Sanidad universal: del dicho al hecho hay un trecho

De acuerdo con lo prometido, una de las primeras medidas del Gobierno del PSOE ha sido la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018 para recuperar el acceso universal a la sanidad. Este decreto-ley, aprobado en el Congreso con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción del voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, establece el derecho a la atención sanitaria de todas las personas residentes en España, independientemente de su nacionalidad y de su estatus administrativo. La medida aspira a restituir un modelo de sanidad universalista que entiende la salud como un derecho fundamental de toda persona vinculado a la residencia.

El nuevo decreto-ley se fundamenta en principios éticos y políticos básicos de la Constitución Española, así como en diversos convenios internacionales suscritos por España. En su introducción argumenta que “con esta norma, se hace efectivo el cumplimiento de (…) los principios de igualdad, solidaridad y justicia social, valores irrenunciables para todo Estado social y democrático de derecho que, como España, aspira a garantizar el bienestar de todas las personas desde un enfoque integrador”.

A primera vista, el Gobierno socialista ha dado un golpe radical de timón, truncando la deriva del PP hacia un sistema de aseguramiento sanitario. No obstante, como comentaristas críticos han notado acertadamente, esta medida dista mucho de ser un regreso a la situación (y a la política) previa a 2012. Para hacernos una idea más clara del alcance y calado de la contrarreforma sanitaria del PSOE, es preciso comparar palabras y hechos. Si bien PP y PSOE han abordado la batalla en términos altamente ideológicos, con visiones opuestas de modelo sanitario (y derecho a la salud), la realidad muestra que todo el proceso de reforma y contrarreforma viene a reforzar la tesis de Pierson sobre el declive de la política partidista. La brecha entre los discursos de populares  y socialistas en el periodo 2012-2018, y las iniciativas desarrolladas por los ejecutivos liderados por cada uno de estos partidos, sugieren una influencia cada vez menor del color político sobre las políticas relativas al Estado de Bienestar.

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

El PP lanzó su reforma sanitaria en 2012 arropándose en la necesidad de medidas de austeridad ante la crisis, y tramitándola sin debate aduciendo carácter de urgencia. La presentación del problema y justificación de la reforma se basaba en razones económicas, y argumentaba su necesidad para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública. Planteando un cambio radical de filosofía del sistema sanitario, introducía las figuras del ‘asegurado’ y del ‘beneficiario’, esgrimiendo que la sanidad es para quien la cotiza. Se trataba de acabar con una regulación que toleraba el fraude con el dinero de todos, frente a la cual se introducían medidas para frenar los abusos del turismo sanitario. Se alegaba que esto, junto con otras medidas como la introducción del copago farmacéutico para los pensionistas, redundaría en un abaratamiento de los costes del sistema. A lo largo de estos seis años, el PP ha defendido a capa y espada que su reforma ha salvado el Sistema Nacional de Salud.

El PSOE, por su parte, defendió desde el principio un discurso de derechos, reclamando la derogación del RD 16/2012. Los planteamientos socialistas se centraban en la defensa del modelo sanitario universalista, en virtud de argumentos éticos/humanitarios y de salud pública, y consistente con los antecedentes normativos. Desde la bancada de la oposición, se presentaba a sí mismo como el garante de los derechos sociales y del Estado de bienestar, amenazado por los recortes salvajes del PP. Entre 2012 y 2018, prometió reiteradamente blindar la financiación de la sanidad pública, gratuita y universal, lo que permitiría “que aquellos inmigrantes en situación irregular puedan ser atendidos en nuestro sistema público de sanidad“.

A lo largo del proceso de reforma y contrarreforma los discursos de ambos partidos, si bien a grandes rasgos constantes, se han ido matizando para intentar reducir la disonancia con las medidas adoptadas. En 2012, el PP utilizó la crisis económica como excusa. Sin embargo, este recurso fácil de evitación de la culpa no coló ante una población ya de por si indignada por otros recortes abordados en ese mismo periodo. La contundente respuesta de protesta social y de gobiernos subnacionales fue generalizada, creando un frente común de actores diversos en favor de la sanidad universal. Ante esto, el PP comenzó a reajustar su posición, y en 2015 el ministro de Sanidad Alfonso Alonso anunció su intención de devolver la atención primaria a los indocumentados, si bien esta promesa nunca llegó a plasmarse en medidas concretas. A nivel discursivo, la estrategia del Gobierno del PP consistió en reformular la definición del problema y negar las consecuencias negativas de la reforma. Así, se desmentía que se estuviera “dejando fuera del sistema a cualquier residente de España, españoles o extranjeros“, lo que equivalía a afirmar que en la práctica el acceso a la atención sanitaria seguía siendo universal.

