Puigdemont, ¿más cerca de la Justicia?

Puigdemont ha sido detenido en Alemania en ejercicio de la orden de detención europea emitida por el magistrado Llarena. El ex president se encuentra ahora bajo la autoridad policial alemana a la espera de que un juez alemán, después de darle audiencia, decida si ejecuta la euroorden y entrega a Puigdemont. La situación es diferente a la que se produjo en Bélgica hace unos meses, ya que en Alemania existe un delito de alta traición equiparable en sus elementos típicos al delito de rebelión. Dicho lo cual, cabe recordar que la existencia de un delito equiparable no es una condición necesaria para la euroorden, ya que esta parte de la protección equivalente que se produce en los estados de la Unión Europea es, en definitiva, un instrumento de confianza mutua del ordenamiento europeo. En todo caso, y a la espera de saber cuál es la decisión final de la Justicia alemana, los datos de la Unión Europea para 2015 señalan que Alemania recibió 1.635 peticiones de detención a través de la euroorden, de las que fueron tramitadas 1.610 y concedidas 1.283. Esto es, en un 78,5% de las ocasiones Alemania entregó a la persona perseguida a las autoridades solicitantes.

En los próximos días sabremos si el ex president es entregado a la Justicia española. Si es así, parece lógico pensar que, siendo una de las condiciones de la prisión provisional el riesgo de fuga, el magistrado Llarena considere justificada su aplicación, muy especialmente en esta ocasión. Así las cosas, salvo Comín, Rovira, Ponsatí, Serret y Puig, sobre los que también recaen euroórdenes, estarían en prisión provisional todos los procesados por el instructor como presuntos responsables de diferentes delitos relacionados con la ruptura constitucional generada a partir -sobre todo- de septiembre de 2017. A este respecto cabe hacer algunas consideraciones.

Algunos sectores políticos, jurídicos -entre los que me encuentro- y judiciales han expresado el malestar, incluso rechazo, que genera la prisión provisional decretada contra los ya procesados, por considerar que se hace una aplicación excesivamente amplia de dicha medida, poco acorde con los derechos fundamentales. Sin embargo, no podemos obviar que los recursos presentados por los presos preventivos han sido rechazados por otros magistrados del Tribunal Supremo sin fisuras aparentes y, por cierto, el Constitucional ha rechazado igualmente los recursos de amparo presentados por alguno de los presos. Estas decisiones están respaldadas, además, por otros sectores doctrinales que consideran plenamente legítimo el alcance reconocido a la prisión provisional en este proceso penal. En definitiva, cabe hablar de una interpretación dura del Derecho, pero no de prevaricación. 

Asimismo, aunque quepa criticar la prisión provisional de los procesados por considerar que puede suponer una restricción excesiva de su libertad o de los derechos de participación, esto no permite hablar de presos políticos, sino de políticos presos porque, como ya se ha manifestado en otras ocasiones, no están siendo investigados por sus ideas, sino por las conductas y medios utilizados para intentar imponerlas en Cataluña. No se juzgan ideas, se investigan hechos.

Aunque algunas rechacemos la imputación del delito de rebelión por considerar que no concurren los elementos necesarios, no puede perderse de vista que los procesados actuaron a sabiendas de las posibles consecuencias. La prisión no es la solución para la grave crisis constitucional que debemos afrontar. Cabe achacar al actual Gobierno central un descarado rechazo al diálogo, la instrumentalización de la Justicia y la apropiación de la Constitución. Pero ello no debe llevarnos a obviar las responsabilidades políticas y jurídicas de los líderes independentistas, haciendo suyas las instituciones públicas, en la quiebra del autogobierno en Cataluña.

El Poder Judicial seguirá su camino. Y la política catalana debe empezar el suyo, con  nuevos liderazgos y a través de un nuevo Gobierno que, respetando las reglas de juego constitucionales y democráticas, restablezca de nuevo el autogobierno de Cataluña.

Autoría

1 Comentario

  1. Ramón García
    Ramón García 03-25-2018

    Me gustaría repetir por qué es un error y una irresponsabilidad acusar de rebelión.

    Una condena tiene entres sus fines desanimar a cometer un delito al saberse sus consecuencias. Cuando Puigdemont, tras declarar la independencia, decidió no sacar a su gente a la calle a defenderla, y poner a los mossos a defender la nueva república, lo hizo para evitar ser acusado de rebelión, con las duras condenas que eso implica.

    A los ciudadanos nos interesa que siga siendo así. En cambio, si se condena como sublevación cuando esta no se produjo, un futuro Puigdemont razona que no tiene nada que perder con sublevarse, y que con capacidad de provocar muertos tiene mayor poder de negociación encima de la mesa.

    El Estado tiene muchísima fuerza física. Su capacidad de coacción es mayor si es predecible.

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