Que no se nos olvide la digitalización

Tenemos nuevo Ejecutivo, nuevas prioridades económicas y sociales y casi dos años por delante para que gobierne si no hay adelanto electoral. En este contexto, el nuevo Gobierno ha ido adelantando, con la reestructuración ministerial y a través de sus primeras  intervenciones, lo que pueden dar de sí sus próximas decisiones contando con un Presupuesto no compartido pero sí asumido.

Y en este contexto surge una pregunta: ¿qué papel ocupará la digitalización en las políticas del nuevo Ejecutivo? Hasta hace poco menos de un mes, existía un Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuya denominación incluía la mención expresa a la agenda digital y que nació con los objetivos de englobar las acciones en materia de telecomunicaciones, sociedad de la información y Administración electrónica, y de diseñar la hoja de ruta para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa en 2020, así como para alcanzar objetivos específicos para el desarrollo, en España, de la economía y la sociedad digitales. En cambio, la nueva estructura de carteras ministeriales no incluye esta mención en la denominación de ningún departamento.

Como ya ha señalado Ignacio Molina, es un error que desaparezca dicha mención del Consejo de Ministros, máxime cuando abordar la transición digital es un proceso ineludible en un contexto de globalización y cambio tecnológico acelerado.

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En este sentido (si bien se ha avanzado mucho en los últimos años, como ha señalado la Fundación Cotec), España se sitúa todavía en posiciones atrasadas y está desarrollando sólo una fracción de su potencial digital. La economía digital representa el 5,6% del Producto Interior Bruto (PIB) y sólo se está capturando un 13,5% de su potencial. A grandes rasgos, los principales obstáculos que lo limitan son la baja digitalización de algunos sectores económicos y de las pymes, un ecosistema de ‘start-ups’ aún en desarrollo, la escasez relativa de inversión financiera para estos proyectos y la falta de competencias digitales suficientes del capital humano.

Además, la asunción de nuevos desafíos -la llamada economía de los datos, la consolidación de las plataformas como agentes del cambio digital y el papel de los ecosistemas digitales, el avance de la industria 4.0, la automatización intensiva o el uso de la inteligencia artificial- hacen necesario plantear un objetivo ambicioso que incluya también la revisión y alcance del contenido normativo y plantee propuestas de nueva regulación, asegurando el acceso a infraestructuras más rápidas y seguras y los derechos de la ciudadanía en el mundo digital.

De ahí que el Gobierno anterior estuviera trabajando en el diseño de una Estrategia Digital para una España Inteligente, cuyo objetivo era orientar el proceso de transformación digital de la economía española, identificando las necesidades del conjunto de la sociedad y planteando actuaciones para afrontarlas, así como asumir los nuevos desafíos imperantes. Incluso se lanzó una consulta pública con el objetivo de recabar la opinión de todos los agentes involucrados para promover un desarrollo digital equilibrado entre todas las partes interesadas.

Por todo ello, es necesario que el nuevo Gobierno y, sobre todo, el responsable de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital asuman el objetivo de plantear una estrategia transversal, de carácter dinámico y flexible, capaz de afrontar los nuevos retos y abordar este proceso de forma global y segura, para propiciar una adecuada transición digital del conjunto de la sociedad, ciudadanos y empresas.

En este sentido, los interlocutores sociales que conforman el Consejo Económico y Social de España (CES) señalaron, en su Informe 3/2017 sobre la digitalización de la economía, que conviene disponer de instrumentos que permitan desplegar el conjunto de actuaciones orientadas a impulsar la transformación digital de la sociedad y la economía, pero también a gestionar los cambios y la adaptación a éstos. Ello implica contar con una “estrategia país” que aborde de forma integral los retos y los objetivos a lograr para reducir la brecha digital de la sociedad, tanto territorial como entre los individuos por edad, renta, conocimientos o habilidades, y entre empresas, sobre todo en el ámbito de las pymes, y permita a España posicionarse a nivel internacional, utilizando las nuevas reglas de juego del mundo digital. Y ello enmarcado en las orientaciones y directrices emanadas de la Estrategia Digital de la Unión Europea y el resto de disposiciones que resultan de ella y que configuran el marco de actuación de la Unión para liderar la transición digital. De hecho, la mayor parte de los países europeos está implementando políticas para transitar hacia una mayor digitalización de sus economías.

Es necesario diseñar una estrategia ambiciosa e innovadora, pero también realista, que se pueda aplicar y cumplir; pertinente ante los desafíos existentes y la necesidad de aprovechar las oportunidades derivadas de la transformación digital; coherente con los objetivos establecidos, pero también con otras prioridades de política económica y con los compromisos comunitarios; y flexible, capaz de adaptarse a un proceso de digitalización acelerado y enfrentarse continuamente a nuevos retos.

Y, en particular, en el caso de España y dados los principales obstáculos que limitan nuestro avance digital, hay que priorizar la necesidad de abordar la transformación digital de las pymes y el impulso del sector de contenidos digitales, garantizar la conexión y coordinación de la estrategia digital con la estrategia industrial, impulsar la I+D+i en el sector TIC, potenciar la Administración electrónica, asegurar la seguridad y confianza digital y reforzar las competencias para mejorar la empleabilidad.

Dada la amplitud de miras que supone abordar este reto, sí parece acertada, en cambio, la elección del Ministerio de Economía y Empresa como responsable último de las competencias relativas a la agenda digital, máxime cuando la ministra de Economía y Empresa ha asumido la Presidencia de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que engloba a los departamentos económicos (Hacienda, Fomento, Industria, Trabajo, Transición Ecológica y Agricultura) y podría garantizar así la transversalidad necesaria para afrontar la transición digital de la economía española. Solo quedaría pendiente involucrar al Ministerio de Educación y Formación Profesional en el objetivo global de refuerzo de las competencias digitales en las distintas etapas educativas.

El nuevo Ejecutivo tiene muchos retos por delante, y la digitalización es uno de ellos. El hecho de no haberlo incluido de forma explícita en la estructura ministerial a priori le resta visibilidad. Con todo, confiemos en que el Gobierno aborde la transición digital con la relevancia y el peso que merece.

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