Protección de los consumidores frente a las cláusulas suelo

El pasado 7 de abril se hizo pública la sentencia de un Juzgado Mercantil de Madrid en la que se anulaban las cláusulas suelo incluidas por varias entidades financieras en sus préstamos hipotecarios a consumidores.

Esta sentencia ha causado un gran revuelo mediático, pero, lo cierto, es que el Tribunal Supremo había anulado ya en mayo de 2013 las cláusulas suelo de 4 entidades financieras. Desde el año 2013 el Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse en varias ocasiones sobre la nulidad de estas cláusulas por considerar que era poco transparente el modo en el que se había incorporado a miles de escrituras de hipotecas.

Conviene definir que es una cláusula suelo ya que, en la mayoría de las escrituras de constitución de hipotecas, esta cláusula no se define con este nombre, sino con el de cláusula limitativa de los tipos de interés. Los antecedentes de esta cláusula los encontramos en el boom del sistema de acceso al crédito hipotecario en España, inusual en Europa. Las entidades financieras ofrecían créditos hipotecarios a 30, e incluso, a 40 años, sometidos a intereses variables. Conforme a esta fórmula quien solicitaba un préstamo sometía la devolución del mismo a las variaciones de un índice de referencia, normalmente el Euribor. El Euribor se movía en porcentajes entre el 3’5 y el 5%, situación que se mantuvo durante muchos años, hasta que, en octubre de 2008, como consecuencia de la explosión de la crisis económica y la caída de Lehmman Brothers tanto el Banco Central Europeo bajó drásticamente los tipos de interés, tan drásticamente que en pocos meses esos tipos estaban por debajo del 1%, y siguen muy bajos.

Miles de prestatarios que habían firmado préstamos hipotecarios a interés variable pensaron que, al caer el Euribor, las cuotas de sus hipotecas bajarían en la misma proporción. Lejos de cumplirse estas expectativas descubrieron que una parte importante de los préstamos hipotecarios tenían escondida una cláusula que garantizaba a la entidad financiera un interés mínimo entre el 2’5% y el 4’5% – según las entidades – que se debía aplicar incluso cuando el Euribor estaba por debajo del 2%.

En el año 2013, después de un tortuoso camino judicial de más de 5 años, el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas suelo de 4 entidades financieras, lo hizo en un procedimiento iniciado por una asociación de consumidores. El pronunciamiento coincide con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se cuestiona el sistema de ejecución hipotecario español, sentencias que originaron gran zozobra en la maltrecha legislación española, que hubo de someterse a urgentes y precipitadas reformas legislativas. El Supremo, cuando dicta la sentencia en mayo del año 2013, actúa al amparo de copiosa jurisprudencia de la Unión Europea, que avalaba la tesis por la que podían declararse nulas las cláusulas incorporadas de modo poco transparente a los contratos, aquellas que se habían colado sin que el deudor conociera el alcance, significado y efectos de lo que había firmado.

Desde mayo de 2013 hasta la fecha el Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse en varias ocasiones sobre la legalidad de las cláusulas suelo, tanto en acciones ejercitadas por particulares como en las ejercitadas por asociaciones de consumidores. Los pronunciamientos han ido todos en la línea de anular este tipo de cláusulas, aunque se han producido algunas dudas en cuanto al efecto de esa nulidad, ya que inicialmente se afirmaba que la nulidad de la cláusula no permitía al consumidor recuperar lo pagado indebidamente, en el año 2015 el Tribunal Supremo rectificó y declaró que la devolución tenía efectos desde mayo de 2013.

En este contexto llega la sentencia de abril de 2016, dictada por el Juzgado Mercantil 11 de Barcelona, una sentencia que se hace pública tras varios años de complicada tramitación. La sentencia reproduce los argumentos empleados por el Tribunal Supremo en sus sentencias anteriores, no es, por lo tanto, una sentencia novedosa, aunque tiene una especial trascendencia por dos razones: primero, porque afecta a 40 entidades financieras, es decir, a la práctica totalidad de las entidades de este país que todavía mantenían este tipo de cláusulas. Segundo, aunque se trata de un procedimiento colectivo, iniciado por una asociación de consumidores, a lo largo de estos años se han adherido al procedimiento más de once mil particulares, lo que plantea muchos problemas en cuanto a la gestión del procedimiento.

A lo largo de todos estos años se ha especulado con la posibilidad de que el gobierno acordara, por medio de una reforma legal, la nulidad de todas estas cláusulas, sin necesidad de someter a los particulares a tortuosos y costosos procedimientos judiciales, sin embargo, el ejecutivo, no ha tenido la gallardía de tomar esta decisión, seguramente ha tenido en cuenta las graves consecuencias que la medida tenía para los bancos y ha preferido que fueran los consumidores los que soportaran las consecuencias de estas cláusulas hasta su evidente anulación judicial.

Durante estos años se ha producido un vuelvo en materia de protección de consumidores, los tribunales españoles se han animado a cuestionar cláusulas incluidas en contratos bancarios que eran abusivas, desequilibrantes o que se habían incorporado con engaño o falta de información. La jurisprudencia en esta materia evoluciona a marchas forzadas tanto por los pronunciamientos del Tribunal Supremo español, como por el impulso de las múltiples cuestiones prejudiciales planteadas desde los juzgados de instancia ante la Corte Europea de Luxemburgo.

Hay todavía pendientes juicios en tramitación que pueden deparar nuevos varapalos a algunas cláusulas de contratos suscritos por consumidores con entidades financieras, entre ellas la esperada sentencia en la que el Tribunal de Luxemburgo habrá de aclarar si, declaradas nulas las cláusulas, las entidades han de devolver todas las cantidades percibidas indebidamente.

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