Proporcionalidad marca españa: Las tasas judiciales y el Tribunal constitucional

Poco antes de irse de vacaciones estivales, los once magistrados del Tribunal Constitucional daban a conocer su Sentencia 140/2016, por la que anulaban unánimemente casi todo lo que quedaba de las tasas judiciales establecidas en la Ley 10/2012, esto es, de las impuestas a las personas jurídicas, pues las personas físicas estaban exentas de su pago desde febrero de 2015.

Esta sentencia ha sido recibida, en líneas generales, con gran alborozo por el mundo jurídico patrio, en especial por el gremio de la abogacía, que durante los últimos cuatro años ha abanderado la lucha librada por tierra, mar y aire contra las tasas judiciales. La alegría es comprensible. Estos tributos encarecen la litigación y, por lo tanto, tienden a minorarla, lo cual reduce la demanda de abogados e, indirectamente, también la de otros profesionales del Derecho, como jueces y profesores universitarios.

El Tribunal considera que las tasas enjuiciadas restringen desproporcionadamente el derecho fundamental a la tutela judicial, por cuanto su elevada cuantía puede disuadir a numerosas personas jurídicas de pleitear. Las finalidades perseguidas por la ley de reducir el número de litigios infundados [nótese que la ratio de pleitos civiles per capita en España es la tercera más elevada de los Estados de la OCDE] y obtener fondos públicos con los que financiar la Administración de Justicia no compensarían los costes que las tasas implican para el referido derecho.

La Sentencia merece cuando menos cuatro críticas. El Tribunal Constitucional parece desconocer o no importarle demasiado el hecho de que, en la mayoría de los países europeos, existen tasas judiciales de cuantías muy superiores a las nuestras. En 2013, el año en el que más se recaudó por tales tributos en España, en un momento en el que también las personas físicas estaban obligadas a pagarlos, la cantidad recaudada apenas cubrió un 8,86% del presupuesto de la Administración de Justicia, por aquel entonces, en plena crisis económica, no precisamente elevado. En 2012, la media de ese porcentaje en los Estados miembros del Consejo de Europa era del 20,5%. En Austria, Alemania, Portugal, Dinamarca, Holanda e Italia, por ejemplo, los porcentajes eran respectivamente del 108,3%, 38,9%, 34,3%, 23,4%, 11,3% y 10,2%. El Tribunal constitucional viene a declarar, pues, que las tasas judiciales establecidas en esos y otros muchos países vulneran el derecho de sus ciudadanos de acceder a la justicia. Si es así, confiamos en que, ahora que han terminado las vacaciones, alguien pueda advertir pronto a nuestros vecinos europeos de esta masiva violación de sus derechos. O quizás es que el Tribunal situado en la cima de uno de los sistemas judiciales más congestionados del continente estima que semejantes tributos son inadmisibles sólo cuando limitan el acceso a dicho congestionado sistema, pero no si se aplican en otros, lo cual no tiene mucho sentido.

El Tribunal Constitucional alude a la jurisprudencia emanada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la compatibilidad de las tasas judiciales con el derecho a la tutela judicial. Pero lo cierto es que parece ignorar supinamente el contenido de esa jurisprudencia, pues el TEDH ha considerado respetuosas con tal derecho tasas muchísimo más elevadas que las previstas por el legislador español y reglas –como la de que la cantidad a pagar puede hacerse depender de la cuantía del litigio– que para nuestro Tribunal son inadmisibles. Sólo hay un punto en el que, a mi juicio, la legislación cuestionada contravenía la doctrina del TEDH: el consistente en que determinadas personas jurídicas –v. gr., sociedades mercantiles– carentes de recursos para litigar no estaban exentas del pago de las tasas.

En tercer lugar, el Tribunal adopta un insólito criterio super-estricto para evaluar la proporcionalidad de la ley. Determinar los costes y beneficios que para todos los intereses legítimos implicados puede encerrar una regulación como ésta constituye una tarea de una enorme complejidad. Es por ello que los Tribunales suelen reconocer al legislador una amplísima discrecionalidad para acometerla. De un lado, porque éste tiene más tiempo y conocimientos especializados que los jueces a fin de establecer aquí una solución equilibrada. De otro, porque la legitimidad democrática del legislador hace que sus eventuales errores sean más aceptables que los de los jueces. De hecho, éste es el criterio que siguió nuestro Tribunal Constitucional al enjuiciar las tasas judiciales de 2002, de cuantías notablemente inferiores a las de 2012 y que sólo debían pagar grandes empresas: el legislador cuenta con un «ámbito de libertad amplio» para regular las condiciones del acceso a la justicia; las tasas sólo pueden reputarse desproporcionadas «si se muestra» que son tan elevadas que impiden en la práctica el ejercicio del derecho fundamental o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables.

Para juzgar las tasas de 2016, en cambio, el Tribunal utiliza una vara de medir completamente distinta, desconocida hasta la fecha en su jurisprudencia: ahora es el legislador el que tiene que «justificar los criterios conforme a los cuales fija el importe de cada una de las tasas», así como su proporcionalidad. Y no valen explicaciones globales. Hay que razonar detalladamente por qué se ha fijado cada una de esas cuantías, y por qué cada una de ellas no resulta excesiva. En ausencia de una motivación tal, han de reputarse inconstitucionales. La ley se presume desproporcionada mientras su artífice no demuestre punto por punto lo contrario. Habrá que ver si este criterio se mantiene para juzgar otras leyes como, por ejemplo, las de carácter penal. Lo dudo.

El Tribunal Constitucional, finalmente, desliza varias afirmaciones que, unidas a todo lo anterior, cierran prácticamente cualquier posibilidad de que en las próximas décadas algún Gobierno se atreva a intentar introducir un régimen de tasas judiciales similares a las vigentes en la mayor parte de Europa. La más llamativa es que «el pago de un tributo no puede obstaculizar el ejercicio de un derecho fundamental».

Se hurta así al legislador democrático la posibilidad de servirse de un instrumento de racionalización de la Administración de Justicia utilizado en numerosos países de nuestro entorno, cuya proporcionalidad no ha sido cuestionada con carácter general y que no parece que haya dado allí malos resultados.

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