Robotización, neofeudalismo y renta ciudadana

Vivimos en un mundo de algoritmos que hace posible una convivencia funcional entre humanos y robots. Ello suele ir en detrimento del mantenimiento de empleos de larga trayectoria, los cuales están siendo reemplazados -parcial y progresivamente- por  las máquinas. Aunque hay un creciente número de trabajos compartidos entre artefactos inteligentes y humanos, el proceso de sustitución entre ambos es imparable y creciente. ¿Cuántos tipos de trabajo, puestos laborales y empleos desaparecerán con los robots? El asunto es crucial para el futuro de nuestras democracias, porque están fundamentadas moral y materialmente en el trabajo asalariado.

En 2013, un estudio de Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne examinaba, mediante métodos de investigación innovadores, las características de más de 700 empleos en Estados Unidos que en 2010 eran susceptibles de ser automatizados y robotizados en los próximos decenios. Sus cálculos y estimaciones hablaban de que hasta un 47% de los puestos de trabajo serían potencialmente sustituibles por los robots o las aplicaciones digitales, de inteligencia artificial o de big data. Naturalmente, los empleos que desaparecerían más rápidamente eran los de baja cualificación y salarios reducidos; los más numerosos. Sólo se salvarían, y serían más demandados, aquéllos basados en el pensamiento experto orientado a resolver problemas para los que no hay soluciones regladas o predeterminadas; los menos numerosos.

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Según un estudio de la auditora PriceWaterhouseCoopers de 2017, se estima que en los primeros años de la década de 2030 un 38% de los empleos en EE.UU. estarán en peligro de extinción, porcentaje que será del 35% en Alemania, el 30% en el Reino Unido y el 21% en Japón. El mayor impacto de sustitución laboral se producirá en actividades tales como transporte y almacenamiento (56%), manufactura (46%) y venta al por mayor y al detalle (44%), pero será significativamente menor en sectores como salud, trabajo social o cuidados personales (17%).

Respecto a este último, y en contra de lo que pudiera pensarse, es más que probable que los trabajos serviles de cuidados a los ciudadanos con menor autonomía y mayor dependencia física o mental serán más demandados. En realidad, buena parte de los llamados cuidados informales constituye un nicho laboral de grandes proporciones en países como España que, desde el tránsito al tercer milenio, ha recibido alrededor de cinco millones de inmigrantes, muchos de ellos ocupados en dichas tareas. Esto se relaciona con la gradual desaparición de las ‘supermujeres’, que han estado proveyendo gratis et amore un amplio abanico de servicios y atención personalizada de puertas adentro de sus hogares.

Para los futuros trabajadores, el factor clave en sus expectativas laborales será sus niveles de educación y cualificación. Con la robotización, los potenciales empleados con un nivel básico de instrucción tendrán tres veces más posibilidades de no conseguir trabajo en comparación con aquéllos con un título superior. Además, los más especializados encontrarán nuevos nichos laborales en sectores por desarrollar con las aplicaciones de la inteligencia artificial y la tecnología digital. Sin embargo, y aunque se crearán empleos en estas nuevas actividades, el resultado incontrovertible del futuro es que el número total de empleos asalariados se reducirá, y sus consecuencias en las democracias robotizadas a ambos lados del Atlántico pueden encaminarse en direcciones diversas.

En líneas generales, asistimos a la génesis y progresiva consolidación de un escenario de neofeudalismo en el que unos pocos pudieran controlar los recursos de los nuevos ‘siervos de la gleba’. Entre otros efectos, los usuarios pasarían a depender de los servicios que diseñasen los señores de los robots y de los provistos por sus máquinas inteligentes. Ya John Maynard Keynes aludió al fenómeno neofeudalista, que describía el proceso mediante el cual la distribución de la riqueza produce un mayor abismo entre ricos y pobres y provoca una disparidad extrema entre clase alta/clase baja, empresarios/trabajadores, norte/sur o élite/masa, pongamos por caso. Cabe entender este nuevo feudalismo como un sistema en el que las corporaciones y conglomerados financieros controlan a los individuos, las culturas y los gobiernos, dejando a los pobres y subordinados a merced de sus intereses creados. Otra consideración que se hace respecto al término neofeudalismo indica que las multinacionales se han apropiado de tanto poder de los estados que los empleados han pasado a depender en mayor medida de los intereses corporativos, a menudo más potentes que los gubernamentales.

