Sobre el inexistente derecho a no ser ofendido

En tiempos recientes estamos asistiendo, tanto en nuestro país como globalmente, a una reapertura especialmente intensa de los debates acerca de los límites de la libertad de expresión. Este debate pone particularmente en crisis la concepción moderna de los derechos humanos, posterior a la Segunda Guerra Mundial e iniciada particularmente con la proclamación de la Declaración Universal de 1948, la cual establece precisamente el carácter universal de éstos y la necesaria protección de un mínimo común e irrenunciable por parte de cualquier Estado. Creencias, dogmas, valores, tradiciones, criterios sociales y culturales acerca de lo que puede ser dicho y escuchado en el seno de una determinada comunidad, y lo que por el contrario resultaría inaceptable, vienen siendo acuñados y formalmente protegidos por muchos Estados, dando como resultado el debilitamiento de esa noción transversal de la libertad de expresión y el consiguiente reforzamiento de regulaciones y límites a escala local, impregnadas de un claro comunitarismo.

De modo particular, y el debate acerca de los contenidos de Charlie Hebdo antes, y sobre todo después, de los atentados de París a principios de 2015, o la siempre fértil para muchos controversia acerca de las caricaturas del profeta Mahoma, marcan particulares puntos de inflexión, parece instalarse en la mentalidad de muchos gobiernos y legisladores la idea de que una de las funciones de los poderes públicos es evitar que determinados ciudadanos o grupos sociales puedan sentirse ofendidos. O dicho de otro modo, que a todos nos corresponde el derecho a obtener protección legal frente a contenidos que nos provoquen una especial incomodidad o alteren los cimientos de nuestras más profundas convicciones, creencias o afinidades (especialmente si éstas son de carácter religioso). La cuestión es pues si realmente tenemos este supuesto derecho a no ser ofendidos.

Este debate no se circunscribe sin embargo a cuestiones de carácter místico o metafísico. Banderas, himnos y otros símbolos nacionales tienden también a contar con muchos partidarios de su protección frente a cualquier forma de cuestionamiento, crítica, desprecio o ridiculización. Hemos asistido en España a debates (y pleitos judiciales) a costa de silbidos, quemas de retratos, enarbolado de banderas incómodas y otras formas de protesta o expresión de discursos más o menos extremistas y más o menos minoritarios. Y hemos podido comprobar cómo el ordenamiento y los poderes públicos muestran celo en proteger banderas y símbolos nacionales y regionales, impiden bajo la siempre incuestionable excusa de la lucha contra el terrorismo la expresión de simpatías y afinidades que irían mucho más allá de la incitación y la provocación al delito propiamente dicha, e incluso siguen tutelando religiosamente, según hemos podido comprobar recientemente, a quienes puedan eventualmente verse ofendidos en sus creencias.

En una democracia plural y abierta el reconocimiento de la libertad de expresión supone albergar y proteger cualquier idea, opinión o pensamiento, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, siempre y cuando esa expresión se lleve a cabo por medios no violentos y no suponga una incitación al odio o la hostilidad con relación a determinadas personas o grupos. Eso no lo deducimos solamente del artículo 20 de nuestra Constitución, sino también de los instrumentos internacionales a los que España se encuentra sujeta (la ya referida Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950 serían los más importantes). Todo ello significa que, ciertamente, toda persona o grupo se encuentra protegida frente a expresiones que puedan situarla en el punto de mira de acciones violentas, hostiles o cualquier otra forma de acoso real, pero al mismo tiempo el derecho y los poderes públicos no son responsables ni pueden limitar aquellas expresiones que nos desagraden, aunque sea profunda y visceralmente, o creamos inaceptables desde el punto de vista de nuestro acervo de valores, creencias y principios.

En el terreno internacional la delicada cuestión de la “difamación de las religiones” fue sabiamente apartada y descartada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, particularmente a través de su conocida Resolución 16/18 de 2011, centrándose los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha contra las diversas formas de incitación al odio y a la violencia contra determinados grupos especialmente vulnerables. El llamado proceso de Estambul y el Plan de Acción de Rabat (promovido por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas) reflejan claramente esta reorientación del debate, el cual ciertamente sigue provocando recelos en muchos países confesionales. Y no sólo eso: en diversas democracias occidentales la blasfemia sigue instalada en las correspondientes leyes y códigos penales, aunque muchos Estados lo legitimen con la débil excusa de su actual desuso (e incluso otros como el español acudan a dicho tipo penal sin ningún cargo de conciencia …).

Limitar los discursos real o potencialmente ofensivos es equivalente a impedir la libre y abierta discusión y cuestionamiento del mundo, real o metafísico, que nos rodea. Lo cual, entre otras cosas, creo que puede afirmarse que es un elemento inherente a la propia condición humana. Dicho cuestionamiento no sólo puede afectar a las creencias y dogmas legítima y devotamente suscritos por algunos, sino también a los propios cimientos de nuestro sistema jurídico, político, económico, social… Como dijo, al otro lado del Atlántico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, quemar la bandera no deja de ser una forma de ejercer los derechos y valores que ésta representa.

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