¿Qué margen tienen los partidos para redefinir el debate migratorio?

La sociedad española, en particular los votantes de izquierda, están dispuestos a ir más lejos que sus partidos en la exploración de alternativas al modelo migratorio vigente. Este es el mensaje fundamental que cabe extraer de la encuesta de Metroscopia para la Fundación porCausa publicada el pasado mes de diciembre cuyo trabajo de campo se realizó durante la semana de la investidura de Mariano Rajoy.

Las principal conclusión es que España es un país tolerante donde a casi el 85% de la población encuestada le parece “bien o muy bien” que en nuestro país vivan inmigrantes. Un buen punto de partida teniendo en cuenta el contexto internacional actual. El 71,5% de los encuestados cree que amenazan “poco o nada” nuestros valores y cultura, y para el 65% aportan diversidad cultural.

Esta conclusión es consistente con un estudio del Think Tank británico Chatham House sobre la percepción en diferentes países europeos de los inmigrantes procedentes de países musulmanes. La prohibición de la inmigración procedente de países mayoritariamente musulmanes es una medida con la que, según los datos agregados de todos los países analizados, el 55% de los encuestados estaría de acuerdo, frente al 23% que no. La comparativa hace destacar significativamente el caso español donde estaría de acuerdo con esta medida el 41% (14 puntos menos de la media) frente al 32% que estaría en desacuerdo (9 puntos más).

El análisis agregado de las actitudes ofrece otra conclusión importante. Permite diferenciar tres grandes grupos de población en función de su actitud positiva (34%), negativa (24%) o ambivalente (42%) ante la inmigración. Un estudio similar llevado a cabo en el Reino Unido en 2014 por British Future llegó a esta misma conclusión con una ligera variación de las proporciones (25% de la población sería liberal en materia migratoria, 25% opuesto a la inmigración y 50% con actitudes ambivalentes). Señala el estudio que este 50% es el gran ausente del debate migratorio. Se refuerza la idea de la volatilidad de la percepción de este grupo con respecto a la inmigración, a menudo a golpe de actualidad.

Al observar de forma individualizada algunas de las cuestiones planteadas en la encuesta se pueden comprender e identificar las contradicciones de las posiciones ambivalentes. Agrupando las respuestas en torno a tres ejes (empleo, contribución a la sociedad y convivencia) podremos identificar detalles  decisivos a la hora de entender estas actitudes.

– No se percibe la inmigración como un factor generador de empleo. El 64,4% de los encuestados considera que contribuyen poco o nada a crearlo. Pero el 71,3% tampoco considera que los inmigrantes supongan una amenaza para nuestros empleos.

Los hechos apuntalan esta última percepción. La última Encuesta de Población Activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística proporciona un contexto que es importante tener en cuenta. La tasa de paro de la población extranjera (24,66%) es casi 7 puntos superior que la de población española (17,83%). Como dato significativo, durante el cuarto trimestre de 2016 el paro bajó en 77.600 personas españolas, frente a un descenso de 5.400 personas extranjeras.   

– La percepción sobre la contribución de los inmigrantes al pago de impuestos es que contribuyen “poco o nada” para el 47,5% frente al 43,8 que opina que “mucho o bastante”. Y si bien para un 54,4% de los encuestados reciben del Estado más o mucho más de lo que aportan, el 50,7% considera que sobrecargan “poco o nada” nuestros servicios públicos.

Volviendo al INE en busca de contexto, los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida ofrecen dos detalles reveladores respecto al nivel de vulnerabilidad de los extranjeros en España. La renta media anual de las personas españolas en 2015 era de 11.281€, casi el doble que la de las personas extranjeras extracomunitarias, cuya media fue 5.707€. Mucho más contundente es la diferencia en la tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) atendiendo a la nacionalidad: 38 puntos. El 25,5% de la población española en comparación con el 63,9% de los extranjeros extracomunitarios. 

