Reflexiones sobre la propuesta de Ciudadanos contra la precariedad

Ciudadanos acaba de registrar su propuesta sobre la Ley de Lucha contra la Precariedad Laboral en el Congreso de los Diputados para su debate, desarrollo y eventual aprobación. Este problema es tan actual e importante que merece la pena detenerse en su análisis, destacando sus fortalezas, pero también sus imprecisiones o deficiencias con el fin de abrirlas al debate para su mejora.

Para empezar, es positivo que un partido político exponga con claridad los problemas laborales derivados del abuso de la temporalidad en nuestro país y realice una propuesta concreta para erradicar el problema. Esta afirmación puede parecer trivial, pero muchos de los que llevamos años documentando empíricamente las consecuencias negativas de esta anomalía laboral del abuso de la temporalidad –aumento en la duración del desempleo, retraso de la entrada en la maternidad, aumento del ahorro por precaución, muchos de ellos resumidos aquí– nos hemos encontrado con una enorme desconfianza por parte de la clase política y de los agentes sociales. La mayoría opinaba que era una enfermedad que se curaba con la edad. Se nos ha hecho poco caso a pesar de haber realizado un enorme esfuerzo en proponer reformas que acabaran con la dualidad contractual (aquí), y ha quedado demostrado empíricamente que no, que las consecuencias laborales negativas persisten en el tiempo y, además, que el abuso de la temporalidad afecta no sólo al mercado laboral, sino también a otros ámbitos personales tan importantes como la falta de emancipación laboral y el retraso de la entrada en la maternidad.

Además, la dualidad contractual producto de este abuso de la temporalidad es profundamente injusta con la igualdad de oportunidades, al proteger mucho a un colectivo: los insiders, que tienen un contrato indefinido, frente a los outsiders, con contratos temporales; por cierto, cada vez más precarios. Una descripción estupenda de los males de la dualidad se encuentra aquí y en los enlaces a los que, a su vez, esa entrada invita. Ahí se defendía el contrato único que un colectivo de economistas académicos propusimos en su momento. No es el mismo que el que propone Ciudadanos, pero ambos comparten un elemento fundamental, que es tratar de erradicar la desigualdad de oportunidades que recae sobre colectivos tan importantes y sensibles como los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Por todas estas razones, es importante poner en marcha medidas que terminen con esta injusticia laboral.

En este sentido, una de las medidas que defiende Ciudadanos, la de igualar el coste de despido para trabajadores temporales y aquellos con contrato indefinido, subiendo el de los primeros, es un paso necesario y muy positivo, especialmente ahora que estamos creciendo a una tasa del 3% anual. Además, va en la misma dirección que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de septiembre de 2016.

En los momentos más profundos de la crisis, cuando se destruía mucho empleo, elevar el coste del despido de los temporales podía profundizar todavía más una grieta laboral que no hacía más que crecer. Pero ahora, cuando estamos ya en una fase expansiva del ciclo, ha llegado el momento de igualarlo con el de los trabajadores con contrato indefinido.

Sin embargo, si ésta es una condición necesaria para disminuir la temporalidad, no es suficiente. Es imprescindible –y es algo que no aparece en la propuesta de Ciudadanos– que los contratos indefinidos puedan también gozar también de mucha mayor seguridad jurídica que la actual, principalmente en lo que se refiere a la procedencia/improcedencia del despido por razones objetivas. Mientras la decisión sobre este factor no sea más transparente, inmediatamente verificable y, por tanto, no introduzca incertidumbre, los empresarios seguirán abusando de la temporalidad aunque el coste de despido se iguale, sólo para evitar caer en la judicialización de los despidos. La reforma laboral del 2012 dio un paso adelante en este sentido, pero no ha conseguido la seguridad jurídica necesaria. Una propuesta seria para eliminar la dualidad contractual requiere de una mayor transparencia y verificabilidad en las causas de despido objetivo.

