¿Un Presupuesto de ciencia ficción?

El pasado lunes el Gobierno aprobó, para su envío, la propuesta de Plan Presupuestario (antesala del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019), que debe ser examinado por la Comisión Europea en el marco de la gobernanza económica europea. Este Plan recoge, además del cuadro macroeconómico, las grandes líneas de actuación fiscal del Ejecutivo para 2019, en el entendido de que su aprobación significaría, salvo sorpresas, el práctico agotamiento de la legislatura.

Desde ese punto de vista, la precaria fortaleza parlamentaria del PSOE ha sabido sumar a Podemos a su iniciativa, de manera que hoy podemos hablar de que el bloque parlamentario que apoya al Gobierno suma, de partida, 151 diputados, cuatro menos que el primer Gobierno de Aznar y 13 menos que el apoyo socialista al primer Ejecutivo de José Luis Rodriguez Zapatero. Es una mayoría precaria, pero más sólida que la exigua de 84 diputados con la que se exhibía en sus primeros meses.

Con estos números, la coalición de facto entre PSOE y Podemos han planteado su propuesta económica para el país bajo el cumplimiento de dos premisas: en primer lugar, reorientar una política económica que había dejado de lado los aspectos sociales y, en segundo lugar, mantener el compromiso con los objetivos de estabilidad fiscal a los que nos obliga nuestra pertenencia a la eurozona y a la Unión Europea.

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El documento presentado desgrana una serie de medidas de gasto dirigidas a recuperar parte de los retrocesos habidos desde 2012, como reparar el poder adquisitivo de las pensiones (incluyendo la subida del 3% de las más bajas), duplicar el esfuerzo en protección a la infancia, eliminar parte de los copagos sanitarios, aumentar las becas, mejorar la dotación presupuestaria de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) y dotar mínimamente la ley de dependencia. Todas ellas son áreas que habían sufrido en gran medida en los años del ajuste presupuestario y que no habían tenido la atención necesaria en los años de la recuperación. Es, en este sentido, un Presupuesto de gastos más propio de la socialdemocracia clásica, que es donde Podemos y el PSOE se pueden encontrar.

Con todo, las partidas de incremento de gastos previstas no suponen ningún desbarajuste de las cuentas públicas, al suponer un incremento de gasto que no llega a los 5.500 millones de euros, menos de medio punto de nuestro Producto Interior bruto (PIB). Para que nos hagamos una idea, las rebajas fiscales que aprobó el Partido Popular en 2015 supusieron una pérdida de recaudación de unos 5.000 millones de euros, según la Agencia Tributaria. En términos de gasto público sobre el PIB, y de acuerdo con el Plan Presupuestario, estamos hablando de un gasto público equivalente al 40,9% del PIB, esto es, el menor porcentaje desde 2007 y cinco puntos por debajo de la media de gasto público de la eurozona. Es absurdo señalar, desde este punto de vista, que se trate de unos Presupuestos expansivos o irresponsables.

La batalla de las interpretaciones no se centra, en cualquier caso, por el lado del gasto: España abandona la idea del ‘país del 38%’, objetivo estratégico del PP, para acercarse al país del 40%, en el que la consolidación fiscal prevista se realiza a través de los ingresos, y es ahí donde se han encendido todas las alarmas conservadoras. El Gobierno de Pedro Sánchez pretende subir los impuestos y aumentar la recaudación para generar los ingresos suficientes para sostener su modelo.

Es una decisión acertada: España no puede sostener un Estado social con características homologables a nuestros socios europeos con unos ingresos que, de promedio, se situaban a siete puntos de la zona euro. De esta manera, el equipo económico de Sánchez ha planteado una batería de medidas fiscales que pasan por incrementar los tipos impositivos al 0,3% más rico de la población –los que ganan más de 130.000 euros anuales– o al 3% con mayor patrimonio –superior a los 10 millones de euros. Estas medidas tienen un efecto recaudador relativamente pequeño –se trata de la minoría más acaudalada, no de la clase media–, pero contribuyen a corregir la alta desigualdad de ingresos y capital existente en nuestra economía.  

Por otro lado, el Gobierno ha planteado una serie de novedosas medidas impositivas, como la equiparación de los impuestos a los hidrocarburos –que hasta ahora contaban con una ventaja para el combustible diésel–, una nueva tasa de transacciones financieras y la tasa tecnológica, amén de revisar los niveles de exención de los dividendos ganados en el exterior. La capacidad de recaudación de estas nuevas figuras impositivas ha sido puesta en duda, ya sea por su aplicabilidad real o por su potencial recaudatorio. Lo cierto es que se basan en las más modernas prácticas impositivas en el ámbito internacional. Tanto la tasa tecnológica como la de las transacciones financieras se están estudiando para su implementación en el conjunto de la Unión Europea, y la propia Comisión Europea había solicitado a España medidas más decididas en el ámbito de los impuestos ambientales.