– En términos de convivencia están “muy o bastante de acuerdo” con que se trata de vecinos tranquilos y respetuosos el 57,6% de las personas encuestadas. El 66,8% está poco o nada de acuerdo con la afirmación de que los inmigrantes cometen delitos. Las estadísticas de condenados del INE sostiene esta percepción. Más de tres cuartas partes de los 222.862 condenados en 2015 eran españoles, menos del 16% eran extranjeros extracomunitarios.

Cabe concluir de la encuesta la existencia de una correlación directa entre el arraigo de estos mitos y el posicionamiento ideológico, siendo este el factor más determinante en la percepción de la migración por encima de la edad, la situación laboral o el hecho vivir o convivir con inmigrantes.

En clave electoral, lo más interesante en este sentido es la posición de los encuestados respecto a dos medidas concretas que se plantean para reducir la entrada de inmigración irregular. l 65% de los votantes PP y el 56,6% de Ciudadanos estaría “muy o bastante” de acuerdo con un refuerzo de las fronteras e imposición de controles más duros. Frente a ello,  el 71,9% de Podemos y el 54,2% del PSOE estarían “poco o nada” de acuerdo. Mucho menos previsible es la respuesta a la otra medida planteada: abrir más oportunidades de inmigración legal para los que quieren venir sería una medida “muy eficaz o bastante” para el 77,8% de los votantes de Podemos; el 59,4% del PP; 57,4% del PSOE y el 54,9% de Ciudadanos. Que sea la opción mayoritaria de los votantes de los cuatro grandes partidos de base estatal confirma el margen electoral existente para redefinir las opciones de migración legal.

Durante los últimos meses se ha constatado la actualidad y relevancia del debate migratorio. Algo dice del momento que vivimos el que los términos estén definidos por una narrativa políticamente tan conservadora como la preservación a cualquier precio de los pocos reductos que quedan a la soberanía de base territorial en un contexto global. Las normas y políticas migratorias resultantes han fijado los ejes de discusión. Su aplicación acaba por legitimar en la práctica la vulneración sistemática de los derechos de las personas en las fronteras con un resultado que puede contabilizarse en número de muertes.

El mensaje que estos análisis lanzan a las posiciones políticas más reformistas (progresistas o liberales) es claro: la percepción de la inmigración en España haría posible llevar más lejos las propuestas que cuestionen el actual modelo de gestión de la movilidad, no solo denunciar sus consecuencias más atroces.

Desde la creación del Espacio Schengen, España se ha visto interpelada por sus socios europeos a mantener la línea de contención de la movilidad en una de las brechas de desigualdad más grandes del mundo. La diligencia a la hora de hacerlo se ha materializado en las vallas de Ceuta y Melilla, la crecientemente sofisticada tecnología de videovigilancia o la estrategia política de erradicación en origen y externalización de la contención de los flujos a través de la cooperación con otros Estados. Paradójicamente, la alternancia en el gobierno de PSOE y PP no ha impedido la continuidad de lo que se considera una política de Estado: cumplir con las exigencias de control migratorio en las fronteras exteriores de Europa, aunque sea ineficaz, ilegal y cruel. 

Los nuevos actores de la izquierda española con representación institucional son particularmente permeables a propuestas políticas que responden a los abusos denunciados por una parte de la sociedad civil, muy activa en su documentación y denuncia. Plantear que las fronteras no maten o que se protejan los derechos de las personas no es más que reclamar el cumplimiento de la obligación de respetar la dignidad de las personas, reconocida en las normas internacionales de derechos humanos. Algo imprescindible dado que vivimos un momento de claro retroceso en ese sentido consolidado a golpe de crisis, desbordamiento, excepcionalidad e instrumentalización política de la inmigración.

Pero no es una narrativa sobre la movilidad definida a partir de principios de equidad y justicia, de maximizar el mutuo beneficio, donde las personas y no las fronteras sean el objeto de protección y adaptada a la realidad global. La conclusión final de esta encuesta sobre percepciones de la inmigración apunta claramente por dónde deben empezar a plantearse las alternativas: desmontando mitos profundamente arraigados que lastran cualquier posibilidad de abordar la movilidad a partir de sus oportunidades y no de sus amenazas.         

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