Una mala praxis y, además, inconstitucional

El Grupo Parlamentario Socialista, en el último momento del último día del plazo de enmiendas a una proposición de ley orgánica sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, presentó una enmienda a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria con el objeto de que el veto del Senado pueda ser levantado por el Congreso en el acuerdo sobre el techo de gasto. Una enmienda que, a todas luces, no guarda homogeneidad alguna con el texto enmendado. La única conexión sería que se tratan de dos materias reguladas en ley orgánica.

Con la presentación de esta enmienda, el PSOE parece estar intentando agilizar la tramitación de esta iniciativa para facilitar la aprobación de los Presupuestos del próximo año.

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Pero, ¿la inclusión de enmiendas carentes de conexión material con la iniciativa legislativa es una práctica solo criticable desde la perspectiva de la buena técnica legislativa o cabe hacer una censura constitucional?

En mi opinión, este tipo de enmiendas no sólo suponen una mala praxis legislativa, sino que constituyen una vulneración de la Constitución y pueden menoscabar el derecho de los parlamentarios al ejercicio de su función representativa (artículo 23.2 de la Constitución Española). Y, después de una vacilante doctrina, parece que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también ha llegado a esta conclusión (en especial, sentencias 119 y 136/2011). En palabras del Tribunal: “Cuando sea evidente y manifiesto que no existe tal conexión deberá rechazarse la enmienda, puesto que, en tal caso, se pervertiría la auténtica naturaleza del derecho de enmienda, ya que habría pasado a convertirse en una nueva iniciativa legislativa.” (sentencia 119/2011).

Es cierto que el Constitucional todavía no ha tenido ocasión de pronunciarse en relación a enmiendas presentadas en el Congreso, y los casos planteados afectaban a enmiendas de senadores. No obstante lo cual, el criterio parece que se mantendría en este caso. Sobre todo, porque la iniciativa está siendo estudiada por una Comisión con competencias legislativas plenas, la de Justicia, que nada tiene que ver con la materia objeto de la enmienda. Por lo que el resto de diputados se verían impedidos de su derecho a debatir sobre una cuestión de notable importancia, que sólo sería abordada en una Comisión que no tiene competencias en esa materia.

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