Sobre los incentivos a la contratación indefinida de Rajoy

Estamos ya inmersos en plena campaña electoral. Hace tan sólo unos días, los cuatro principales partidos según las encuestas se sumergían en la contienda. Tres de ellos, debatiendo entre sí. El cuarto, concediendo una entrevista en una televisión privada. Al margen de las múltiples propuestas que se han dado y se darán a conocer, quisiera detenerme hoy en una de las anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la mencionada entrevista, y que parece va a ser la medida estrella en materia de empleo del PP para esta campaña.

Dijo el candidato del Partido Popular: «me voy a gastar todo el dinero que pueda gastarme en el objetivo de ir contra el desempleo». Para tal objetivo, propuso ampliar el actual paquete de incentivos a la contratación indefinida conocido como “tarifa plana” de dos a cuatro años: “Cuando alguien contrataba a una persona fija, los dos primeros años no se pagaba cuota a la Seguridad Social por los primeros 500 euros. Ahora lo vamos a convertir en cuatro años, de suerte que quien contrate a alguien con carácter indefinido, los cuatro primeros años por los primeros 500 euros no va a contribuir. Y tampoco el contratado”, ha dicho Rajoy. Asimismo señaló que esta ampliación afectará a la transformación de los contratos temporales en indefinidos, con el objetivo “de crear más empleo y que sea de calidad, fijo e indefinido”. Según Rajoy, ésta es una medida de gran importancia, pues “va a suponer un cambio de cultura muy grande”.

El primer paso para valorar la propuesta, quizá sea comenzar por esta última afirmación. Lo cierto es que la política de incentivos a la contratación tiene una larga tradición en nuestro país, que arranca en la década de los 80 y que alcanza su máximo apogeo a partir del año 2006. De acuerdo con los datos de la OCDE, es nuestra principal política activa de empleo (en azul en el gráfico), aquella en la que invertimos más dinero. Por consiguiente, el cambio de cultura quizá más bien vendría dada más bien por todo lo contrario, por reducir el gasto en incentivos y dedicarlo a otro tipo de políticas de empleo. ¿Habría motivos para ello?

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Lo cierto es que sí y el partido actualmente en el Gobierno lo sabe. Tanto la evidencia empírica internacional, como la nacional, ha demostrado que los incentivos a la contratación nos sirven para crear empleo sino que, todo lo más, sirven para canalizar el empleo que se iba a crear de todas formas hacia determinados colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo. La causa es que este tipo de política de empleo adolece de lo que técnicamente se denomina “peso muerto”, esto es, subvenciona puestos de trabajo que el empresario está dispuesto a crear, aun en ausencia del incentivo. De ahí que lo eficiente sea circunscribirlos a tales colectivos lo más posible, en vez de generalizarlos.

Como señalaba, el resultado de estos estudios, no sólo se ha comprobado en otros ordenamientos jurídicos, sino también en el nuestro. De hecho, en el año 2010 representantes del equipo de economistas dirigido por el tristemente desaparecido Luis Toharia comparecieron en el Congreso para explicar los resultados de sus investigaciones. Y lo cierto es que los grupos políticos hicieron caso de las recomendaciones de los expertos. Así, la reforma laboral de 2010 procedió, según explicaba su exposición de motivos, a mejorar «la política de bonificaciones a la contratación indefinida, partiendo del consenso general (que ha tenido reflejo en las recientes conclusiones de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados sobre esta materia) de que su práctica generalización ha limitado gravemente su eficiencia.»

Posteriormente, ya con el Gobierno del Partido Popular, el “cambio de cultura” en materia de incentivos continuó. Así, el Real Decreto-Ley 20/2012 procedió, siguiendo las recomendaciones del Consejo Europeo, a hacer “tabula rasa” en materia de incentivos a la contratación, que entonces se consideraron como «gastos superfluos», que producían «los efectos más débiles sobre los agentes económicos» (véase también la exposición de motivos de la norma, que es muy ilustrativa).

Sin embargo, poco duró el “cambio de cultura”, pues posteriormente el actual Gobierno se ha embarcado en un sinfín de programas y “tarifas planas”, que nos han devuelto a la senda los incentivos generalizados. Y es que es más fácil crear un incentivo, sólo hace falta el BOE, que mejorar los servicios de empleo, formar y contratar a personal o evaluar los programas ya en marcha. Con esta propuesta parece que el Partido Popular, desoyendo el «consenso general», continuará, de ganar las elecciones, con la política tradicional en nuestro país: despilfarrar el dinero público en una medida que se ha mostrado ineficaz para crear empleo. Es más, debemos recordar que, en este caso, no encontramos ante una reducción, que es un tipo de incentivo que implica que el dinero dedicado a él se detrae (porque no se ingresa) de las ya maltrechas arcas de la Seguridad Social. Algo que resulta total incomprensible cuando se han justificado los recortes en materia de pensiones y desempleo, precisamente, por la “insostenibilidad del sistema”.

Por todo ello, y como todavía estamos en precampaña, quizá sería deseable que el candidato reconsiderara su postura y dedicara el dinero público  que propone gastar en incentivos, a otro tipo de políticas de empleo más eficientes, como son las formativas. El resto de candidatos pueden tomar nota… de lo que no deben proponer.

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