Sin impuestos no hay paraíso

No hay más que examinar los datos macroeconómicos de los países de la Unión Europea y sus perspectivas demográficas (envejecimiento acelerado) para darnos cuenta inmediatamente de que el déficit público seguirá siendo crónico, y cada vez mayor, en el siglo XXI.

Hace unos días lo analizaba lúcidamente Martin Wolff respecto al Reino Unido en el Financial Times (“It is time for Britain to talk about rising taxes”, 2017.5.19). Su tesis central es aplicable perfectamente a los países de la OCDE, entre ellos España. En los próximos años, la demanda de servicios de salud y asistencia social y de gastos en pensiones subirá inexorablemente. Y lo hará por encima del crecimiento del PIB. El déficit está servido.

Al Estado únicamente le quedan dos salidas: o crecimiento de la deuda pública (en nuestro país está ya por encima del 100% del PIB, cuando antes de la crisis estaba por debajo del 40%); o aumento de la presión fiscal.

A mi juicio, la opción de seguir engordando la deuda no es admisible ni sostenible. La británica Office for Budget Responsibility calculó en Enero una proyección de la deuda pública nacional neta a cincuenta años: subirá desde el 87% del PIB actual hasta el 234% (!).

Para volver al ortodoxo 40% del PIB de deuda pública, el Reino Unido y los demás países miembros de la Unión Europea tendrán que subir los impuestos sustancialmente cada año o cortar drásticamente el gasto público, es decir, el Estado de Bienestar.

El crecimiento de la presión fiscal en las primeras décadas de este siglo ha de apoyarse en tres tipos de medidas.

La primera, en el ámbito de la legalidad, es, sencillamente, un aumento de los impuestos directos en los tramos de las mayores fortunas o de las grandes corporaciones, y un descenso de la presión fiscal a las rentas más bajas, así como de los impuestos indirectos, que son los menos progresivos.

Lo que está sucediendo es precisamente lo contrario. Hay una carrera suicida de los gobiernos europeos, encabezada por el Reino Unido e Irlanda, para bajar el impuesto de sociedades y así atraer los capitales de las mayores compañías transnacionales. Irlanda tiene un 12,5% como tipo máximo y el Reino Unido irá por el mismo camino si ganan los conservadores las elecciones de junio (le servirá de maestro Trump, que pretende el disparate de bajar su impuesto de sociedades del 35% al 15% en el tipo máximo).

Es muy difícil evitar esa dinámica en la Unión Europea si ésta continúa siendo incapaz de armonizar la política tributaria y la mantiene vinculada a la soberanía nacional. Una Unión Económica no lo es en la práctica si no tiene una Unión Fiscal.

Toda política de orientación progresista debe ir hacia un aumento de la presión fiscal como la forma de preservar el ya deteriorado Estado de Bienestar. No haberse dado cuenta de ello –absorbida por las exigencias electoralistas más inminentes y miopes- es una de las razones que explican el deterioro político de la socialdemocracia europea, empezando por el propio Partido Socialista Obrero Español.

En el lado opuesto de la decadencia tributaria –en la orilla de la ilegalidad- está la evasión fiscal. La gran evasión de impuestos, tan grande que constituye una verdadera “industria”, se calcula en el 10% de la riqueza financiera mundial. Nada menos. Tiene tres actores fundamentales que perpetran uno de los delitos más graves contra la humanidad: los capitalistas evasores; quienes les asesoran técnicamente, o sea, los sofisticados despachos de abogados que saben cómo evitar el pago de los impuestos debidos (Mossak Fonseca por ejemplo); y los refugios imprescindibles para mantener el dinero evadido lejos de los ojos de las Haciendas Públicas: los llamados Paraísos Fiscales. Sin ellos, sin Estados –a veces diminutos- que se convierten en el asilo de los evasores o blanqueadores de dinero sucio, la evasión fiscal a gran escala, a escala industrial, sería imposible.

Algunos paraísos fiscales son islas del Caribe del área de la Commonwealth, otros son Estados respetables, como Estados Unidos (o Estados dentro de él, Delaware, Wyoming, Nevada, Dakota del Sur, etc.). Los hay para todos los gustos. En ellos los evasores encontrarán una jurisdicción que no pregunta de dónde viene el dinero del no residente, quién está detrás de la sociedad opaca que se registra, ni demandará pago alguno por ese dinero fugitivo en concepto de impuesto.

Asombrosamente, no existe una “lista negra” de los paraísos fiscales, ni sanciones para ellos, ni prohibición de transacciones de bancos o entidades financieras con ellos. Y quienes hacen esas transacciones pueden, a la vez, contratar con las Administraciones públicas sin ningún problema.

La Comisión Europea va a publicar tal “lista negra” antes de terminar este año 2017. No confío en que sea suficientemente importante, pero hay que esperar a que se publique para juzgarla, y ver qué sanciones se aplicarán a dichos paraísos.

Por el momento hay que fomentar la transparencia y la colaboración entre Estados. En la Unión Europea ha desaparecido ya afortunadamente  el secreto bancario (lo que demuestra que con voluntad política todo se puede), y se transmiten a Estados Unidos los datos de los no residentes americanos con cuentas en bancos europeos. Sin embargo, Estados Unidos no colabora con la Unión ni con la OCDE en la lucha por la transparencia. Con Donald Trump no se esperan mejoras, porque todo depende de que la Unión Europea muestre la unidad y determinación ante el socio atlántico que hasta hoy ha brillado por su ausencia.

Esa voluntad política es la que hay que aplicar  a la tercera dimensión del problema tributario en el mundo occidental: la elusión fiscal, que está a mitad de camino entre la legalidad y el crimen organizado.

La elusión fiscal es la que realizan las corporaciones multinacionales (Apple, Google, Amazon, Facebook, …) trasladando sus beneficios de país a país, de subsidiaria a subsidiaria, para pagar los impuestos más bajos posibles. Aprovechan que cada Estado aplica un tipo de impuesto de sociedades diferente, y que alguno de ellos (Holanda, Luxemburgo, …) aprueban acuerdos con grandes corporaciones para que éstas paguen impuestos muy reducidos (tax rulings) y así atraerlas a su jurisdicción fiscal. Todo legal.

La Comisión Europea ha reaccionado imponiendo una multa a Apple de 13.000 millones de dólares por competencia desleal en sus acuerdos fiscales con Irlanda. Es un buen camino. Pero la ingeniería fiscal de las multinacionales no se ha terminado porque, por el momento, a pesar de los esfuerzos de la OCDE –positivos- esa ingeniería es legal.

Las tres dimensiones de pérdida estructural de ingresos tributarios que he descrito (los bajos tipos en los impuestos directos; la evasión fiscal y la elusión fiscal) deben ser afrontadas, porque está en juego la supervivencia y progreso de nuestros sistemas de bienestar. En el centro de todo ello está el invento diabólico sin cuya desaparición cualquier política social no podrá progresar, ni tampoco sobrevivirán los partidos políticos que dicen pertenecer a la familia del socialismo, la socialdemocracia, la izquierda. Ese invento se llama Paraísos Fiscales. Que siguen ahí, después de los escándalos de los Papeles de Panamá, el  Football Leaks o el Luxleaks. No basta con explicar su existencia. Hay que adoptar decisiones políticas –de nivel nacional y supranacional- para destruirlos. Porque sin impuestos no hay paraíso.

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