obvia lo fundamental (donde manda el nacionalismo no se respetan los derechos de los no nacionalistas) para luego exigir más poder para los nacionalistas. “Equidistancia y prejuicios” http://pajobvios.blogspot.fr/2017/12/equidistancia-y-prejuicios.html

    Se cede poder a Europa, porque Europa no nos llena las calles de banderas europeas y arrincona las españolas. Porque Europa no impide utilizar el español a quien quiera. Porque Europa no es nacionalista. Pero los nacionalistas sí lo son, son agresivos e imponen sus maneras a todos, sin respetar a sus minorías.
    “Resumen #EmoFree de la cuestión catalana” http://pajobvios.blogspot.fr/2017/10/resumen-emofree-de-la-cuestion-catalana.html

  2. Carlos López
    Carlos López 07-12-2018

    La palabra que le falta, el concepto, es: Emociología, estructura compleja y estable de distorsiones cognitivas orientadas a la manipulación emocional de la sociedad.
    “Emociologías, las ideologías de los sentimientos” http://pajobvios.blogspot.fr/2018/04/emociologias-las-ideologias-de-los.html

  3. Fernando Barreiro
    Fernando Barreiro 07-12-2018

    No puede haber soberania(s) compartidas dentro de un estado soberano, democrático y donde los derechos de ciudadania son respetados. La soberania está en manos del conjunto de ciudadanos que constituyen dicha comuniad politica, libremente autodeterminada. Por debajo del estado español están los ciudadanos, libres e iguales, como sucede en todos los paises democráticos. No puede haber algo intermedio en terminos de una instancia soberana de una parte de la comunidad politica. Si eso fuera así, esa soberania permitiría la fragmentación y la desaparición de la nación politica soberana, en la medida que los “pueblos o las naciones soberanas” constituyentes de la nación politica, decidieran (el derecho a decidir) separarse y auto-constituirse en otra nación separada. Por tanto, resulta (conceptualmente) contradictorio pretender que en el seno de una misma nación politica-soberana convivan otras naciones soberanas. Ello es dar por sentado de que los ciudadanos que residen en dichas naciones dejan de ser ciudadanos españoles y pasan a ser ciudadanos vascos o catalanes (algo de esto se está cocinando en el caso de Euskadi) con lo cual el planteamiento conduce a una disolución de facto de la nación española. Se trata, sí, de una imposibilidad teórica, no de una resistencia ideológica. Reconocer diferencias, convivir identidades, comprender la diersidad, son todos elementos a ser incorporados en una sociedad compleja y en territorios interconectados como los del siglo XXI. Pero ninguno de esos conceptos ponen en cuestión lo apuntado más arriba. Ser culturalmente diferente, tener una lengua, vivir a su manera, no pone en cuestión la nación política, patria común de ciudadanos libres e iguales, donde se ejercen los derechos y se decide en común. El nivel de autogobierno que poseen las comunidades autónomas en España es uno de los mayores Europa y del mundo. Vivimos en una nación descentralizada, que no siempre ha sabido ejercer la tan preciada y no siempre comprendida gobernanza multinivel. En todo caso, en España, tenemos un problema porque los nacionalismos quieren dar el salto de la descentralización, el autogobierno, las competencias traspasadas, la capacidad propia de gobierno, a la separación, la secesión y la constitución de nuevas naciones políticas.

    • Daniel Innerarity
      Daniel Innerarity 07-12-2018

      La mera existencia de un concierto/convenio fiscal pone de manifiesto que de hecho en España ya hay soberanías compartidas, que nunca se ha conseguido edificar una soberanía única e indivisible. Son razones históricas las que explican esta situación; habría que convertirlo en una ventaja para la cohesión social.

  4. R. de Muñoz
    R. de Muñoz 07-12-2018

    Habiendo como hay “unionistas” y “soberanistas”, no se corresponden con esa otra dicotomía del “centro” y la “periferia”. Unionistas y secesionistas los hay en el conjunto de la comunidad política a la que llamamos ‘nación’ desde la Ilustración, como los hay en las partes que la constituyen, de la misma manera que hay, en las partes y en el todo, quienes no están por “la subordinación, disolución o asimilación del diferente”. La propia Constitución reinstauradora de la democracia que disfrutamos ha optado por esta vía bajo la forma del Estado de las Autonomías. Podrían precisarse las relaciones de coordinación, subordinación e inordinación entre la Administración central del Estado y las unidades infraestatales de autogobierno, como podría hacerse del Senado una Cámara de representación territorial y aprobarse los Estatutos (con el debido control de constitucionalidad) solo en el ámbito regional. Son reformas que harían más federal nuestro territorialmente descentralizado Estado. Sí, porque, así como el Estado ha cedido o compartido soberanía con la UE, también lo hace internamente con sus partes. Las competencias autonómicas son su expresión. La “diferencia”, pues, está “reconocida”. La cuestión no está en caminar hacia ese reconocimiento, sino en si es suficiente, insuficiente o excesivo, y si respecto de todo o de parte. Otra cuestión es la del carácter ‘mutuo’ del reconocimiento de la diferencia. Catalanes, vascos y andaluces, por no alargar la nómina, podemos reconocernos mutuamente. No podemos reconocernos mutuamente catalanes, vascos o andaluces y españoles, salvo que alguno o algunos de aquellos dejen de contarse entre estos. En tal caso, alguien podría entender que la propuesta de Innerarity conduce a la confederación (de Estados), ya inventada. Lo que no está explorado es el Estado confederal. Inventado sí (el plan Ibarretxe), pero no materializado. Fue una apuesta astuta de “co-decisión”: desentenderse del Estado miembro de la UE del que el País Vasco forma parte tanto como sea posible para no dejar de pertenecer a la Unión. Los ‘brexiters’ están viendo lo difícil que es desprenderse de lo que se rechaza sin arriesgar lo que se aprecia, y no por cuestiones de legalidad ni de soberanía. Eso no impide que algunos sigan apostando por el ‘sálvese quién pueda’ (‘America first’, ‘Britain First’…), en el bien entendido de que quienes defienden el principio lo hacen desde la convicción de su superioridad. En tiempos de globalización de los riesgos y de incertidumbres como los que estamos viviendo, atomizar la Unión Europea en beneficio de territorios e identidades que se buscan en el medievo no parece la mejor estrategia para afrontar el siglo XXI.

  5. Joan
    Joan 07-13-2018

    Inteligente lección política para inmovilistas de uno u otro pensamiento político

  6. Joan Jimenez Palacios
    Joan Jimenez Palacios 07-14-2018

    Lo suscribo

  7. antonio-carlos pereira menaut
    antonio-carlos pereira menaut 07-18-2018

    Dani, un abrazo.
    No está nada mal tu artículo, desde luego —mucho español debería leerlo—, aunque para mí no es nuevo porque ya conozco tu pensamiento.
    Con todo, y como yo soy gallego, déjame decirte que “haiche moito que falar” (hay mucho hablar) y “depende”, dos comentarios que siempre son válidos.
    Un abrazo por vía electrónica-digital.
    *Decir que algo “no está nada mal” o “pudo ser peor” es a menudo la máxima alabanza para un gallego; algo así como cuando los ingleses dicen “well, not bad”.

  8. Fernando Robledo
    Fernando Robledo 07-18-2018

    Me gusto su artículo. Felicidades por su esfuerzo intelectual

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