Televisiones públicas, muy poco británico todo

La gobernanza de los medios de comunicación públicos es una de las asignaturas pendientes de la democracia española. Desde el final del franquismo –cuando RTVE era una dirección general del Ministerio de Información y Turismo– hasta el decreto del Consejo de Ministros del viernes pasado hemos vivido una serie de movimientos pendulares. Junto a etapas brillantes de distinto signo político –Fernando Castedo o Eugenio Nasarre con la UCD, Pilar Miró o Luis Fernández con el PSOE, e incluso Mónica Ridruejo con el PP–, hemos sufrido bochornosas etapas de puro sectarismo –Carlos Robles con UCD, José María Calviño con el PSOE o ahora José Antonio Sánchez con el PP–; mandatos de uno y otro signo cuyo resultado no coincide necesariamente con una constante en el sistema de elección de los órganos de gobierno. Castedo o Miró lo fueron por decreto y Sánchez con una mayoría parlamentaria amplia.

Este debate siempre nace y muere en lo que podríamos denominar el mito de la BBC. El Congreso de los Diputados, el ‘Parlament de Catalunya’ o las ‘Corts’ valencianas han intentado replicar el modelo británico, pero siempre lo han pervertido porque les falla la mayor: la cultura democrática que no se adquiere en 40 años de constitucionalismo, sino en siglos de práctica social. Es ciertamente recomendable la lectura de la Royal Charter of the BBC. El esquema es muy sencillo: la radiotelevisión pública se creó por voluntad de la Jefatura del Estado en 1926, cuando autorizó la creación de un impuesto –en este caso, sobre la tenencia de receptores de televisión– del cual cada 10 años debe fijarse la cuantía y el destino que la corporación pública debe darle en forma de prioridades que fija el Parlamento en una especie de mandato marco. Esa autonomía financiera es lo que permite a la BBC autoorganizarse bajo la supervisión de la Cámara de los Comunes.

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Esta forma de gobierno exige una gran exquisitez en las formas de todos los implicados. La corporación debe gestionarse con la mirada puesta en los ciudadanos que pagan el impuesto, responsabilizándose ante ellos, y los representantes parlamentarios se limitan a concretar ese mandato en forma de acuerdo por 10 años, un periodo alejado de los ciclos electorales. Siempre me gusta explicar que ese modelo de gestión es posible en un país de larga tradición democrática donde, por ejemplo, uno puede encontrarse con una casera cuando va a estudiar inglés que le prohíbe ducharse cada día porque el pueblo en el que vive decidió combatir la sequía limitando el uso de agua en ese menester y no en el riego de los jardines. “Voté en contra, pero no me gustaría que mis vecinos pensaran que no respeto la decisión de la mayoría”, fue su sentencia. Imaginen cualquiera de ustedes qué pasaría entre nosotros en una situación análoga.

Hace poco más de una década, en el bienio 2004-2006, vivimos el intento más serio de trasladar a España el modelo de la BBC. Se legisló en ese sentido paralelamente en Cataluña –durante el primer tripartito– y en el Congreso de los Diputados –en la primera legislatura de Zapatero– y se crearon dos leyes que emulaban, con matices, el sistema británico de elección de los órganos de gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y de la flamante Corporación de RTVE. El precio que se pagó para ponerlas en marcha fue engrandecer los consejos para lograr de esa manera las mayorías parlamentarias cualificadas para elegir a sus miembros, que nunca dejaron de ser concebidos por los partidos como meras cuotas de representación que administran al ritmo de la dinámica política general y electoral sin respetar el principio de autonomía. Las leyes podían ser iguales que las de la BBC, pero ni España ni Cataluña eran Gran Bretaña y, principalmente, el régimen económico de ambas corporaciones no tenía nada que ver con el de la radiotelevisión pública de Su Majestad. La prueba más fehaciente de la falta de convicción en el modelo la tuvimos cuando el Gobierno de Zapatero, sólo tres años después de reformar RTVE, alteró con una segunda ley su régimen económico, prohibiendo la emisión de publicidad –una exigencia de las televisiones privadas– y dejándola de nuevo en manos de los favores del Gobierno a través de la subvención y de un precario sistema de impuestos a los operadores de telecomunicaciones.

El fracaso del modelo de 2006 y la crisis económica de 2010 permitieron que tanto Convergència i Unió como el PP, cuando regresaron al Gobierno, lo tuvieran fácil para forzar la contrarreforma con idénticas medidas: reducción de los miembros de los consejos –que habían exigido para sumarse al consenso anterior– y eliminación de las mayorías cualificadas para su elección parlamentaria. Dijeron, y en parte no les faltó razón, que las transformaciones de la CCMA y de RTVE habían sido puramente cosméticas. Y en buena parte fue así: el centro-derecha nunca se la creyó y el centro-izquierda siempre la vivió como un movimiento lampedusiano; entre otras cosas porque los colectivos internos que exigen las reformas –como ahora hacen los ‘viernes negros’– tienen también una confluencia de razones profesionales e ideología política, absolutamente respetable pero muy poco británica.

Para los profanos en el Derecho Administrativo, el decreto del viernes pasado es ciertamente paradójico porque es el Gobierno quien fuerza al Parlamento a tomar una serie de decisiones. La base legal es la urgencia motivada por la imposibilidad, de acuerdo con otro decreto ley del PP de 2102, de prolongar el mandato del actual presidente de la Corporación. La intención del Gobierno Sánchez es forzar con ello la activación de la reforma aprobada por la oposición durante el último mandato de Mariano Rajoy y que PP y Ciudadanos pretendían subvertir de nuevo para asegurarse una reproducción de los pesos parlamentarios de unos y de otros. La solución pasará posiblemente por una ampliación, de nuevo, del Consejo para albergar a los representantes de las minorías parlamentarias. Una alternativa que, curiosamente, igual ayuda de rebote a aclarar también la situación de la CCMA en Cataluña, gobernada por una ley ‘ómnibus’ pactada por Artur Mas con el PP, y donde son los socialistas los que se podrían beneficiar del mejor trato a las minorías en este caso a costa de Ciudadanos, primer partido del Parlament al que algunas mentes iluminadas del independentismo quieren dejar fuera de los órganos de gobierno de la radiotelevisión pública catalana.

Todo, como vemos, muy poco británico. Las exposiciones de motivos de todas estas leyes se llenan la boca de conceptos altisonantes como ‘pluralismo’, ‘independencia’ o ‘transparencia’ donde solo hay cuotas, reducción de la pluralidad al partidismo y precariedad económica de las corporaciones públicas para asegurarse el cordón umbilical con los gobiernos, tengan la mayoría que tengan, más o menos amplia.

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