Rentas mínimas en España. Esperando a Godot

España no hace los esfuerzos necesarios para reducir la pobreza y la desigualdad. Lo repiten, desde hace años, informes como el que acaba de publicar la Comisión Europea, y que El País ha difundido en este artículo. En uno de los apartados se señala que España, junto con Italia, es el país en el que las prestaciones tienen un menor impacto en la reducción de la desigualdad, los que menos ayudan a los hogares con rentas más bajas.

El sistema de garantía de ingresos, esa compleja red de prestaciones (contributivas y no contributivas), que deberían asegurar un nivel de mínimo de rentas a quienes no pueden obtener ingresos por salario, protege poco –por sus bajas cuantías-, y protege a pocos –debido a sus bajas tasas de cobertura-. Es, además, un galimatías de instrumentos dirigidos a cubrir distintas circunstancias de necesidad, cada una con un diseño y características diferentes.

Sin embargo, no todo el sistema funciona mal. Las pensiones contributivas muestran un impacto muy alto en la reducción de la pobreza, casi la mitad del total de la reducción de pobreza de todas las prestaciones económicas. Le siguen las prestaciones contributivas por desempleo que se encuentran, de hecho, bastante cerca de la media europea, y tienen la virtud de ser una de las prestaciones con mayor impacto en la reducción de la pobreza infantil -y no las prestaciones por hijo a cargo, a las que sólo acceden el 33,6% de los niños y niñas en situación de pobreza en España-.

El último nivel del sistema de garantía de ingresos está formado por algunas prestaciones específicas gestionadas por el gobierno central –como la mencionada prestación por hijo a cargo- y las rentas mínimas, de competencia autonómica, la política social que está más directamente enfocada a la asistencia de las personas en pobreza severa. Son una parte pequeña de todo el sistema -representan sólo un 6% del gasto total- pero juegan un papel fundamental: son el último recurso posible para quienes han agotado todas las prestaciones vinculadas al desempleo. Dado el comportamiento del mercado laboral español en los últimos años, quienes han llegado a esta situación distan de ser una excepción: 770.000 hogares llegaron a estar en esta situación.

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.

En España no existe una renta mínima general no contributiva, como en otros países europeos. La política de rentas mínimas en España son, en realidad, 19 políticas distintas. Cada comunidad las ha ido desarrollando de forma independiente, sin tener un marco compartido ni criterios homogéneos a partir de los cuales desarrollar el nivel de protección deseado. Es un sistema desigual, con algunas comunidades autónomas con altos niveles de protección (como el de País Vasco, Navarra o Asturias) y otros con niveles de protección muy bajos (como Murcia o Andalucía), tal como vemos en el nivel de gasto que cada comunidad autónoma ha destinado en los últimos años, como vemos en el siguiente gráfico:

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Informe de Rentas Mínimas de Inserción, 2015

Las diferencias entre comunidades autónomas son muy importantes en cuanto a requisitos, duración, cuantías mínimas y máximas, tasas de cobertura, gasto, etc. Un sistema heterogéneo con enormes lagunas en su capacidad protectora. Para muestra un botón:

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Informe de Rentas Mínimas de Inserción, 2015.

El sistema de rentas mínimas acusó, desde inicios de la crisis, una enorme presión debido a la demanda creciente de personas que se habían quedado prestaciones y que no conseguían volver a integrarse en el mercado laboral. Y este sistema, precario y desarticulado, fue el que tuvo que responder a las consecuencias de la crisis económica más importante de las últimas décadas.

Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, desde el año 2002 hasta el 2015, el número total de perceptores (titulares y miembros dependientes) ha pasado de 322.319 a 789.672. La evolución del gasto ha ido en consonancia al aumento de la demanda: de 250,7 millones de euros en el año 2002 a 1.359,6 millones de euros en el año 2015. Sin embargo, este importante aumento no ha sido suficiente: el sistema de rentas mínimas no llega ni a la mitad de los hogares sin ingresos, y no ha sido capaz de contener el avance de la pobreza y la exclusión en España, como se observa en el aumento sostenido  de los indicadores de pobreza.

Fuente: Encuesta condiciones de vida. INE.

Hay consenso entre los expertos sobre la necesidad de una reforma del sistema. Desde Europa la presión hacia la mejora de los sistemas de rentas mínimas de los estados miembros ha subido de intensidad. Se ha recogido como derecho en el Pilar Social (art. 14) y en el Parlamento Europeo se ha votado a favor de crear un marco europeo de la renta mínima.

La Comisión Europea incorpora cada año en sus recomendaciones al estado español la necesidad de “Abordar las disparidades y fragmentaciones regionales en los regímenes de garantía de ingresos y mejorar el apoyo familiar, incluido el acceso a los cuidados infantiles de calidad”. Recogiendo el guante, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con apoyo de la Comisión Europea a través de un programa Progress, se ha embarcado los dos últimos años en una revisión exhaustiva de los Sistemas de Ingresos Mínimos de España desde la perspectiva de su efectividad, que acabó en 2017, y cuyos resultados finales deberían cerca de publicarse. 

A raíz de la propuesta de ILP de los sindicatos se ha discutido en el Congreso sobre el estado actual del sistema y sus posibilidades de cambio. Al parecer, –casi  todo mundo está de acuerdo en que es necesario impulsar y mejorar los sistemas de rentas mínimas en España. Cabe preguntarse entonces por qué no estamos presenciando la reforma del sistema en aquellos asuntos en los que hay acuerdo y evidencia que se debe mejorar: adecuación –sus cuantías tienen que ser suficientes para garantizar un nivel de vida digno y evitar la pobreza, especialmente en hogares con hijos/as a cargo, que son las que presentan las mayores brechas-, cobertura –aumentar la proporción de personas en situación de pobreza severa que acceden al sistema  y la armonización del sistema, tanto entre la parte contributiva como no contributiva, como entre las distintas comunidades autónomas, definiendo una renta mínima homogénea y suficiente, sobre la que cada región pueda decidir sus propias mejoras.

Hay consenso, pero no compromiso. Lamentablemente, con el puro consenso no se va a transformar el actual galimatías en un sistema razonable, que haga lo que se supone que debe hacer: proteger adecuadamente a los hogares más pobres y mitigar de las formas más severas de pobreza.

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