Sobre mundo local y acogida de personas refugiadas: una asignatura pendiente para la UE

De la crisis humanitaria que vivimos en las fronteras de la Unión Europea se pueden sacar pocas consideraciones en positivo. Pero si alguna hay, es la consciencia de muchas ciudades europeas que tienen un papel que jugar en la acogida e integración de las personas refugiadas.

Es cierto que, al margen de algunos países como Alemania, Suecia o Noruega (por cierto, de los más generosos históricamente en la acogida de personas refugiadas), el papel de las ciudades en las políticas de gestión de asilo es prácticamente nulo. Se trata de una competencia nacional que a los Estados miembros de la UE les cuesta ceder tanto por arriba como por abajo. Por eso, a pesar de las frases lapidarias que oímos estos días sobre ‘las culpas y responsabilidades’ de la Unión Europea, no sobra recordar que son los Estados miembros quienes tienen la palabra final en la toma de decisiones que afecten a cuestiones de inmigración y asilo.

Por la misma razón, muchos Estados no han planeado las políticas de asilo en colaboración con otras administraciones subestatales, aun cuando muchos indican que, para ser eficiente y exitosa, la integración de las personas refugiadas debe empezar en el minuto cero. Es decir, debe ser preparada y prevista a través de acciones y programas establecidos para ayudar a personas que llegan en situaciones de extrema vulnerabilidad (física y mental) pero que habitualmente quieren normalizar su vida e incorporarse a la realidad de su nueva sociedad de acogida (aun cuando lo sea de modo temporal) con premura. Porque quieren que sus hijos e hijas recuperen el tiempo perdido y se escolaricen lo antes posible; porque quieren trabajar (y su contribución no es menor) y empezar a acumular recursos para un proyecto migratorio que empezaron –y eso también debe recordarse– de manera imprevista y, en la mayoría de casos, indeseada.

Ahora bien, cada vez son más las voces que reconocen la importancia de las ciudades en la atención y acogida de las personas refugiadas, entre otras cosas por su experiencia en relación a la acogida de población inmigrante, que han afrontado, en muchos casos, sin recursos añadidos Como dijo la Comisaria Cretu para Política Regional en su encuentro con distintas ciudades europeas en abril de 2016, las migraciones son un fenómeno urbano, y son las ciudades quienes están en primera línea para responder a los retos de educación, vivienda y empleo.

Es cierto que, por su casuística, la población refugiada requiere –sobre todo al principio– de una atención mucho más especializada que una persona que ha empezado voluntariamente su proyecto migratorio. Fortalecer con recursos a los ayuntamientos, proveedores naturales de estos servicios, para que atiendan a un número mayor de personas parece una opción más eficiente y eficaz que crear sistemas paralelos. Esto no lo han entendido aún la mayoría de gobiernos europeos, y tiene un coste enorme en los miles de personas que esperan y desesperan para ser reasentados en los países de la Unión Europea (unos 160.000 de los que están ya en los hotspots), en las personas que alcanzan los países europeos y solicitan asilo por otras vías y, aunque no se diga lo suficiente, en la cohesión futura de las ciudades europeas. Crear ciudadanos de segunda categoría, ghettos o espacios de exclusión es una de las grandes preocupaciones de los que gestionan políticas públicas a largo plazo, y no a golpe de noticiario. Tal vez los gobiernos estatales no lo tengan aún claro, pero las ciudades claramente han asumido que pueden, y quieren, jugar un papel clave para garantizar la paz social en sus territorios.

Pero, qué es lo que han dicho y hecho hasta ahora las ciudades europeas? ¿Se trata de propuestas realistas que efectivamente mejorarán la calidad de vida de las personas refugiadas? Pues depende.

