Reestructuración de la deuda griega: era la política, estúpido

Han hecho falta ocho años, tres gobiernos, un presidente depuesto, tres elecciones, un referéndum y tres rescates –y medio, si tenemos en cuenta las extensiones– para que el Eurogrupo haya acordado las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de la deuda griega. En este período, Grecia ha perdido hasta un 25% de su Producto Interior Bruto (PIB) y hoy está ligeramente por encima del 80% que tenía hace ocho años, cuando se iniciaron los rescates. Su deuda pública, que en 2010 representaba el 140% de su PIB, se colocó en 2017 en el 177%, y el desempleo sigue por encima del 20%, ocho puntos más que cuando empezó todo. La tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se situó en 2016 en el 35%, ocho puntos por encima de la ya elevada cifra de 2010.

Son, ciertamente, cifras muy negativas, más si las ponemos en relación con el paquete de asistencia financiera recibido por Grecia, que ha ascendido, tras diferentes operaciones, a más de 270.000 millones de euros, canalizados por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Fondo Monetario Internacional (FMI). A esta asistencia económica hay que añadir el desgaste político de las instituciones, la fractura de la confianza entre los países del norte y del sur de Europa y la desafección con el proyecto europeo. Aunque el 57% de los griegos afirma que el euro es positivo para su país, el nivel de apoyo se mantiene estable desde 2014 (58%) y representa una pérdida de apoyo de 12 puntos desde 2009, cuando ésta representaba el 69%. El porcentaje de opiniones negativas se ha doblado, pasando del 15% en 2009 al 33% en 2017.

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Grecia, la Comisión, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo llevaban ocho años jugando al gato y al ratón sin querer hacer frente a una realidad que el FMI lleva señalando desde el minuto uno: que cualquier solución sostenible al problema de la deuda de Grecia pasaba por reestructurarla. Esta cuestión se acometió parcialmente en 2012, con el programa de canje acordado con los acreedores privados, pero la medida se mostró claramente insuficiente y en 2016, apenas un año después de la firma del tercer memorándum de entendimiento, el Fondo Monetario Internacional volvió a señalar la necesidad de acometer una reestructuración a largo plazo, incluyendo una moratoria de pago hasta 2040, de manera que el servicio de la deuda pública se situara en niveles nominales aceptables para una economía a la que se le había prescrito un esfuerzo fiscal equivalente a sostener, durante décadas, un más que improbable superávit fiscal primario –sin contar el pago de intereses– de un mínimo del 3,5% del PIB, algo que en la historia reciente sólo ha mantenido Finlandia durante 11 años.

Pero la realidad es tozuda y la aritmética de la deuda se impone: por muchas declaraciones incendiarias del Gobierno griego, por muchas reuniones a altas horas de la madrugada del Eurogrupo, por muchos informes guardados en un cajón por sus conclusiones tóxicas, lo cierto es que cualquier buen estudiante de segundo curso del Grado de Economía sabía que la dinámica de crecimiento de la deuda griega era explosiva si no se reestructuraba su pago. Fuera ya de la atención mediática, con el Gobierno de Syriza transformado en un miembro más de la zona euro –y que ha dejado de ser, por lo tanto, referente para los movimientos izquierdistas de otros países– y rebajando la situación desde el alto voltaje político de julio de 2015 a casi un trámite burocrático en una reunión del Eurogrupo, los estados miembros han terminado por reconocer la perentoria necesidad de la reestructuración.

La gobernanza económica del euro ha cambiado mucho durante estos años: el BCE actuó con prestancia una vez que Draghi asumió el mando, poniendo en marcha el QE (expansión cuantitativa, en sus siglas en inglés). Se constituyó el Mecanismo de Estabilidad como institución permanente, se avanzó en la Unión Bancaria –aunque no todo lo necesario– y se terminaron por flexibilizar de facto las reglas fiscales. Hoy el apoyo de la opinión pública al euro está en máximos de la década y el crecimiento económico, aunque débil, permite a los gobernantes darse un respiro económico para atender a otras prioridades. Prácticamente todos los países que se acogieron a los programas de asistencia financiera han salido de la zona de riesgo. Quedaba, por lo tanto, la espina de Grecia, que seguía clavada en el corazón de la agenda económica.

Es difícil extraer lecciones del caso griego. Ninguna institución ha asumido responsabilidades por las catastróficas consecuencias de los programas de asistencia financiera. Sólo el FMI ha realizado una evaluación independiente completa, con un resultado muy negativo para la actuación tanto del Fondo como del resto de las instituciones. Aunque se han reconocido –muy levemente– algunos errores en la gestión económica de la crisis de la eurozona, las reformas que los estados están poniendo encima de la mesa vuelven a hacer oídos sordos ante las propuestas elaboradas por expertos y estudiosos.

Si queremos encontrar respuesta a por qué, a sabiendas, los miembros del Eurogrupo actuaron de esta manera tan irresponsable con Grecia, no debemos mirar hacia la economía, sino hacia la política, como en tantas otras decisiones que ha tomado la Unión Europea en los últimos 10 años. Qué bueno sería que los líderes, analistas y medios de comunicación que tan entusiásticamente defendieron la posición del Eurogrupo lo reconocieran abiertamente, aunque sólo fuera para que la ciudadanía europea tomara plena consciencia de cuáles han sido los factores que han llevado a esta situación. Por supuesto, no esperemos esa declaración.

 

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