El ‘procés’ y la judicialización de la mega-política

Se les esperaba, pero su llegada no ha dejado de causar fuerte impresión. Los jueces irrumpen definitivamente en el ‘procès’ y se sitúan en el centro de él. Y con ello nos recuerdan que, pese a las proclamas de muchos, en el arreglo que ponga fin al procès (sea el que sea) el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional también tendrán un papel protagonista.

Con ello, España aportará un nuevo ejemplo de un fenómeno de carácter mundial, que va mucho más allá de la cuestión catalana. Ser trata de lo que el politólogo Ran Hirschl ha llamado la “judicialización de la mega-política”. Con él se refiere al creciente peso que están ganando los agentes judiciales en la resolución de asuntos que, hasta décadas recientes, quedaban reservados al mundo de la decisión puramente política, la “alta política”. A saber, los las elecciones, las cuestiones bélicas y de seguridad o las transiciones democráticas. Y por encima de ellas, los conflictos en torno a las disputas nacionales y secesionistas: qué es la nación y quién tiene derecho formar un Estado. ¿Hay algo más genuinamente político que constituir una nueva ‘polis’?

Este fenómeno es la culminación de la judicialización de la política que las democracias han venido experimentando  a lo largo del siglo XX. Ahora ya no se trata solamente de que el activismo de los jueces decida sobre derechos y libertades individuales o conflictos relacionados con políticas públicas. Ahora los tribunales empiezan a participar también en los procesos de decisión de las querellas más puramente políticas.

Esta evolución tiene diversas causas. De entrada, porque la propia democracia se define también como Estado de Derecho, algo que muchos han soslayado en la protesta catalana. Además, la consolidación de la democracia también como Estado del Bienestar ha generado ciudadanos mucho más exigentes con el cumplimiento de sus derechos y libertades, especialmente cuando están garantizadas por la Constitución.

Pero la judicialización de la mega-política es, antes que nada, el resultado del progresivo retraimiento de nuestros dirigentes políticos ante cuestiones complicadas sobre las que prefieren no decidir. Es la consecuencia de dejar para otros las ‘patatas calientes’ que producen vértigo a profesionales de la política que temen tomar decisiones tenaces: ¡que decidan los jueces y hagan cumplir la ley! Por supuesto, también hay cálculos estratégicos, cuando los responsables políticos calculan que sus decisiones se verán reforzadas por los jueces según el contexto judicial en el que se juegue el partido.

Las consecuencias para el funcionamiento de la democracia son obvias. Si los parlamentos habían perdido poder en beneficio de los ejecutivos y, cada vez más, de instancias decisorias transnacionales, ahora también hay meter a las instancias judiciales en la ecuación. No solamente como meros garantes de la legalidad. También contribuirán a modelar los resultados de la democracia.

No lo duden: en el éxito (o fracaso) de la resolución final de la crisis política generada en Cataluña, los jueces y el Tribunal Constitucional tendrán su parte de responsabilidad.

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