Tiempo de balance

Ahora que parece se acerca el tiempo de hacer balance, podemos identificar los problemas del fracaso de la investidura en clave histórica y moderar las culpas atribuidas a las normas constitucionales. Que no digo que dificulten o ayuden con el resultado, sino que por definición son neutrales y su concepción se basó en razones que igual hoy no tienen sentido; pero que en su momento añadían un plus a los procesos de gobernabilidad. ¿Por qué este inicio? Pues, porque ya tardaba en aparecer ese sector diríamos en “marianés” que señala a la regla del fuera de juego como la causa de la pérdida del partido. Algo razonaba en este sentido Joan Vintró el lunes 25 en sus Enseñanzas holandesas, cuando veía en la rigidez temporal del art. 99 de la Constitución parte del problema de la investidura. Y, a distinto nivel, hoy, Ignacio Torreblanca, en El País, responsabilizaba en su artículo de opinión Chatarra constitucional directamente a la moción de censura como causante de la espantada final de Podemos.

Desde el principio se ha repetido que en esta ocasión la aritmética no servía para formar gobierno, lo que es una verdad sólo a medias, pues desde 1993 esa ha sido la pauta, con la excepción del segundo Gobierno de Aznar y del Gobierno Rajoy. Es más, matemáticamente existían diversas combinaciones que permitían la formación de gobiernos de diferente factura. Por lo tanto, como en el viejo chiste, el miedo no es a las balas, sino a la velocidad con la que vienen. Es decir, la mezcla de polarización y estrategia nos conducen al fracaso.

Con respecto al tiempo como un aliado en el proceso de negociación, la Constitución no establece plazos para la convocatoria de las consultas regías, ni para la propuesta de candidatos. A lo que se añade el hecho de que el Reglamento del Congreso, a diferencia de algunos autonómicos, no dispone plazo a la convocatoria de la sesión de investidura. Por lo tanto, la negociación, si existía interés en negociar, podría alargarse en el tiempo sin que irrumpieran los plazos del art. 99 de la Constitución. Si así hubiera sido, el debate se hubiese trasladado casi con seguridad a lo perjudicial que resultaba para la gobernabilidad del país y para las instituciones el mantener tanto tiempo abierto ese proceso, sin un límite temporal que obliguase a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo.

Por otro lado, la Constitución exige investir a un presidente en los 2 meses siguientes a la primera votación de investidura fracasada, no que una vez investido todo se detenga, incluida la negociación. Cierto que la investidura se entiende como un todo en el que se escoge Presidente y programa de gobierno. La calidad y la extensión del programa puede variar y la negociación posterior permitiría actualizar el programa de gobierno tanto por decisiones de un ejecutivo de coalición o no, como, lo que iba ser más importante en esta Legislatura fracasada, a través del necesario acuerdo parlamentario. Porque en esta Legislatura íbamos a ver en acción ese parlamentarismo que explicamos a nuestros alumnos bajo la etiqueta de “clásico” o de predominio del Legislativo.

Pero aquí, según Torreblanca, es donde ha entrado en juego la rigidez del art. 113 y el miedo a que si se inviste un presidente con apoyo minoritario no se le pueda desalojar si no se concita una mayoría absoluta y se escoge un candidato a la Presidencia del Gobierno. La investidura concede al Presidente la llave en bastantes asuntos, especialmente en aquellas decisiones constitucionales que puede tomar sin necesidad del Consejo de Ministros y en la capacidad de decidir cuándo se disuelven las Cámaras y se convocan nuevas elecciones. Pero, la capacidad de un Presidente investido con un apoyo tan minoritario dependerían de los elementos fijados para la gestión política en el pacto de gobierno; mientras que su responsabilidad y continuidad además se vincularían a otra serie de factores. Ciertamente, una moción de censura constructiva con problemas de diseño no se convierte en la vía más adecuada para ese objetivo. Pero, en un régimen parlamentario sano la continuidad del gobierno y su responsabilidad política no dependen sólo de ese instrumento. Por ejemplo, tanto Calvo Sotelo, como Felipe González supieron en su día que un rechazo del proyecto de ley de presupuestos suponía el fin de sus gobiernos o de la legislatura.

Por lo tanto, si comienza el reparto de responsabilidades en el fracaso que conduce a nuevas elecciones, frente a la asignación acrítica de responsabilidades a reglas constitucionales habría que poner el foco en el tactismo y en la inexperiencia de las fuerzas políticas con problemas para comprender una nueva realidad,. Separado de esto, ya tendremos tiempo de volver a reflexionar sobre las líneas de la reforma constitucional, sobre cómo los partidos continúan soñando con gobiernos de mayoría absoluta o sobre cómo resulta nefasto acercarse al examen de un sistema parlamentario con prejuicios o anhelos presidencialistas.

Autoría

1 Comentario

  1. Raquel Rico
    Raquel Rico 04-30-2016

    Con quien màs sabe se aprende, entre otras cosas, a ver màs allà de las apariencias. Nos esperan tiempos complicados. Habrà que estar atentos

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