En este proceso, las posiciones ideológicas (y luchas) de los partidos políticos parecen haber desempeñado tan sólo un papel secundario. En cambio, las inercias institucionales han sido determinantes para impulsar el proceso de contrarreforma sanitaria y recuperación del universalismo. En particular, dos actores contrarrestaron en la práctica la ejecución del RD 16/2012: una mayoría de profesionales sanitarios objetores de conciencia y de comunidades autónomas rebeldes (incluidas algunas gobernadas por el PP), que buscaron distintos resquicios legales para continuar garantizando el derecho a la sanidad a toda la población.

También el discurso del PSOE fue introduciendo algunos elementos de pragmatismo, particularmente a medida que se percibía que sus probabilidades de volver a gobernar aumentaban y que había que preparar a su electorado ante posibles compromisos con otros partidos. Aun así, la brecha entre las intenciones iniciales y las medidas adoptadas es notable, particularmente en lo que se refiere al principio de igualdad. Si bien en 2012 el PSOE criticaba el RD 16/2012 porque abría la posibilidad de modos diferenciados de seguros sanitarios para grupos distintos, el RD 7/2018 perpetúa las desigualdades en el acceso. La nueva ley no establece la titularidad única del derecho, sino que distingue, como el real decreto del PP, entre españoles y extranjeros con permiso de residencia, por una parte, y personas sin permiso de residencia, por otra. Si bien a éstas últimas se les reconoce el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, para hacerlo efectivo deben cumplir una serie de requisitos: acreditar que no tienen prestaciones exportables, ni existe un tercero obligado del pago, y que tienen la obligación de demostrar que no tienen cobertura en otro país. Asimismo, se mantiene el papel del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en el reconocimiento del derecho para las categorías más vulnerables, entre las que se incluyen no sólo los extranjeros sin permiso de residencia, sino los españoles emigrados desempleados y en situaciones precarias. Esto implica el riesgo de que el INSS persista en la interpretación restrictiva de la ley que ha desarrollado en estos años.

Además, el nuevo decreto-ley apuntala la discrecionalidad de las comunidades autónomas, dejando en sus manos la gestión del acceso de sin papeles a la sanidad. Si bien la mayoría de ellas han mostrado actitudes más garantistas que la ley sobre el papel (RD 16/2012), nada asegura que en el futuro vayan a seguir siendo así. Por otro lado, la existencia de barreras administrativas ha mostrado ser un obstáculo poderoso para el acceso de facto a la atención sanitaria, como también lo es la ambigüedad normativa, que deja a muchos funcionarios perplejos y sin saber a quién obedecer. Esto explica que, incluso en comunidades autónomas pro-sanidad universal, se han registrado en estos años innumerables casos de denegación de atención y de facturación irregular de servicios. 

Probablemente, los esfuerzos del Gobierno del PSOE por generar una reforma legislativa con una amplia base social y política han aumentado el impacto de negociaciones y compromisos en el resultado final. La incorporación de una variedad de agentes sociales en la definición del nuevo marco legal parece haber obligado a matizar ciertos aspectos, produciendo una noción restrictiva de universalidad (como señala acertadamente el movimiento yo SÍ salud universal).

Blindar la universalidad requiere no dejar resquicio a interpretaciones excluyentes de la ley, ni entorpecer a las personas en situaciones más vulnerables el ejercicio efectivo de sus derechos mediante requisitos administrativos crecientes. Una ley que apuntala la discrecionalidad, creando el riesgo de que se perpetúe el escenario actual de disparidad territorial y situaciones de exclusión sistemáticas, no blinda de modo efectivo el derecho a la sanidad pública, gratuita y de calidad para todos los residentes en España.

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.