¿Tiene España un plan para la integración laboral de los refugiados y solicitantes de asilo?

Al comparar España con otros países europeos se observa que el número de solicitudes de asilo es mucho menor. En el período 2014-15 nuestro país recibió un total de 20.110 nuevas solicitudes de asilo según datos de Eurostat. Esta cifra equivale a las recibidas por Suecia en sólo dos meses durante ese mismo período, y representa únicamente el 1,14% de las que recibieron los 28 países de la Unión Europea en su conjunto. Además, y a pesar de lo que establece la regulación de Dublín, la mayoría de los solicitantes conciben España más como un país de tránsito hacia el norte de Europa que como un lugar donde establecerse. Esta realidad responde básicamente a dos aspectos entrelazados: las características adversas del mercado laboral español, y la falta de un modelo de integración socio laboral a largo plazo. Como el primero es bien conocido, me concentraré principalmente en el segundo.

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La principal preocupación de los gobiernos europeos, aparte de su interés por el control de sus respectivas fronteras, es asegurar la participación y consolidación a largo plazo de los solicitantes de asilo y refugiados en el mercado laboral. La integración laboral es sin lugar a dudas una de las piedras angulares del proceso de integración social en el país de acogida. Sin embargo, los refugiados y solicitantes de asilo se encuentran con múltiples barreras que impiden que esa integración se lleve a cabo con éxito.

Uno de los principales obstáculos es el acceso legal al mercado de trabajo. España es uno de los países europeos en el que el proceso de solicitud de asilo es más intrincado. La tramitación de solicitudes es ineficiente y genera retrasos en el proceso de decisión, con miles de solicitudes apilándose en la Oficina de Atención al Refugiado (OAR). Un proceso que debería durar seis meses puede llegar al año y medio, comportando la extensión del período de la tarjeta roja ––la acreditación temporal que se otorga a los solicitantes de asilo para que puedan empezar a buscar trabajo una vez se cumplen seis meses de la admisión a trámite de su solicitud. Esta extensión tiene efectos negativos sobre la demanda y la oferta de empleo. Por un lado, los empresarios se ven más legitimados para ofrecer contratos temporales hasta que no haya una resolución en firme, y por otro, los solicitantes de asilo pierden poder de negociación, así como la opción de acreditar o mejorar sus estudios mediante becas, por ejemplo. 

Para que la integración sea efectiva hace falta un modelo a largo plazo. En España, la falta de regulación para la implementación de la ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (Ley 12/2009), pendiente desde hace seis años, es el mayor impedimento legal para la integración socioeconómica de los refugiados y solicitantes de asilo. A falta de modelo, el sistema nacional de integración se financia básicamente a través de la aprobación de Real Decretos (véase p.ej. el RD 816/2015), respondiendo más al perfil de proveedor de servicios sujetos a criterios económicos circunstanciales que a un sistema articulado. Su escasa flexibilidad, con planes anuales de financiación, genera además desajustes entre necesidades y recursos. El sistema se concibió para un número reducido de personas y, por el momento, funciona bajo el supuesto de que el volumen de solicitudes se reducirá de nuevo en un futuro próximo.

Por otra parte, el reconocimiento de credenciales educativas y competencias profesionales es clave para la integración laboral. Si bien es cierto que desde los años noventa España se ha movido hacia el modelo de evaluación por competencias, el mercado laboral español es todavía credencialista, y el proceso de reconocimiento de calificaciones y competencias profesionales es opaco y fatigoso. Además de los problemas de falta de documentación debido a las condiciones extremas que el proceso de asilo comporta, se deben añadir costes temporales y económicos. El reconocimiento formal de calificaciones o convalidaciones académicas, en caso que se resuelva favorablemente, puede durar entre dos y cuatro años dependiendo de las particularidades de cada caso.

La integración laboral se materializa a nivel local, sin embargo en España el sistema está excesivamente centralizado. Hay poca sinergia entre la administración central y la regional/local, a pesar de que las comunidades autónomas tienen competencias en ámbitos que afectan directamente la integración laboral de los refugiados y solicitantes de asilo. Las disfunciones a nivel estatal generan además costes a las autoridades locales. A esto hay que sumarle la falta coordinación horizontal entre ministerios en la administración central, como por ejemplo la escasa cooperación entre los Ministerios de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) y Educación, Cultura y Deporte (MECD) en lo que respecta al reconocimiento de títulos educativos.

No hay que olvidar que la disponibilidad de datos es clave. Para propiciar políticas de integración laboral adecuadas es necesario saber a qué perfiles hay que dar respuesta, y si la implementación de esas políticas está teniendo el efecto esperado en diferentes fases del proceso de integración. En España no disponemos de datos desagregados con información sociodemográfica y laboral de los solicitantes de asilo y refugiados. Esto contribuye a la invisibilidad del colectivo, a la vez que imposibilita la evaluación del impacto de las políticas de integración laboral a corto y largo plazo.

Respondiendo a la pregunta que encabeza este artículo, podemos afirmar que España no está preparada para integrar a refugiados y solicitantes de asilo en el mercado laboral. Muchas de las cuestiones aquí tratadas se abordan, en el marco del proyecto REFMISMES, en un informe comparativo europeo titulado Mapping Labour Market Integration Support Measures for Asylum-Seekers and Refugees: Policies and Practices in EU Member States (más información en http://migrationpolicycentre.eu).

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