Desde este punto de vista, las nuevas figuras impositivas se ubican en las prácticas internacionales más avanzadas y suponen una importante modernización de nuestro sistema fiscal. Las estimaciones planteadas para todos los países participantes en la posible iniciativa de la tasa a las transacciones financieras se sitúan alrededor de los 19,000 millones de euros anuales. Y aunque sería recomendable, no es imprescindible que estos impuestos sean planteados a nivel supranacional, como señalan algunos analistas. En la Unión Europea, la tasa a las transacciones financieras funciona ya en varios países, como Francia e Italia. En el país vecino, la tasa, implementada en 2012, recaudó 1.100 millones de euros en 2016. No parece descabellado pensar que en España pueda recaudar una cifra sensiblemente más modesta. Más delicada parece la tasa tecnológica, que está en pleno proceso de negociación y para la que se ha estimado una recaudación conjunta de más de 5.000 millones de euros. La propuesta del Plan Presupuestario asigna para esta tasa más de 1.000 millones de euros, cuando lo normal sería plantear unos 500 millones como escenario más optimista. Se trata, en cualquier caso, de las medidas impositivas más novedosas –junto con el incremento de la progresividad– de nuestro sistema impositivo para 2019. De ser instauradas correctamente, pondrían a España a la cabeza de la innovación fiscal, liderando las iniciativas más audaces de la Unión Europea.

España necesitaba dar ese paso. Teníamos un sistema tributario obsoleto, poco progresivo, que recaudaba poco y que no atendía a las nuevas realidades económicas y sociales. Las nuevas medidas avanzan en la dirección correcta, modernizando nuestro sistema impositivo y mejorando su capacidad recaudatoria. El impacto definitivo de las medidas está por definir por cuanto –como ya se ha explicado en otras ocasiones– los impuestos de este tipo recaen de manera diferenciada en los consumidores o las empresas en función de la estructura del mercado en el que se implantan. Ni se puede afirmar automáticamente que no afectará a los consumidores ni se puede vaticinar sin ruborizarse un apocalipsis fiscal que castigará a las clases medias.

El resultado de estas novedades en materia de ingresos no son revolucionarias: el Gobierno prevé para 2019 un incremento global de ingresos públicos de seis décimas de PIB respecto de 2018, alcanzando de esta manera una recaudación total equivalente al 39,1%, todavía inferior a la recaudación total de 2007, que se situó en el 40,9% del PIB. Estas macromagnitudes permiten un esfuerzo fiscal estructural de un 0,4% del Producto Interior Bruto, en consonancia con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, un saldo primario positivo –por primera vez en 10 años– y una reducción de la deuda pública que va más allá de la propia inercia del ciclo.

En conclusión: la propuesta de Presupuestos atiende a la recuperación de las prestaciones sociales que más habían sufrido con la crisis, apuesta por la I+D+i y por el incremento de las becas, moderniza e incrementa la progresividad de nuestro sistema fiscal y confirma nuestros compromisos en la Unión Europea con un esfuerzo fiscal suficiente para mantenerse dentro del brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pura ciencia ficción para muchos de sus críticos, cuyo principal argumento, hasta el momento, ha sido dudar de su veracidad. Y pura ciencia ficción para todos aquellos que planteaban que era posible un giro en la política económica sin salirse de los compromisos internacionales asumidos por España. Pura ciencia ficción hecha realidad.

Afortunadamente, la factibilidad de estos Presupuestos no será juzgada por la oposición (que, por otro lado, en su etapa de gobierno no se caracterizó ni mucho menos por la credibilidad de sus cuentas ni en la primera legislatura, ni este mismo año), sino por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (que ya ha dado por bueno el cuadro macroeconómico) y por la Comisión Europea. Mi pronóstico respecto a estos dictámenes no es un aprobado con nota. Seguramente, ambas instituciones plantearán objeciones a las expectativas de ingresos de algunos impuestos. Pero, con mucha probabilidad, el marco general será dado como válido, permitiendo que los Presupuestos avancen en el Parlamento y, si llegan a buen puerto en la negociación, sentarán las bases para una nueva política económica. Más allá de los números, es ahí donde estos Presupuestos se la juegan.

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2 Comentarios

  1. JaimeFPaino
    JaimeFPaino 10-17-2018

    Sólo por clarificar, el PP (ni ningún Grupo) puede presentar un “proyecto alternativo” de Presupuestos Generales, porque la iniciativa en este caso es exclusiva del Gobierno. Pueden presentar enmiendas sin límite y enmiendas para devolver el Proyecto al Ejecutivo, pero nunca uno alternativo. Saludos!

  2. Fernando Luesia
    Fernando Luesia 10-20-2018

    Es imprescindible para la cohesión social esta Agenda del Gobierno.
    Debiera tener un gran apoyo político (al menos de herederos del viejo liberalismo social y democratacristianos) y de la iniciativa social

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