¿Reducir la duración y el coste de la campaña electoral? 

Ante la más que previsible celebración de nuevas elecciones generales el 26 de junio el ministro de Administraciones Publicas Rafael Catalá lanzó hace algunos días la propuesta de reducir la duración de la campaña electoral y de restringir aun más los gastos electorales. La primera cuestión al respecto es si estas propuestas son  factibles. Pero lo que es más importante es si tiene sentido que las plantee quien puede evitar ir a elecciones.

La propuesta de acortar el tiempo de la campaña, más allá del impacto económico que pudiera tener, parte de la asunción de que existe un cierto hartazgo entre la ciudadanía tras las fallidas negociaciones para formar gobierno y argumentaba el ministro que sería una manera de “no dar tanto la lata”. Desde el punto de vista jurídico para reducir la duración de la campaña, actualmente fijado en quince días, en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, sería necesaria la reforma de la propia ley.  Ello requeriría el acuerdo entre los partidos,  una posibilidad bastante remota si tenemos  en cuenta que si vamos a elecciones es precisamente porque los partidos han sido incapaces de llegar a acuerdos y de conformar una mayoría parlamentaria.  Otra cosa sería que los partidos a título individual, decidiesen empezar las campaña más tarde o darla por finalizada antes de lo establecido, como ya sucediera en 2004 tras el atentado yihadista del once de marzo.

Pero en cualquier caso el argumento de reducir la duración de la campaña para no fatigar a los ciudadanos cuando está en manos de los partidos no ir a nuevas elecciones resulta bastante peregrina.  Ya puestos,  y habiéndose dicho todo lo que se tenían que decir durante estos últimos meses en vez de reducir la campaña electoral por qué no plantear un largo periodo de reflexión desde ya mismo, reflexión para los partidos,  claro está,  que son los que van más necesitados después de su fracaso.

La segunda propuesta tiene que ver la reducción de los costes económicos de la campaña, porque efectivamente celebrar elecciones es caro. De hecho es tan caro que han sido precisamente las campañas electorales el principal motivo de endeudamiento de  los partidos y también el origen de algunos casos de su financiación irregular.  No debe extrañar pues que  uno de los primeros aspectos que se reguló fuese precisamente la limitación de los gastos electorales y su fiscalización.

En España  la celebración de unas elecciones generales cuesta a las arcas públicas más de  130 millones de euros según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior respecto a las elecciones del 20N.   De esta cantidad 55 millones se destinan a las administraciones públicas encargadas del proceso, 12 cubren las necesidades de  a logística electoral y la misma cantidad se asigna a la difusión del escrutinio provisional y a telecomunicaciones,  al tiempo que se reservan 1,6 millones para imprevistos.   Los 48 millones restantes se destinan  a Correos y cubren los envíos de propaganda y papeletas de votación,  que son financiación en especie a los partidos políticos,  un gasto que podría verse sustancialmente reducido si los partidos aceptasen un envío único como infructuosamente han propuesto varias formaciones como ERC,  o incluso si se eliminase como ha planteado  UPyD.   

Pero en realidad, la celebración de elecciones cuesta mucho más que el operativo para el día de las elecciones.  A estos 130 millones hay que añadir otras modalidades de financiación a los partidos que son más difíciles de contabilizar, como la financiación en especie que supone la aparición en medios de comunicación de titularidad pública para difundir sus mensajes.  Habitualmente nos referimos a ello como espacios gratuitos de propaganda electoral, pero en realidad solo son gratuitos para los partidos porque a las arcas públicas si les cuesta dinero. Y también hay que sumar la financiación directa por escaño (21. 167, 64 euros) y por voto a las candidaturas que al menos hayan obtenido un escaño (0,81 euros por voto al Congreso y 0,32 euros por voto al Senado),  una cantidad que en su conjunto puede superar los 40 millones de euros,  un dinero que los partidos pueden recibir por anticipado en función de sus últimos resultados electorales.  Por lo pronto, y calculando muy a la baja unas nuevas elecciones supondrían un gasto público directo de 180 millones de euros.  Todo ello sin contar con el dinero procedente de otras fuentes que invertirán los propios partidos políticos. 

Sin duda es mucho el dinero el que cuestan las elecciones, sobretodo en tiempos de ajustes. Pero plantear limitarlo en un contexto de falta de acuerdos,  cuando el gasto total por partido ya está limitado por ley y sujeto al escrutinio del Tribunal de Cuentas que puede multar a los que superen el límite establecido,  no es más que un electoralista  brindis al sol.

Antes que lanzar propuestas para ahorrar costes y para evitar aburrir a los ciudadanos en campaña convendría que los partidos asumiesen sus responsabilidades y formasen gobierno. En sus manos está reducir el coste y la duración de la campaña a cero. Y más teniendo en cuenta que según las encuestas disponibles hasta la fecha se prevén unos resultados bastante parecidos a los actuales. Llegado el caso habrá que ver cómo justifican el gasto inútil de más de 180 millones de euros.  Todavía están a tiempo de evitarlo.

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.