Una de piratas (y de cultura)

El Observatorio de la Piratería creado por la Coalición de Creadores e Industrias Culturales acaba de presentar la sexta edición del informe sobre la situación de las infracciones de los derechos de autor entre los internautas españoles: un 88% de contenidos ilegales que suponen para el sector un lucro cesante de 1.700 millones de euros y 30.000 puestos de trabajo menos. Sin entrar en la discusión sobre la metodología del estudio –de la que no conocemos datos suficientes para hacer una valoración– ni en el hecho de que los estudios sobre circulación ilegal de contenidos no pueden hacer más que estimaciones –fuertemente dependientes de la metodología elegida–, el estudio sirve para subrayar la gravedad del estado de la cultura en España. Cuando revisamos los datos del sector cultural español encontramos el paisaje devastado de una década perdida: el empleo del sector cultural está en niveles del año 2002, el gasto público en cultura está en niveles de 2004, y lo mismo podemos decir del gasto de las familias en productos y en servicios culturales. Y cuando comparamos estos datos con los principales países europeos –por ejemplo, el reciente informe del Forum de Avignon– España es con diferencia el país en el que más han descendido tanto la contribución de la cultura al PIB como el empleo cultural. ¿Hasta qué punto esa situación se debe a la piratería? Nadie duda de que este es uno de los factores explicativos más relevantes en España, particularmente para industrias como la música o el audiovisual, y más recientemente en la editorial. Los estudios de organizaciones como la IFPI o la MPAA llevan años denunciándolo, y de hecho en 2013 una importante empresa de vídeo online decidió excluir a España de su estrategia de implantación europea, entre otras razones, por la incidencia de la piratería audiovisual en nuestro país. Pero lo peor, sin duda, de los datos que se presentaron ayer, es que muestran una mala tendencia: la piratería en España parece seguir empeorando.

El problema de la piratería es demasiado complejo para ofrecer aquí una respuesta. Pero hay ciertas señales muy significativas en las entrevistas de los encuestados en el estudio de La Coalición presentado ayer. Un primer grupo relevante está en quienes hacen afirmaciones como “No hago daño a nadie”, “no pasa nada”, “lo hace todo el mundo”. La falta de conciencia respecto a las consecuencias de la circulación ilegal de contenido protegido por derechos de autor muestra hasta qué punto hay que seguir trabajando tanto en crear conciencia como en mantener la acción pública de protección de la cultura. Contribuir a crear conciencia nos toca a todos, pero especialmente a las entidades de gestión, que en algún caso han dado un ejemplo muy poco edificante sobre el modo en que se administran los ingresos por derechos de autor. Las políticas públicas de protección de la propiedad intelectual son la herramienta primordial, y es imprescindible que éstas sean dinámicas, capaces de revisar constantemente los mecanismos de protección, adaptar permanentemente el entorno legal a la velocidad de los cambios en el mercado cultural global de las redes digitales. Este es un problema que no se puede abordar solo desde el plano nacional. La Unión Europea debe implementar este año el Mercado Único Digital, parte de la Estrategia 2020, una de cuyas mayores responsabilidades será encontrar el encaje adecuado entre el crecimiento de la economía cultural y la protección de la propiedad intelectual.

Un segundo grupo de respuestas relevantes está en quienes dicen que “piratear es rápido y fácil”. Y tienen razón. Durante años ha sido más fácil piratear que encontrar contenido legal. Y desgraciadamente en muchos casos sigue siéndolo. Europa tiene que seguir estimulando la innovación en las industrias culturales, para que exista una oferta cultural adecuada a la demanda de productos culturales. Si la industria hubiera reaccionado a tiempo cuando se empezaron a producir los cambios de la era digital, probablemente Napster, eMule o Megaupload no habrían llegado a tiempo de cubrir la demanda de contenido. La investigación y la innovación son clave en un ecosistema digital completamente nuevo para la industria de los contenidos culturales. Hay que ayudar a todos los sectores de la industria cultural a que innoven y proporcionen una oferta acorde a la velocidad con la que se transforma la demanda de contenidos. Y eso nos toca a todos, al sector, a las administraciones nacionales y europeas, y a las Universidades.

Y un último ejemplo. Cuando a los encuestados se les pregunta por qué piratean, la mitad responde: “porque ya pago por internet”. Los ciudadanos dan por hecho algo que muestran las estadísticas de consumo: La renta familiar se ha reducido estos años, pero ¿dónde se ha ido el gasto cultural de las familias, que no deja de descender? En buena parte, el gasto cultural se ha ido a cubrir la factura de la conectividad fija y móvil a internet, que hace una década no existía, y la telefonía. En total, 12.000 millones de euros –según el Observatorio de la Sociedad de la Información– de los que la cuarta parte es para el acceso doméstico a internet. Podemos hacernos entonces la pregunta, ¿contribuyen los operadores de acceso a internet a la innovación y a la producción de los contenidos que circulan por las redes?

Las televisiones financian desde hace algunos años la producción de contenidos audiovisuales con un 5% de sus ingresos (6% los públicos). Y aunque la medida no gustó demasiado a las televisiones privadas, hoy ha servido para multiplicar la cuota de mercado del cine español. Quizá una parte de la respuesta a la financiación y a la innovación de la industria cultural en este momento pase por buscar mecanismos que impliquen a los operadores de redes en la economía cultural, para que estimulen su participación en la producción de contenidos audiovisuales y multimedia, por la vía del mecenazgo o de instrumentos fiscales específicos. La Ministra francesa de cultura Fleur Pellerin dijo el mes pasado que uno de los posibles escenarios de futuro pasa precisamente por ahí, después de que en 2013 el Informe Lescure lo sugiriera. No parece que vaya a ser así en España: Cataluña acaba de incorporar en los presupuestos autonómicos que se presentaron el jueves pasado una tasa de 0,25 céntimos por cada conexión a internet, destinados a financiar la industria cultural. El Gobierno ha anunciado que estudia impugnar esa medida por inconstitucional.

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