En segundo lugar, la propuesta de Ciudadanos adolece de falta de definición respecto a las condiciones bajo las cuales se puede contratar temporalmente. Si la propuesta aboga por igualar los costes de despido entre ambos tipos de contrato, se puede deducir que la temporalidad debe permitirse en determinadas circunstancias. Y, ciertamente, así debe ser, porque hay trabajos cuya naturaleza es temporal –sustituciones por bajas, sean por enfermedad, maternidad u otros, y quizá otras contingencias susceptibles de discusión. La propuesta, o su desarrollo posterior, debe especificar de modo preciso los casos susceptibles de contratación temporal y un procedimiento fácilmente verificable del cumplimiento de los requisitos, así como penalizar severamente su vulneración.

En tercer lugar, si bien una enorme multiplicidad de contratos genera ineficiencia, quizá la propuesta de un único contrato lo haga por su rigidez. Es verdad que en la actualidad hay un número excesivo, sobre todo de temporales, que además se usan de forma fraudulenta en la mayoría de los casos. Existen, básicamente, los contratos por obra y servicio, por circunstancias de la producción, de interinidad, de relevo, de prácticas y de formación. Alrededor de la mitad del millón y medio de los que se firman al mes en nuestro país (datos de diciembre de 2017) son temporales por circunstancias de la producción. Muchos atienden a picos de actividad, y la mayoría son de muy corta duración (a veces, de horas o días). Hay que abordar una discusión sobre cómo proceder en estos casos, porque posiblemente un contrato indefinido no sea la herramienta contractual adecuada. De hecho, quizá lo óptimo sería acordar cierta flexibilidad horaria entre la empresa y sus trabajadores, sin proceder a una contratación adicional.

Por otra parte, un temporal formativo puede tener sentido para el primer contrato de un trabajador. Se puede plantear el tránsito del sistema educativo al laboral mediante esta modalidad (de seis meses o, como máximo, 12), en el que quede perfectamente reflejada (y exigida) una adecuada combinación entre formación y salario. Permitir este contrato temporal (sólo uno en la vida laboral de cada trabajador) a los entrantes en el mercado, mayormente jóvenes, puede aliviar los problemas de contratación que éstos afrontan por su falta de experiencia; y dada la exigencia formativa y, en consecuencia, la necesidad de inversión de la empresa en el trabajador, la decisión posterior natural debiera ser la reconversión de dicho contrato en uno indefinido.

En consecuencia, en lugar de un único contrato, las figuras contractuales debieran pasar por: (i) el indefinido como fórmula natural (donde entrarían, por supuesto, todos los discontinuos si la actividad lo justifica), (ii) el temporal, circunscrito a su propia naturaleza (básicamente, sustituciones), y (iii) el formativo, para personas sin ninguna experiencia laboral, que sólo podría firmarse una vez, al inicio. Quedaría abierto el debate sobre si los picos de actividad debieran resolverse mediante un contrato específico o mediante medidas de flexibilidad horaria acordadas dentro de la empresa.

En cuarto lugar, el bonus que Ciudadanos propone otorgar a empresas que despidan poco (una etiqueta de buenas prácticas contractuales, que además premia con un descuento en la Seguridad Social) es muy positivo. Los empresarios españoles soportan las cotizaciones más altas de los países de nuestro entorno (aquí) y, sin duda, una disminución de las mismas fomentaría la creación de empleo. Sin embargo, sería bueno articular estos bonos de buenas prácticas no sólo en función de la variable despido, sino también de la de proyección laboral, que permitiera identificar y premiar a aquellas empresas que ofrecen promoción a sus trabajadores. Esto es crucial para erradicar la precariedad laboral de gran parte de ellas.

Por último, la propuesta de incluir una mochila de derechos que cada trabajador vaya acumulando con la antigüedad no está tan ligada como las anteriores al debate sobre la erradicación de la precariedad. Sin embargo, sí debiera ir unida a una discusión sobre la reforma del sistema de pensiones. La mochila permitiría que los trabajadores vayan acumulando unos derechos mientras trabajan de los que pueden hacer uso, aunque no exclusivamente, en el momento de la jubilación. Además, hay aspectos que no están claros: no se especifica la cuantía y no se entiende por qué esta medida permite a la empresa prever mejor sus costes laborales. Habrá que esperar a conocer los detalles.

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.