Tras el Brexit… ¿Y la europea?

“The referendum on June 23 can potentially mark one of the most radical losses in the value of a particular nationality in recent history”

                                         D. Kochenov

Resulta curioso que un estatus tan importante como la ciudadanía europea sólo haya adquirido notoriedad en nuestro país gracias a un traspié de Mariano Rajoy en una entrevista radiofónica. El hecho de que el propio presidente del gobierno de un Estado miembro de la Unión no sepa qué significa este concepto es bastante sintomático de la poca relevancia que, desafortunadamente, se ha concedido a este asunto. España no es una excepción. La campaña del referéndum británico ha estado impregnada de conceptos como “inmigración”, “burocracia de Bruselas”, “déficit democrático”, pero poco se ha informado de la “ciudadanía europea”, o mejor aún, de los derechos que ésta confiere.

Sin prácticamente darnos cuenta de ello, los británicos, los españoles y todo aquel nacional de un Estado miembro de la Unión somos ciudadanos europeos desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, en 1993. No significa que antes de esta fecha el ordenamiento comunitario no nos otorgara ningún derecho – véase la libre circulación de trabajadores – sino que, a partir de ese momento, se desligó (nunca del todo) del ámbito puramente económico para emerger un concepto político del que emanan ciertos derechos. Alerta para eurófobos: no hay nada que temer respecto a la nacionalidad de cada país. Ésta no se pierde por ostentar la ciudadanía europea. Al contrario, ambos estatus son complementarios y conviven indisolublemente unidos en una misma población. Es más, la nacionalidad de un Estado miembro es la llave de entrada para la ciudadanía de la Unión. Sin aquélla, es imposible tener ésta.

Y así llegamos a la clave del asunto. Cuando el Reino Unido deje de pertenecer a la UE, sus nacionales dejarán de ser ciudadanos europeos. Tan sencillo como eso. Mientras tanto, hasta que la salida del “club” comunitario se materialice, los británicos (y sus familiares directos) seguirán disfrutando de su derecho a residir en otro país de la Unión sin más formalidad que poseer un pasaporte o un documento nacional de identidad – si no son trabajadores, a partir de los tres meses, deben demostrar tener recursos económicos suficientes y un seguro médico -. Incluso pueden acceder a determinadas prestaciones sociales en otros países sin ser discriminados frente a los nacionales. Como es bien sabido, este hecho ha sido agitado por los partidarios del Leave como una amenaza, sin tener en cuenta que, en virtud de esos mismos derechos, los jubilados ingleses pueden residir en la costa mediterránea y acceder a la sanidad pública española, por ejemplo. No olvidemos tampoco los derechos políticos que confiere la ciudadanía europea, como el derecho a votar y a ser elegido en las elecciones al Parlamento Europeo y en los comicios municipales del lugar en el que se resida. Es decir, un ciudadano inglés puede presentarse a las elecciones del ayuntamiento de una localidad española, exactamente igual que un vecino autóctono.

Es pacífico que los británicos dejarán de ser ciudadanos europeos. La cuestión problemática es qué sucederá con los derechos que han ido adquiriendo en virtud de aquel estatus. El artículo 50 del Tratado de la Unión, tan llevado y tan traído estos días, proporciona la base jurídica para la salida voluntaria de un Estado miembro pero no aporta ninguna respuesta a este interrogante. Ni en la doctrina académica ni en el seno de las instituciones europeas hay unanimidad al respecto. Aquellos que afirman que los británicos mantendrían los “derechos adquiridos” apoyan su argumentación en el Derecho Internacional, concretamente en el artículo 70 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados que establece: “la terminación de un tratado (…) no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes de su terminación”. Por el contrario, Jean Claude Piris, ex director general del servicio jurídico del Consejo de la UE, sostiene en un informe sobre los aspectos jurídicos de la salida de Reino Unido, que no cree que estos “derechos adquiridos” puedan mantenerse una vez se haya perdido la ciudadanía europea, ya que conduciría a “consecuencias absurdas”. El profesor de Derecho Europeo Steve Peers propone una solución intermedia: todos los nacionales de Reino Unido que residieran en otro Estado de la Unión así como los ciudadanos europeos que vivieran en Reino Unido el mismo día del referéndum deberían mantener los derechos adquiridos hasta entonces. A partir de ese hito temporal, la situación cambiaría para los que ejercieran la libre circulación desde el 23 de junio, lo que no sabemos es hacia qué estatus ni con qué derechos.

Esta incógnita se añade a las muchas otras sobre la relación entre la UE y el Reino Unido post-Brexit. La respuesta sólo podrá darla el “acuerdo de retirada” que firmen los 27 Estados miembros con aquel Estado. Este pacto se configurará como la clave de bóveda de la interacción política, económica y jurídica entre ambas orillas del Canal de la Mancha. En este escenario de incertidumbre hasta que las negociaciones fructifiquen en un acuerdo – el reloj comenzará a correr cuando David Cameron notifique la salida voluntaria al Consejo Europeo – no faltan soluciones imaginativas. The Independent publicaba un artículo donde explicaba a los británicos distintas opciones para mantener con seguridad los derechos de la ciudadanía europea tras el Brexit. Entre ellas, figuraba la de casarse con un ciudadano de la Unión, pagar dos millones de libras para conseguir la ciudadanía chipriota o revisar el árbol genealógico ya que en caso de tener un abuelo irlandés se puede optar fácilmente a esta nacionalidad.

Lo triste es que ni esos medios de comunicación ni buena parte de la clase política británica no hayan puesto más énfasis en explicar a sus compatriotas los derechos de los que ya gozaban por el mero hecho de ser ciudadanos europeos. Nigel Farage decía tras conocer el resultado del referéndum que se trataba de una victoria para la “gente real”. Desconocemos a qué se refiere con esa expresión. Quizás considera que los burócratas de Bruselas y los extranjeros son una especie de extraterrestres. O más bien, se trata de la distinción propia del nacionalismo más recalcitrante entre “nosotros” y “los otros”. En esa falsa dicotomía no gana nadie, perdemos todos.

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2 Comentarios

  1. Vidal
    Vidal 07-09-2016

    Certera descripción de la nueva situación que se presenta en Europa. Si tan pronto surgen las bajas algo no se hizo bien.

  2. Daniel Oliva
    Daniel Oliva 07-14-2016

    Excelente aportación al análisis del Brexit y sus posibles consecuencias Enhorabuena a la autora.

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