Un secreto a voces: España no alcanzará su objetivo de I+D en 2020

A lo largo de estos 40 años de democracia, la economía española España ha vivido un proceso muy intenso de modernización y capitalización. Hemos conseguido converger en stock de capital por habitante con Europa; pero no en productividad por hora trabajada.

Nuestra economía es homologable a otras de nuestro entorno en cuanto a inversión en activos tangibles (maquinaria, equipo). Pero no lo es en cuanto a inversión en los activos intangibles (I+D, software, bases de datos, formación de los trabajadores, etcétera), característicos de la economía del conocimiento y determinantes para el crecimiento de la productividad.

Un año más, y ya van 22 ediciones, se ha presentado este martes el Informe Cotec, una publicación que tiene uno de estos intangibles –la inversión en Investigación y Desarrollo que realizan el conjunto de agentes económicos nacionales e internacionales en España– como elemento central de análisis.

El informe de 2018 es un objeto original en cuanto a su formato (incorpora elementos de realidad aumentada, impresión con tinta invisible o tecnología de impresión algorítmica). Pero no se diferencia sustancialmente de entregas anteriores en cuanto a su diagnóstico, cada vez más compartido por organizaciones, nacionales e internacionales, empezando por la propia Comisión Europea (RIO, 2018), sobre la situación de la I+D+I en España.

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La inversión en I+D observada en España, equivalente al 1,19% del PIB en 2016 (último dato disponible), no se corresponde con nuestro potencial económico. En Europa somos el país número 13 en Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, pero descendemos hasta la posición 18ª en cuanto a inversión en este ámbito. Hay cinco países con renta per cápita inferior a la española que presentan una ratio de inversión en I+D sobre PIB superior a la nuestra: nuestra vecina Portugal y varios países del Este (República Checa, Hungría, Eslovenia y Estonia).

Hemos recuperado nuestros niveles de PIB previos a la crisis, pero no los de I+D. España constituye, en este sentido, una relevante excepción en Europa, puesto que sí lo han hecho 25 de los –todavía– 28 estados miembros de la UE. Esta recuperación se ha producido de forma particularmente holgada en el caso de otras grandes economías europeas, como Alemania y Reino Unido, motivo por el cual el think-tank Bruegel ha mostrado su preocupación por la creciente concentración de la investigación y desarrollo en algunos polos (Bruegel, 2016).

Hemos retrocedido mientras la UE seguía avanzando, de modo que nuestra brecha se ha ampliado. La crisis económica interrumpe un pronunciado proceso de convergencia que tuvo lugar durante la primera década del siglo, en la que conseguimos recortar 21 puntos porcentuales, hasta alcanzar en 2008 el 72% de promedio europeo. Registramos la distancia mínima con nuestra área económica de referencia desde que existen datos, con una combinación de esfuerzo público y privado. Pero este tipo de apuestas exigen estabilidad para producir resultados y no hemos logrado consolidar este avance. Desde 2009, hemos perdido 13 de esos 21 puntos, volviendo a nuestra posición relativa de 2003.

Fuente: Eurostat

Es cierto que el sector público –Administración más Universidad– presenta una brecha con Europa (20 puntos porcentuales por debajo) menor a la que registra el sector privado (50 puntos menos que la media). Pero es igualmente cierto que el retroceso de la inversión pública en este periodo ha sido mayor y su recuperación todavía no se ha producido, a diferencia de la empresarial, que encadena ya dos tasas positivas consecutivas y todo indica que habría registrado una tercera en 2017.

La inferior participación relativa del sector privado vendría determinada por algunas características estructurales de la economía, como es nuestro atomizado tamaño empresarial; pero no únicamente. Según la OCDE, España no destaca por el apoyo público que presta a la I+D+i empresarial (ocupa la posición 22ª entre los 35 países desarrollados).

En este sentido, no resulta extraño constatar que los recursos propios hayan ganado importancia –10 puntos más en seis años– como fuente principal de la financiación de la I+D empresarial, hasta alcanzar dos tercios del total, ante el menor esfuerzo público y la limitada apuesta del sector financiero en este ámbito.

La ciencia y la innovación han contribuido desproporcionadamente al proceso de consolidación fiscal. La unión de dos factores –menores partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado y un decreciente grado de ejecución de las mismas– ha provocado que, mientras que en 2009 (máximo histórico) los recursos públicos efectivamente destinados a esta rúbrica sumaron 8.476 millones de euros, en 2016 se quedaron en 3.182 millones de euros, acumulando un retroceso superior al 60%.

A partir de 2009, el Presupuesto se ha ido escorando de manera progresiva hacia los capítulos de gasto que presentan una menor tasa de ejecución presupuestaria. Han aumentado los recursos destinados a los capítulos de gasto financiero (suponen ya el 60% del Presupuesto y contaron con una tasa de ejecución del 23% en 2016). Y, en paralelo, se han reducido los recursos destinados a gasto no financiero, que son los que más se ejecutan (por encima del 85%). El resultado es conocido: bastante menos de la mitad del presupuesto de esta política, un 38% en 2016,  se ejecuta actualmente.

La información parcial disponible para 2017 –correspondiente al subsector Estado, responsable de la mayor parte de esta política– no permite anticipar una mejora, puesto que tan sólo se habrían ejecutado tres de cada 10 euros presupuestados, según la Intervención General del Estado (Cotec, 2018).

Objetivo 2020

Tanto el Gobierno, que plantea alcanzar el 2% del PIB (actual valor de la UE), como prácticamente toda la oposición, que propone llegar al 2,5%, (la media, hoy, de la OCDE), han fijado recientemente objetivos muy ambiciosos para la inversión en I+D con el año 2020 como horizonte. Son objetivos que implican romper de manera clara con una dinámica de seis años consecutivos de pérdida de peso de la I+D en la estructura productiva.

Dado el escenario macroeconómico considerado en el Programa de Estabilidad de España 2018-2021, el incremento necesario para alcanzar el 2% –“una de las prioridades del Gobierno”, según reza el Programa Nacional de Reformas 2018– sería de 13.000 millones de euros; es decir, supondría duplicar los niveles actuales de inversión en tan sólo tres años. Si se quiere alcanzar el objetivo planteado por la oposición, el aumento que se precisa es aún mayor, próximo a los 20.000 millones de euros; y, por lo tanto, todavía menos probable.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que incluyen un incremento del gasto no financiero del 8,7%, pueden suponer una oportunidad para que el sector público contribuya, a partir de ahora, a la recuperación de la I+D en España. No resulta, sin embargo, muy alentador el escenario plurianual contenido en el Programa de Estabilidad, puesto que apunta a que esta opción puede no mantenerse en el futuro. Prevé nuevas caídas en términos de PIB del conjunto de funciones de gasto de asuntos económicos (entre las que se incluye la I+D) hasta 2021.

Innovar es traer el futuro al presente. No hacerlo de manera continuada y consciente desde el ámbito de las políticas públicas o de las estrategias empresariales nos sitúa en una posición desfavorable ante un entorno de grandes cambios como es el actual.

 

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