En lo que hace a nuestros contextos de análisis, los patrones de la desigualdad han seguido rumbos dispares en los últimos decenios. En 1980, EE.UU. y Europa occidental tenían una población y una renta media similar, así como un nivel de desigualdad parejo. Mientras el 1% más rico capturaba el 10% de la renta nacional, el 50% más pobre se hacía con el 20%. Apenas 40 años más tarde, la situación ha cambiado significativamente, mostrando una clara divergencia. Ahora el 1% de super-ricos en Europa se lleva un 12%, mientras en Estados Unidos han duplicado su participación hasta el 20%. El 50% más pobre en el Viejo Continente ha visto aumentar, levemente, su parte de la renta nacional, hasta el 22%, pero en EE.UU. se ha reducido a la mitad, es decir, hasta un 10%. Las cifras apuntan, además, a una peculiar configuración de la estratificación social.

Se está produciendo, por tanto, la re-emergencia de una nueva sociedad estratificada en la que los rangos sociales se confieren por adscripción, básicamente por las condiciones de los ciudadanos al nacer y sus trayectorias profesionales. El demógrafo Joel Kotkin (2014) llama la atención sobre la evolución hacia este nuevo tipo de feudalismo en California -con una población de 38 millones de habitantes-, un estado que había sido el modelo de sociedad mesocrática con una amplísima clase media. Kotkin distingue ahora cuatro clases diferenciadas: (1) la oligarquía de los super-ricos, especialmente en las finanzas y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC); (2) la élite intelectual (clerisy), formada por los académicos, los profesionales mediáticos o los decisores públicos; (3) la clase media (yeomanry), de profesionales y pequeños propietarios; y (4) los siervos, representados por los trabajadores pobres y los dependientes de subsidios y ayudas gubernamentales. Kotkin cree que la clase media ya ha sido destripada y que California ha entrado una era neofeudal donde los oligarcas y las élites intelectuales han ganado mayor poder y los siervos se han multiplicado por doquier.

En el caso de la UE y su modelo social, cobra mayor plausibilidad la implantación de una renta ciudadana. Ésta se relaciona con la pertenencia de los individuos a una politeya -estado o conjunto de estados- y al derecho a percibir un ingreso modesto pero suficiente para cubrir las necesidades vitales. Se garantizaría, de tal manera, el derecho a la ciudadanía social. La puesta en marcha de un programa de la envergadura de la renta ciudadana está en las antípodas de las prescripciones enunciadas por el neoliberalismo y el individualismo posesivo. Éstos insisten en su cruzada ideológica de los últimos decenios argumentando sobre la necesidad de la progresiva e irreversible demolición del Estado de Bienestar como único medio de asegurar crecimiento y progreso económico. Según esta visión, hay que crecer y crecer para que todos puedan acceder a la  prosperidad individual.

En contra o a favor de un programa de renta básica Elaboración: José Antonio Noguera con datos de la European Social Survey (ESS, 2016, Round 8)

Con la robotización y la desaparición del empleo asalariado en amplios sectores productivos, la renta ciudadana configuraría en Europa un escenario alternativo a las prácticas neofeudales estadounidenses. Para su efectiva implementación, se haría necesaria una activa política redistributiva que posibilitase la transferencia de rentas mediante la disponibilidad de suficientes recursos públicos para su financiación. Pese a la cruzada anti-impositiva atizada por los populismos de última hora, la legitimidad de la ciudadana social se ve reforzada con los últimos datos de apoyo popular a la renta básica y su aplicación en Europa (véase Tabla). Y es que, aun sujeta a una fuerte pugna ideológica, en el Viejo Continente pudiera estar consolidándose la visión de que, sin una mayor contribución de los más ricos, no es posible el bienestar de todos los ciudadanos.

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