Salir de las trincheras del contrato único

Desde que se formuló hace ya casi diez años, la propuesta del contrato único ha generado enconados debates. Sus promotores, economistas académicos, han seguido puliendo sus contornos y tratando de evaluar sus posibles resultados, pero hasta ahora con insuficiente apoyo político y de los agentes sociales. Sin embargo hay algunos síntomas de que la deliberación pública sobre los problemas del mercado de trabajo español podría desbordar las posiciones férreas a favor y en contra del contrato único. En su proposición de Ley para luchar contra la precariedad laboral registrada en el congreso este martes y presentada en un acto el pasado sábado, Ciudadanos ha incluido algo que sigue llamando contrato único, pero que en realidad es la supresión de los contratos temporales. ¿Aplaudirán los sindicatos y los partidos de izquierda?

Hay varias razones que urgen a dar un giro constructivo y pragmático a los debates sobre el mercado de trabajo. La primera es el elevado consenso sobre las deficiencias estructurales del marco institucional español y sus consecuencias negativas para la eficiencia y la equidad. El diferencial persistente en las tasas de paro y de temporalidad respecto a la media de la UE, que se observa en el gráfico de abajo, es un signo inequívoco del coste de no hacer nada y mantener el statu quo. Observen que el diferencial de temporalidad, tras un descenso notable desde la crisis, está volviendo a ensancharse. Esta anomalía se manifiesta también en términos macroeconómicos con una sensibilidad de la tasa de paro al PIB que, según la estimación de Ball, Leigh y Loungani (2017), es la más alta de los países desarrollados.

La segunda es que, al contrario de lo que pueda parecer a primera vista, hay bastantes coincidencias en el diagnóstico de los males y en los objetivos que debería perseguir un cambio con vocación estructural. La tercera es que no es previsible que ningún partido esté en condiciones de aprobar en el Congreso su modelo de reforma en un horizonte próximo.

Ciudadanos propone suprimir los contratos temporales a excepción de los de sustitución y formación. Y sustituirlos por el contrato indefinido actual, que tiene una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades para  el despido procedente y de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades para el despido improcedente. En principio parece que seguirían existiendo también otras figuras contractuales como los contratos a tiempo parcial (indefinidos) o los contratos fijos discontinuos (para las actividades estacionales). El objetivo fundamental es acabar con la segmentación de los puestos de trabajo a tiempo completo entre aquellos que nacen con duración determinada y aquellos cuya duración es indeterminada, fuente de la marcada dualidad de nuestro modelo laboral.

Esta fórmula se aparta bastante de la versión más evolucionada del contrato único. Entre sus rasgos básicos falta la indemnización creciente con la antigüedad en la empresa, que figuraba (sin escalas concretas) en el programa electoral de Ciudadanos para las elecciones generales de 2015. La idea era que el contrato empezara con una indemnización de 12 días por año trabajado, como la del contrato temporal actual y fuera creciendo con dos escalas: una para el despido procedente y otra para el despido improcedente, que tendrían un máximo en los niveles aplicables al contrato indefinido actual señalados más arriba. Se pretendía no desincentivar la contratación, consiguiendo un nivel medio agregado de costes de despido similar al vigente.

La nueva propuesta de Ciudadanos elevaría el coste del despido de los puestos de trabajo que las empresas cubren ahora con un contrato temporal desde 12 hasta 20/33 días, un incremento del 66% para los despidos procedentes y del 175% para los despidos improcedentes. Dado que no se prevé un descenso en los costes de despido del resto de contratos, la propuesta también elevaría el coste total de despido del stock de contratos actual (atentos por tanto a la reacción de la patronal).

¿Es tan grave esta variación sobre la fórmula canónica? Probablemente no, sobre todo en una coyuntura de dinamismo de la demanda de trabajo como la actual. Habrá que evaluar en todo caso el impacto sobre el empleo, con atención a actividades que concentran porcentajes elevados de contratación temporal. Lo que es seguro es que la reducción de la temporalidad será mayor si el coste de despedir a un trabajador después de un año aumenta respecto a la situación actual. La empresa internalizará así los costes externos que genera el exceso de rotación en forma de incertidumbre, mayor gasto en prestaciones por desempleo y dificultades en la formación de capital humano.

Dejando a un lado los dardos dialécticos, la lectura de los artículos más recientes de promotores y detractores del contrato único permite apreciar una coincidencia esencial en su diagnóstico: el fraude de ley sistemático en la contratación temporal. Unos dicen, con razón, que poner fin al fraude con los mecanismos de control y sanción actuales ni ha sido posible en los últimos años con gobiernos de distinto signo, ni parece que lo vaya a ser en un futuro cercano. Los otros temen que el contrato único legalice el abuso de la contratación temporal en una suerte de claudicación definitiva frente a la precariedad endémica. La nueva propuesta de Ciudadanos tira por la calle de en medio: si no hay temporales no hay fraude y si se quiere utilizar el indefinido como los antiguos temporales, habrá que pagar bastante más.

En definitiva, ni el contrato único era tan único ni los que denunciaban el abuso de la contratación temporal como principal problema del mercado de trabajo español estaban tan desencaminados. La iniciativa de Ciudadanos es una buena ocasión para reactivar las discusiones con agentes sociales y partidos políticos para llegar a un acuerdo contra la precariedad y por la estabilidad en el empleo.

Volviendo al principio, los partidos de izquierda tienen una oportunidad de dar un paso decisivo para empezar a cambiar un modelo que mantiene a más del 35% de la población activa española alejado del empleo estable y de sus beneficios para proyectar y realizar una vida digna.

El PSOE podría cerrar el círculo contribuyendo a meter de nuevo en la botella al genio de la temporalidad que destapó en 1984 con la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Además, la propuesta de Ciudadanos incluye también la mochila austríaca, nombre con el que se conoce un esquema de financiación continua de las indemnizaciones por despido a través de un fondo personal del trabajador que puede llevarse de una empresa a otra y rescatarlo para la jubilación u otras situaciones de necesidad. Esta innovación, que podría dar más libertad a los trabajadores y más certidumbre a las empresas, se intentó impulsar durante el Gobierno Zapatero, pero las condiciones no eran muy propicias para una transformación que requiere tiempo, apoyo de los agentes sociales y financiación en la etapa de transición.

Para Podemos, implicarse en la supresión de la mayoría de los contratos temporales mostraría que es capaz de pactar para luchar contra un estado de cosas que castiga de manera muy directa a su electorado. Y probaría también que se puede entender con el partido naranja para impulsar cambios de calado, más allá de la Ley Electoral.

La rectificación de Ciudadanos merecería al menos que PSOE y Podemos se sentaran en el Parlamento y se pusieran a trabajar en un texto legislativo que, de consensuarse, podría aprobarse con apoyo de los tres partidos. No borraría de un plumazo la precariedad. Pero lanzaría un mensaje muy potente a las empresas adictas a la rotación de que esta vez va en serio.

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