En primer lugar, las ciudades han dicho mucho en el escenario público y mediático, pero no queda tan claro si han usado todos los mecanismos a su disposición para presionar en parlamentos y gobiernos para cambios legislativos que les permitan afrontar mejor su rol necesario en la acogida e integración de los refugiados. Está claro que no le sirvió a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, enviar una carta al presidente español Mariano Rajoy, pero tampoco consta que la modificación de la ley de asilo sea una prioridad de los principales partidos que concurren (de nuevo) a las elecciones al Congreso español. De igual modo, la socialista Anne Hidalgo propone crear un campo de refugiados en Paris dado que entiende que el gobierno de su propio partido no ha hecho ‘suficiente’ en este tema, pero su respuesta local no parece suficiente. Estas acciones son un ejemplo de la voz que las ciudades quieren tener en el tema, aun cuando se pueda discrepar de las propuestas. Porque las voces que se oyen en algunas ciudades de intentar traer a refugiados sin el consentimiento de los estados preocupa (por la debilidad jurídica en las que se quedan estas personas) y porque la propuesta de Hidalgo, por ejemplo, de crear un campo de refugiados en medio de Paris no parece la más acertada. A pesar de tratarse de una medida coyuntural que puede permitir mejorar las condiciones de vida de algunas personas que solicitan asilo, parece más un parche voluntarioso que puede derivar en una cronificación de su situación de vulnerabilidad y es poco efectiva para una plena integración.

Las ciudades deben ir más allá de proclamar su disponibilidad a la acogida y deben intervenir en el debate público sobre cómo pueden ejercer mejor su papel en el sistema, y que debe modificarse en el mismo. No parece que los ayuntamientos que han liderado este tema en nuestro país hayan incorporado al debate público propuestas de reforma de la Ley de asilo, que ningún partido aborda como prioridad.

En cambio, al hablar de recursos, las ciudades han hecho mucho. La mayoría de ayuntamientos han ido elaborando una guía de servicios para poner a disposición de las personas refugiadas. En España, muchas lo han hecho ahora por primera vez, aun cuando la mayoría de refugiados que residen en el país no han llegado por el sistema de reubicación (aún no llegan a los 1.000), sino por las fronteras terrestres, especialmente de Ceuta y Melilla (que merecen un post aparte). Lo ha hecho Madrid y Barcelona, pero también Bilbao, Zaragoza y centenares de ciudades pequeñas y medianas. En general, este refuerzo de los servicios públicos lo han hecho muchas ciudades europeas, con un equilibrio complicado en época de crisis. En Helsinki, por ejemplo, la ciudad ha destinado 10 millones de euros de su presupuesto municipal a contratar nuevo personal para gestionar centros de recepción y ayudas de emergencia. Finlandia recibió 8 millones de la UE para atender a los reasentados, de cuyo total la ciudad no ha recibido (directamente) nada. Es necesario, pues, reconocer que, sin competencia legal para atender a las personas refugiadas, las ciudades lo han hecho y lo continuarán haciendo. Y que los fondos estatales (como ya sucede en Alemania y Países Bajos) y de la Unión Europea deberían reconocerlo.

También han fortalecido la cooperación descentralizada, entre ciudades concienciadas y preocupadas con ciudades de países de acogida de refugiados (sean europeas o de la región de Oriente Medio). Proveer recursos, experiencias y solidaridad con ciudades que deben gestionar un gran volumen de personas refugiadas (por ejemplo, las ciudades libanesas, el país con una mayor tasa de refugiados per cápita del mundo) es una contribución real que mejora las condiciones de vida de las personas refugiadas. Lo han hecho Barcelona y otros municipios catalanes a través del Fons Català de Cooperació, pero también Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) con la creación de la plataforma Nicosia para apoyar a las ciudades libias. Y lo han hecho muchas otras apoyando a ACNUR y distintas ONGs que ya trabajan en el terreno.

Finalmente, las ciudades han hecho algo más importante: han puesto sobre la mesa la cuestión del refugio, la protección internacional y los derechos humanos. Y sobre el valor de las sociedad diversas, que se enriquecen con las contribuciones de todos y todas. Han recogido las voces de la ciudadanía europea que consideran que el proyecto europeo se sustenta, en buena parte, en los valores compartidos que se recogen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ante la concatenación de crisis que afectan al proyecto europeo, la ciudadanía europea es el valor más sólido sobre el que se puede avanzar para una más y mejor Europa. Y en eso, las ciudades tienen mucho que decir.

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