¿Quién quiere un Estado (independiente) si puede tener dos?

Seguro que conocen este chiste que explica el carácter obstinado de los vascos. Pregunta: ¿cómo metería Ud. a 1000 vascos en un coche? Respuesta: diciéndoles que no caben. Imagino que en los debates constituyentes de 1978 más de un jurista se hizo una pregunta similar: ¿cómo meter a todos los vascos en la Constitución? En medio de aquella Transición tan convulsa, el nacionalismo vasco moderado cogió al vuelo la pregunta y lanzó a quien le quiso escuchar su propuesta. “Hay una forma de meter a los vascos en el coche constitucional: solamente hay que abrir la puerta del coche. La puerta de atrás”. Dicho y hecho. El texto constitucional incluyó fuera de su articulado la famosa Disposición Adicional Primera (DAP) que, desde entonces, se ha convertido en la letra pequeña del contrato que une jurídicamente a Euskadi y Navarra con el Estado español. Como es sabido, la DAP ha permitido a estas comunidades dotarse del principal atributo que define a un Estado: la capacidad soberana para recaudar impuestos directos (mediante el Concierto Económico vasco y el Convenio navarro). Obviamente, el Estado español ejerce algunas competencias en estos territorios y asume los costes de dichas competencias, que luego vascos y navarros abonan a través de lo que se llama El Cupo. Un Cupo que hasta ahora ha sido tan generoso en su cálculo y su concepción política que ha permitido a Euskadi y Navarra “tener Dos Estados por el precio de Uno”.

El debate soberanista en Cataluña en la última década ha sobrevolado sin dar respuesta a esta pregunta: ¿tiene alguna relación todo este debate con la DAP y los famosos Cupos? La mayoría de los analistas dice que no. Mi impresión es que sus argumentos son endebles. Cuando se dice que las balanzas fiscales en España son imposibles de calcular porque la economía de sus territorios está muy interrelacionada, olvidan que el Cupo vasco y navarro se parece bastante a una balanza fiscal. Cuando se oyen argumentos en defensa de la viabilidad del Concierto vasco y navarro (porque su población es pequeña) pero su inviabilidad en Cataluña (porque eso desequilibraría el sistema financiero español), muchos arquean las cejas diciendo: ¿desde cuándo la validez legal de algo depende del tamaño?… Da la sensación de que, si no existiera la DAP y todo lo que ha traído consigo, el debate soberanista en Cataluña no tendría sentido dado lo absurdo de los argumentos en liza. Lo absurdo, sin embargo, es que el soberanismo catalán tiene hoy muchos argumentos de peso debido, en buena parte, al extravagante diseño institucional del sistema político español.

Mucha gente está sorprendida porque en el País Vasco el proceso soberanista catalán se esté siguiendo con cautela, en silencio. ¿Eso significa que la cosa no va con ellos? ¿O tal vez significa que va demasiado? Si observamos los datos de la encuesta Euskobarómetro en el gráfico 1, la opción por el derecho a la independencia como alternativa en la forma del Estado español ha caído en Euskadi (especialmente entre los votantes del PNV, pero incluso también entre el electorado de la izquierda abertzale) desde 2005, fecha en la que coinciden (y no por casualidad) el final de la fallida aventura de Ibarretxe, el declinar de ETA y el arranque del debate territorial catalán.

El gráfico 2, que muestra la evolución de los deseos de independencia entre los votantes del PNV, es todavía más revelador: desde 2005 los deseos han decaído casi treinta puntos entre los votantes del principal partido del país (en el resto de los partidos, la variación es casi nula).

¿Cómo interpretar esta caída de entusiasmo hacia la opción independentista en Euskadi? Algunos asumen que los líderes y los votantes del PNV, ahora sí, se han vuelto sensatos, pero no deberíamos descartar una interpretación menos paternalista. Es posible que hayan llegado a la conclusión de que la aventura independentista en Euskadi y Navarra es ahora, simplemente, un mal negocio. Según el discurso oficial del PNV, el lenguaje federalista es “problemático”, la independencia no es buena “si fractura la sociedad” y, además, está por ver si todo esto mejoraría el actual Estatuto de Autonomía (los actuales Dos-Estados-por-el-precio-de-Uno)… salvo, claro está, que todo se altere por el debate soberanista abierto desde Cataluña.

En mi opinión, el desenlace de este entuerto tiene tres posibles escenarios. Un primer escenario consistiría en extender una Disposición Adicional Bis para Cataluña (la opción del SI/NO del referéndum de Mas convertida en la vía Unió de última hora), aun a riesgo de aumentar el grado de desigualdad económica con un 25% de la población española que se financiaría, digamos, soberanamente. Un segundo escenario consistiría en minimizar esta fórmula extraña del “federalismo bilateral” español (de la que la DAP es su máximo exponente) y apostar por un federalismo multilateral bien engrasado, donde la responsabilidad política esté clara en todos los niveles territoriales, aun a riesgo de aumentar el nivel de recelo identitario (¿no había naciones, nacionalidades, regiones de nivel A, B y C?) del sistema político español. Un tercer escenario sería una mezcla de ambos: federalismo multilateral que evite chantajes y opacidades, unido a una Disposición que permita regular bilateralmente (no unilateralmente, claro) el derecho de secesión. Los tres escenarios son muy complejos, sí, pero nadie dijo que fuera fácil meter a todos los españoles en un mismo coche llamado Constitución hace 37 años y, bueno, aquí seguimos.

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