¿Qué puede esperar la UE de Trump?

La Cumbre de la OTAN en Bruselas genera una especial incertidumbre en la UE debido a la postura que el presidente Trump ha venido manifestando desde su campaña electoral hasta la actualidad respecto a la necesidad de que los estados miembros que también forman parte de la OTAN asuman los gastos de su propia seguridad y defensa y cumplan con su compromiso de gasto del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en este campo, a pesar de los sustanciosos avances que la UE ha venido realizando desde 2016 en materia de Política Común de Seguridad y Defensa.

Trump ha criticado reiteradamente a los aliados europeos por depender de Estados Unidos y ha abogado por la necesidad de revisar la contribución financiera de su Administración a la OTAN. El país norteamericano financia el 72% de los costes totales de la alianza transatlántica, mientras que buena parte de los estados europeos han venido incumpliendo su compromiso de gasto del 2% PIB en defensa.

Aunque precedentes administraciones estadounidenses ya habían instado a los europeos a que sufragasen su propia seguridad y defensa, la posición de Trump genera una particular alarma a este lado del Atlántico.

Estados Unidos y Europa han venido compartiendo desde hace décadas un profundo vínculo transatlántico que les convirtió en socios estratégicos de primer orden. Sin embargo, la posición del presidente Trump respecto a la contribución financiera de Estados Unidos y la volatilidad e impredecibilidad que hasta el momento han definido la política exterior de su Administración, junto con otros factores como sus alabanzas al líder norcoreano Kim Jong-un o al presidente ruso Vladimir Putin, su distanciamiento del resto de líderes en la Cumbre del G7 celebrada en junio en Canadá, el papel secundario que en ocasiones ha presentado la diplomacia en sus actuaciones o su tendencia a cumplir sus promesas electorales generan tensión en la UE ante la nueva realidad geoestratégica.

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En efecto, Trump ha cumplido desde el inicio de su mandato con parte de sus promesas electorales, como su retirada unilateral de hitos destacados de la Administración Obama como el Acuerdo Nuclear de Irán, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático o su pretensión de acabar con el Obamacare.

La incertidumbre que genera la falta de un claro compromiso de la Administración Trump con la seguridad y defensa europeas en un contexto Brexit de elevada inestabilidad geopolítica, así como el estallido de graves crisis en nuestro vecindario próximo, llevó a los estados miembro de la UE a desarrollar profundas reformas políticas e institucionales con el objetivo de avanzar hacia la revitalización de la Cooperación Estructurada Permanente en Seguridad y Defensa (PESCO) y la autonomía estratégica europea en el marco de una política exterior coherente.

Dicho lo cual, tras adoptar la PESCO 25 estados miembros de la Unión, en diciembre de 2017, y asumir el Consejo Europeo, en marzo de 2018, la lista de 17 proyectos a desarrollar en el marco de la Cooperación Estructura Permanente, los estados que voluntariamente así lo decidan podrán avanzar a una mayor velocidad en materia de seguridad y defensa en virtud de un compromiso real, sin verse paralizados por reservas de otros países.

Con independencia de la postura de la Administración Trump hacia la OTAN y el soporte económico a la seguridad y defensa europeas, éstas se encuentran ya de por sí ante una situación compleja.

Tras la salida británica de la UE, ésta debe hacer frente a la nueva realidad geoestratégica ‘post-Brexit’ en la que pierde uno de sus miembros con más  gasto en este ámbito, capacidad nuclear y silla tanto en el G7 como en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Por su parte, Reino Unido deberá garantizar su seguridad y defensa fuera de la UE, será tratado como un tercer país en sus relaciones con la Unión y deberá reconfigurar y/o abordar sus relaciones bilaterales con los estados miembros de la UE-27, con la Unión en su conjunto y su rol en instituciones supranacionales como la ONU y la OTAN.

Reino Unido y la UE-27 ya han manifestado su intención de cooperar estrechamente en la materia. La magnitud de las repercusiones estratégicas del proceso Brexit dependerá de si ambas partes son capaces de superar sus divergencias y crear una sólida alianza que permita garantizar la seguridad y defensa europeas. Pero no será una tarea fácil. Ambos deben recalibrar sus políticas y reconfigurar sus relaciones, salvaguardando su autonomía e intereses en la toma de decisiones.

Y, por si fuera poco, los estados de la Unión deben previamente ponerse de acuerdo entre ellos respecto a cuáles son sus prioridades.

La salida británica de la UE implica asuntos de un significativo calado estratégico para ambos actores. Por ello, ante un contexto en el que los europeos afrontamos retos de seguridad de primer orden, la apuesta política por un enfoque colectivo ha de ser clara.

De otra forma, la seguridad y defensa europeas se encontrarían ante un panorama un tanto complicado, puesto que la creciente complejidad de estos retos, junto con su carácter transnacional, impide que los estados puedan hacerlos frente por sí solos, lo que hace indispensable una respuesta conjunta. Su efectividad dependerá del nivel de intercambios de información e inteligencia, de cooperación reforzada en ámbitos de especial interés como el contraterrorismo y de avances en materia de integración en seguridad (interior y exterior) y defensa (acompañados siempre de una política exterior que ponga en relieve el papel de la diplomacia como una de las dimensiones clave en este terreno).

En otro orden de cosas, cabría destacar que el gasto de España en defensa es del 0,93% del PIB, uno de los más bajos de la Unión y sin previsión de incrementarse. Aunque el presidente Sánchez reiteró su compromiso con la paz, el desarrollo y la seguridad mundiales durante su reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Soltenberg, a principios de julio en Madrid, el primero descartó aumentar el gasto.

Y en cuanto al papel de España ante la seguridad y defensa europeas, es uno de los 25 estados miembros de la UE que participan en la PESCO y, además de liderar el proyecto de Sistema de Mando y Control, participa en otros 11 proyectos en el marco de la Cooperación Estructurada Permanente.

Es importante subrayar que esta política ha carecido tradicionalmente de interés para buena parte de la clase política y la ciudadanía españolas. Pero la relevancia estratégica que nos confiere nuestra ubicación geográfica, junto con el panorama que se acaba de analizar, exige voluntad y responsabilidad por parte de las fuerzas políticas y concienciación por lo que a los ciudadanos se refiere.

Sin lugar a dudas, la seguridad y defensa han de ser, por una parte, tratadas como una política de Estado, ajena a intereses partidistas y electoralistas y, por otra, acercada a la sociedad. Ssupone para España unos hombres y mujeres magníficamente formados al servicio de su país, pero además otras cosas como garantizar la mera existencia de nuestras democracias y la protección de nuestras economías, la defensa de los derechos humanos de personas que viven bajo situaciones de conflicto y post-conflicto, o trabajar por la consecución de la Agenda 2030 y los principios de mujer, paz y seguridad que inspiran la Resolución 1.325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Para finalizar, ante la incertidumbre que plantea la falta de un claro compromiso de la Administración Trump con la OTAN y la seguridad y defensa europeas, la solidaridad y cohesión de la UE-27 y Reino Unido será clave para abordar posibles imprevistos que puedan derivar de decisiones y prioridades estadounidenses. La cooperación y la voluntad política, evitando la autocomplacencia, serán inexcusables para evitar situaciones y escenarios de vulnerabilidad que beneficien a actores ajenos a los principios y valores que nos unen a británicos y europeos de la Unión.

 

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