A propósito de la “fuga” de empresas catalanas ¿Es relevante el traslado del domicilio social?

El cambio de domicilio de las sociedades es, desde un punto de vista estrictamente legal, un tema sujeto a lo previsto en la Ley de sociedades de capital y al que se refieren otras leyes mercantiles. El traslado en pocas semanas de casi dos mil empresas domiciliadas en Barcelona o en otras poblaciones catalanes concita reflexiones de variada índole, empezando por las de orden jurídico, dadas las implicaciones que tiene el lugar del domicilio según las normas mercantiles y los requisitos previstos para que el traslado sea válido. Para que las reglas vigentes resulten plenamente comprensibles formularemos algunos ejemplos, considerando, desde la mera hipótesis teórica, que el desenlace del procés pudiera finalizar con una secesión del territorio español o el mantenimiento del statu quo.  Partiendo del entendimiento de las reglas de derecho básicas, cada uno puede formarse su propia opinión sobre la relevancia del traslado de tantas empresas, entre las que se cuentan entidades financieras, sociedades cotizadas y empresas de los más diversos sectores productivos.

Lo primero que conviene destacar es que, conforme a la mencionada Ley (art. 8), las sociedades tienen nacionalidad, considerándose españolas todas las sociedades de capital que tengan su domicilio en territorio español, cualquiera que sea el lugar en que se hubieran  constituido. Luego una sociedad constituida, por ejemplo, en Barcelona que hubiera trasladado su domicilio, por ejemplo, a Madrid antes de una hipotética secesión catalana, continuaría considerándose española y seguiría rigiéndose por la misma legislación. Por consiguiente, auto-protegiendo su españolidad mediante el traslado del domicilio, las empresas tenderían a garantizarse por sus propios medios la seguridad jurídica que proporciona un marco regulatorio conocido y constante.

En segundo lugar, cabe señalar que la fijación del lugar del domicilio es, en principio, libre, pero no puede, sin embargo, escogerse al albur o sin fundamento, ni, consiguientemente, variarse por motivos de mera conveniencia subjetiva. La Ley ordena que las sociedades deben fijar su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación (art. 9.1). Luego para que una sociedad domiciliada, por ejemplo, en Sabadell, pueda cambiar su domicilio, por ejemplo, a Alicante, deberá cumplir con alguno de esos dos requisitos, y, por consiguiente, habrá de trasladar también su administración y dirección efectivas o bien su principal establecimiento. Sin perjuicio del resultado del procés, lo que en Sabadell u otro sitio cabrían serían sucursales, porque las sociedades españolas pueden abrir sucursales en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero (art. 11.1).

Siendo de tanto calado el régimen asociado al lugar del domicilio, no carecen de razón quienes señalan, como Mas-Colell, que muchas empresas han aprovechado la coyuntura para avanzar o culminar su salida de Catalunya, al tratarse de una realidad que lleva años dándose. Ciertamente, el cumplimiento de las exigencias vistas no puede, al menos en todos los casos, improvisarse de un día para otro. Cuestión distinta es que estemos de acuerdo en que las causas del fenómeno migratorio se expliquen más como un proceso inducido por la pulsión centralizadora que por la incertidumbre suscitada por el procés. Además, está por ver el porcentaje de empresas que trasladan su sede a Madrid, pues, por el momento, no deja de ser significativo que de 47 empresas importantes, 28 lo hayan hecho a Madrid, pero 19 a otras Comunidades Autónomas.

En tercer lugar, cabe destacar que, hasta hace poco, la competencia para decidir el traslado del domicilio correspondía, por regla, a la Junta general, esto es, a los socios y propietarios de la empresa (art. 285.1). Sólo podía corresponder, por excepción, al órgano de administración, salvo disposición contraria de los estatutos, si se trataba de cambiar el domicilio dentro del mismo término municipal. En el año 2015 la excepción se amplió al cambio de domicilio dentro del territorio nacional, y, finalmente, el Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, ha incrementado el calibre de la excepción, pues, conforme a la nueva redacción, las sociedades pueden continuar reservando en sus estatutos la competencia del traslado a la Junta pero para ello deben prever expresamente que el órgano de administración no resulta competente para tomar esta decisión. Con esta última modificación ha venido a facilitarse un traslado exprés, pues generalmente es más sencillo que la decisión se tome por los administradores, al tiempo que se ha dado validez a los acuerdos del órgano de administración de sociedades interesadas en trasladarse rápidamente pero que no habían aprovechado la reforma de 2015 para modificar sus estatutos.

La ventaja de contar con un procedimiento de traslado exprés ha facilitado la migración fuera de Catalunya de muchas empresas, pero esta misma facilidad también podría, por hipótesis, revertir en un proceso de signo inverso si continuara formando parte del territorio español. Al fin y al cabo, hasta el año 2007 se mantuvo como la Comunidad en la que se constituían más sociedades y sólo tras esa fecha fue perdiendo su hegemonía a favor de Madrid. La tendencia comenzó a considerarse estructural en el año 2010, destacando el Colegio de registradores en su Informe de aquel año que la diferencia existente en los últimos años entre Madrid y Catalunya, de aproximadamente 1.000 sociedades desde 2008, a favor de Madrid, había aumentado hasta casi 3.000 (17.352 sociedades constituidas en Madrid frente a 14.419 constituidas en Catalunya). La tendencia revirtió en 2016 (21.950 sociedades constituidas en Catalunya y 20.048 en Madrid), pero da que pensar el que en el mes de septiembre de 2017 se hayan constituido 984 sociedades en Catalunya frente a 1592 en Madrid.

La ventaja de un procedimiento de traslado exprés que pudiera revertir en un futuro a favor de Catalunya no existiría, en cambio, de materializarse una secesión territorial. El régimen del traslado internacional de sede viene sujeto a requisitos más exigentes, previstos en la Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Además de tener que ser la Junta quien decida, los acreedores sociales disponen de un derecho de oposición y los socios disidentes pueden separarse de la sociedad. Por no mencionar que el proyectado Código mercantil atribuye al Gobierno un derecho veto, por razones de interés público, frente al traslado del domicilio de sociedades españolas fuera de la Unión Europea (art. 266-1).

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.