¿Un nuevo sistema electoral para Asturias?

En un artículo reciente dábamos cuenta de la avalancha de reformas electorales autonómicas que se avecinan en los próximos meses. Esta situación no deja de ser sorprendente, pues la evidencia empírica parece señalar que las reformas de los sistemas electorales son una rara avis en la experiencia política comparada. Y lo son porque las fuerzas políticas que pueden impulsar con éxito la reforma electoral, o al menos permitirla, son precisamente aquellas que se han visto favorecidas por esas mismas reglas del juego. Cuando la situación política es relativamente estable, los partidos no suelen tener incentivos para romper la escalera gracias a la cual han ascendido al poder.

Con todo, la resistencia al cambio que caracteriza a estas instituciones, parece estarse resquebrajando en España como consecuencia del nuevo tablero político autonómico surgido tras la cita electoral de mayo de 2015. Enarbolando la bandera de la regeneración democrática, las nuevas formaciones están poniendo sobre el tapete reformas institucionales a cambio de prestar su apoyo a los partidos tradicionales. En un contexto de indignación generalizada e importante cuestionamiento de algunas de las principales instituciones del sistema político, los cambios en los sistemas electorales podrían estar siendo impulsados por los partidos, no sólo por su intención de maximizar su propia representación parlamentaria a través del cambio en las reglas del juego, sino también por el premio que pueden recibir del electorado, al erigirse en los adalides de la reforma institucional y democrática.

Ayer mismo, el 26 de enero, asistimos al último episodio de esta agitación electoral autonómica. Los grupos parlamentarios del PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos acordaron presentar conjuntamente en la Junta General del Principado de Asturias una Proposición para reformar la ley electoral regional. De entrada, cabe destacar el consenso existente entre los tres partidos que han planteado la iniciativa, asumiendo como válidas las propuestas del Dictamen elaborado por la Comisión Especial de estudio, debate y propuesta de reforma sobre el régimen electoral asturiano. Se rescata así un proyecto de reforma electoral que naufragó en la pasada legislatura, a pesar de que contaba con los apoyos suficientes para alcanzar la mayoría absoluta requerida. Sin embargo, el hecho que ni el PP ni Foro Asturias apoyaran la modificación hizo que el PSOE decidiese abandonar la reforma, al entender que no reunía el consenso necesario. A su vez, esto desencadenó la retirada del apoyo del único diputado de UPyD, Ignacio Prendes –hoy en día representante de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados-, dejando a los socialistas gobernando en minoría.

El obstáculo más importante en la actualidad consiste en que, tal y como se acordó en el pacto de investidura de legislatura entre PSOE e IU, la reforma debe contar con el respaldo de tres quintas partes de la Cámara. Ni el PP ni Foro Asturias parecen estar dispuestos a facilitar la reforma electoral, máxime si se tiene en cuenta que concurrieron en coalición electoral en las recientes elecciones generales. Por su parte, el partido cuyos diputados permitirían alcanzar el quórum suscrito en el acuerdo de investidura, Podemos, aunque parece estar de acuerdo con los pilares esenciales de ésta, exige incluir la mejora de ciertos mecanismos de democracia semidirecta, como son las iniciativas legislativas populares o las consultas ciudadanas. No obstante, este tipo de cuestiones no acostumbran a incluirse en las leyes electorales propiamente dichas. Ante esta circunstancia, se ha propuesto por algunos sectores la posibilidad de negociar estos instrumentos de participación de manera paralela, tratando de desencallar así las reticencias de la formación morada.

Sea como fuere, debe destacarse que la propuesta que se está debatiendo en Asturias contiene elementos ciertamente novedosos en el panorama electoral español. En primer lugar, se establece un nuevo sistema de reparto entre circunscripciones. En este sentido, se dispone que 35 de los 45 diputados de la Asamblea autonómica se distribuirían entre las tres circunscripciones ya existentes -Oriental, Central y Occidental- conforme a una cuota de reparto proporcional a la población de cada una de ellas. Los 10 escaños restantes hasta completar los 45 totales se asignan en un único distrito, que engloba a todos los ciudadanos del Principado de Asturias en una «bolsa de restos»; es decir, se produce un reparto de 10 escaños a partir de los mayores cocientes no usados tras aplicarse la fórmula d’Hondt en las otras tres circunscripciones. De esta forma, se conseguiría una mayor proporcionalidad global al aprovecharse los votos que en principio no habrían servido para la consecución de un escaño, además de garantizarse valores de voto aproximados en todas las zonas del territorio.

En segundo lugar, se propone la introducción de un sistema de listas «flexibles» o «desbloqueadas». Así, el votante, de manera opcional, puede marcar una serie de votos preferenciales dentro de la lista del partido que elija (entre los puestos 2º y 10º, dado que el cabeza de lista saldrá de un proceso de primarias obligatorio para todos los partidos). Esta medida tiene como objetivo mejorar la rendición de cuentas, creando incentivos para que los miembros de las listas visibilicen su trabajo, adquiriendo cierta independencia respecto al partido. Cabe recordar que en el sólido informe sobre propuestas de modificación del régimen electoral general que en 2009 realizó el Consejo de Estado se apostaba por el desbloqueo de las listas para potenciar la implicación de los ciudadanos en la vida política. En este sentido, y bajo la presidencia del recientemente fallecido maestro de constitucionalistas Francisco Rubio Llorente, el máximo órgano consultivo del Gobierno sugería que quizás esta innovación debiera ensayarse primero en otro tipo de elecciones como las europeas o las autonómicas, antes de implantarse a nivel nacional en las elecciones al Congreso de los Diputados.

Dejando al margen las cuestiones referentes al sistema electoral en sentido estricto, la propuesta incluye novedades como el endurecimiento del régimen de incompatibilidades para los diputados autonómicos, el establecimiento del voto electrónico para los electores residentes en el extranjero, la posibilidad de votar anticipadamente o la obligatoriedad de que los medios de comunicación de titularidad pública organicen al menos dos debates durante la campaña electoral. En suma, más allá de la mejora y profundización democrática que pueden traer estas reformas, no debe descuidarse el papel que pueden jugar las arenas autonómicas como laboratorio de perfeccionamiento institucional, con vistas a una eventual reforma de mayor envergadura en el Régimen Electoral General.

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