¿Puede un partido delinquir?

El viernes pasado supimos que la jueza instructora Rosa Freire citaba a declarar como investigado/imputado al Partido Popular (PP) en el asunto de la destrucción de los ya famosos discos duros de los ordenadores de Bárcenas. En la investigación de toda la trama de supuesta contabilidad B del PP resultó que en 2013, cuando la investigación judicial requirió los ordenadores con los que Bárcenas trabajaba, sus discos duros habían sido destruidos y, por lo tanto, también la información contenida. Entonces se archivó la investigación de la responsabilidad en los hechos del PP como entidad por entenderse que los ordenadores destruidos eran de su propiedad. Es decir, las personas físicas o jurídicas podemos destruir nuestras propias cosas sin que se nos impute un delito de daños (art. 263 y s.s CP).

Sin embargo, aunque el PP entregó un dispositivo de memoria afirmando que contenía la misma información que los discos duros, esto no puede comprobarse y la Audiencia Provincial de Madrid entiende que lo importante no son los ordenadores como cosa material, sino su función de soporte de datos y, desde este punto de vista, parece que los datos no son propiedad del PP. En consecuencia, la jueza instructora ha decidido lo siguiente: investigar/imputar al PP, su conducta como persona jurídica y estructura con respecto al posible delito de daños informáticos (art. 264 CP), imputar/investigar a Carmen Navarro, tesorera del PP, por los mismos daños informáticos y por encubrimiento (art. 453 CP) y llamar como testigos a Bárcenas, a su secretaria, al jefe de seguridad del PP y a otros trabajadores del partido.

Los medios han destacado que será la primera vez que un partido político, como persona jurídica, sea investigado/imputado. Aquella persona que declare en representación del PP no lo hará por su actuación personalísima dentro de su estructura (como Carmen Navarro), sino por su actuación como organización. Voy a ocuparme sólo de este aspecto de la cuestión, de si el PP por él mismo puede delinquir y ser penado.

La persona jurídica es un instrumento que las personas físicas generamos para interponer una barrera o eludir nuestra responsabilidad individual por actuaciones en el tráfico económico, laboral y social. Cualquiera sabe que hoy por hoy para realizar una actividad laboral, mercantil, pública es mucho mejor utilizar la estructura jurídica adecuada que proteja su patrimonio.

La responsabilidad personal e individual es una de las principales garantías de un Derecho Penal moderno; “Societas delinquere non potest”. Ya no se nos escapa a nadie que tras grandes entramados societarios pueden hallarse blanqueo de capitales, tráfico de drogas, tráfico de influencias, delitos contra los trabajadores, la intimidad y muchos otros. Ante este tipo de fenómeno delictivo el problema desde el Derecho Penal clásico era identificar al individuo que actúa por cuenta o en provecho de la persona jurídica. Por ello, la gran reforma del Código Penal efectuada en 2010 empezó a sentar las bases de la responsabilidad de esa estructura jurídica (art. 31bis CP) y estableció unas penas adecuadas a su naturaleza (art. 33.7 CP) que van desde su disolución hasta la multa. Inicialmente los partidos políticos y sindicatos no se incluyeron en ese régimen (art. 31bis 5 CP). Sin embego, por mor de la transparencia, la L.O 7/2012 deroga esa excepción.

Los discos se destruyeron en 2013 cuando ya se contemplaba que los partidos políticos pueden ser responsables. Además, entre los delitos de daños que consisten en modalidades de destrucción de cosas ajenas, ya existía un apartado (art. 264.4 CP vigente en 2013) que establecía cómo castigar a personas jurídicas. Recordemos que debe aplicarse la ley vigente cuando se cometió el delito siempre que la posterior no sea más beneficiosa al reo (art. 2.1 CP) porque la L.O. 2/2015 modifica el redactado del delito de daños informáticos (art. 264 CP) y el sistema de responsabilidad de las personas jurídicas (art. 31 bis CP).

Así que en la investigación/imputación por la destrucción de los discos duros, en mi opinión, habrá dos elementos claves: primero, si los datos contenidos y destruidos eran también propiedad del PP y, segundo, si el sistema de responsabilidad de las personas jurídicas que se acabó de perfilar con la reforma de 2015 es más beneficioso para el reo (léase PP) que la vigente al tiempo de comisión del delito.

La conducta delictiva principal, destruir el disco duro, sigue siendo básicamente la misma (art. 264.2 vigente en 2013 y 264 bis actualmente vigente) pero no lo son las posibles penas de multa menores en el texto de 2013. Ni tampoco el sistema de responsabilidad de la persona jurídica (art. 31bis). En 2013 dicha responsabilidad se da, primero, cuando el delito se comete en nombre o por cuenta y provecho de la persona jurídica, siendo responsables los representantes y/o administradores de hecho o de derecho, y, segundo, cuando desde la misma persona jurídica no se haya ejercido un control o vigilancia adecuados sobre la persona física de la organización que materialmente realiza los actos.  La reforma de 2015  introduce un matiz con respecto a esta última modalidad que algunos pueden entender aplicable: si la persona jurídica tiene un servicio interno o externalizado de prevención de delitos en su estructura, también conocidos como programas “compliance”, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad (art. 31 bis 2). Es evidente que esta ley posterior podría resultar beneficiosa al PP como reo si del testimonio de su jefe de seguridad y otros trabajadores se dedujera que existía tal política de prevención y control. En las próximas semanas comprobaremos cual era el nivel autocontrol de la estructura del PP en relación con esta trama de corrupción.

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