Otro “toque” de la justicia europea por nuestro trabajo precario

Estos días podíamos encontrar en prensa un titular que nos advertía de una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que venía poner patas arriba otra recóndita parcela de nuestra maltrecha regulación laboral y de protección social. Lo cierto es que nos vamos acostumbrando a que una vez tras otra, “desde Europa”, nos digan que nuestra regulación en materia de contratación temporal o trabajo a tiempo parcial, frecuentemente ligadas al empleo precario, no cumple con los estándares mínimos de la Unión.

Tal fue el caso de la polémica en torno a si los trabajadores interinos han de percibir una indemnización al fin de su contrato comparable a la de los trabajadores indefinidos (conocido como el caso de Diego Porras y que, como no podía ser de otra forma, fue analizado en Agenda Pública). Asunto, por cierto, aun no cerrado, a la espera de que el Alto Tribunal de la Unión nos dé la respuesta definitiva acerca de cómo hemos de interpretar aquella resolución. También tuvo mucho eco, en el ámbito de la protección social, aquel caso en el que Luxemburgo tuvo que recordarnos que nuestras reglas relativas a la jubilación, aplicadas a los trabajadores a tiempo parcial, implicaban que la trabajadora demandante tuviera que trabajar 100 años para poder acceder a su pensión (éste es el Caso Elbal Moreno y, como sé que le va a costar creerme, le dejo aquí el resumen oficial), lo que nos obligó, lógicamente, a reformar nuestra Ley General de la Seguridad Social.

Si repasamos los casos del Tribunal de Justicia de la Unión sobre trabajo precario o, más correctamente, sobre trabajo temporal y trabajo a tiempo parcial, nos encontraremos muchos apellidos italianos, griegos y españoles, teniendo en particular nuestro país un lugar destacado. Esta sucesión de sentencias, paradójicamente, no nos han causado el más mínimo rubor, ni nos han llevado a mejorar nuestros estándares regulatorios (salvo cuando ya no ha quedado más remedio). No es que no supiéramos que había cosas en nuestra regulación que eran poco correctas, sino que, como se ha dicho, simplemente preferimos mirar hacia otro lado, pues la explosión generada ahora venía de tiempo atrás.

El asunto que nos traemos ahora entre manos es otro de esos clásicos de la protección social sobre el que, desde hace décadas, se viene diciendo que habría que ponerle solución, hasta que ha tenido que ser Europa quien nos fuerce a ello. El supuesto de hecho es muy sencillo. Hay dos formas de trabajo a tiempo parcial. Imagine que una trabajadora está contratada a media jornada, lo que significa que trabajará el 50% de la jornada de un trabajador a tiempo completo. De una parte, podrá trabajar la mitad de la jornada cada día, pero, de otra, también podrá trabajar la mitad de días a la semana o al mes. Al primer caso lo llamamos tiempo parcial horizontal, mientras que al segundo lo denominamos tiempo parcial vertical. En ambos casos, la jornada, el número de horas a la semana, será idéntica, el 50% de la jornada de un trabajador a tiempo completo. Lo que varía es simplemente la forma en que son trabajadas.

Si esa trabajadora queda en desempleo va a recibir una prestación de una cuantía menor a la de un trabajador a tiempo completo porque el salario que ha venido percibiendo, que sirve para determinar el paro, es también menor. El problema se plantea en la duración de la prestación. Nuestra legislación dice que por cada día trabajado, con independencia del número de horas que se trabajen, se tendrá en cuenta para determinar la duración de la prestación. Esto lleva aparejado que, a pesar de que en ambos casos el número de horas trabajadas es exactamente el mismo, la duración de la prestación por desempleo va a ser menor en el caso del trabajo a tiempo parcial vertical (la trabajadora que trabajaba sólo unos días a la semana) que en el horizontal (la trabajadora que trabajaba sólo unas horas cada día). En este segundo caso, se da el mismo tratamiento que a un trabajador a tiempo completo, siendo el elemento que les diferencia la cuantía de la prestación. En el primero, sin embargo, no solamente ésta es inferior, sino también la duración. De ahí que diga la sentencia que las trabajadoras a tiempo parcial están “doblemente penalizadas”.

Pero aquí no acaba la historia pues lo que nos puede parecer simplemente injusto se convierte en discriminatorio. Resulta que, si analizamos los datos, en torno al 70% de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres. De esta forma, quienes se ven fundamentalmente afectadas son las trabajadoras, lo que le permite al tribunal sostener que la norma es discriminatoria. Aunque aparentemente la norma se aplica a cualquier trabajador, sea hombre o mujer, en la práctica afecta de forma más intensa a estas y, por ello, es discriminatoria desde la perspectiva de género.

Sea como fuere, lo verdaderamente importante del caso es que pone al descubierto un problema, el del distinto tratamiento de los trabajadores a tiempo parcial vertical y los trabajadores a tiempo parcial horizontal y a jornada completa, que había sido reiteradamente destacado desde hace años, sin que hasta ahora se hubiera atajado el problema. Ahora, nos veremos obligados a ello. Quizá podría aprovecharse la ocasión para revisar la regulación laboral y de protección social de estos trabajadores (y de los temporales) antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión nos vuelva a dar otro “toque”.

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