Presidente y candidato: entre censura y dimisión

1.- El candidato y la moción

El candidato en una moción de censura tiene en su mano configurar el programa de gobierno que presenta. Hoy, eso significa que Pedro Sánchez puede, sin ningún condicionante constitucional, limitar su programa a la convocatoria de elecciones o desarrollar un programa de actuaciones legislativas y ejecutivas a más largo plazo. De su decisión en uno u otro sentido se desprenden consecuencias muy relevantes para la moción. 

En el primer escenario, con un programa limitado a convocar elecciones, el debate parlamentario y político sobre el programa se limita a la necesidad de la convocatoria, y el foco se traslada plenamente a la actuación del presidente censurado; en este caso, Mariano Rajoy. La victoria de la moción es en consecuencia más sencilla, pues acordar la censura es mucho más fácil que acordar un programa de futuro; la única y menor cuestión a discutir con las otras fuerzas políticas es el de la concreta fecha de las elecciones, entre un período mínimo legalmente exigido de unos dos meses y un máximo que políticamente no puede prolongarse mucho más. 

Pero la victoria de la moción significa el acceso de un presidente con plenos poderes, que cumplirá o no su promesa de convocatoria sin más sanción que la política, y que hasta las elecciones ejercerá las facultades gubernamentales como considere oportuno (por ejemplo, en materia de medios de comunicación públicos); y que tras las elecciones continuará en funciones hasta la toma de posesión de los nuevos miembros del Gobierno. Recordemos que ese período se extendió a casi un año tras las elecciones de 2015.

En este caso, pues, las finalidades de la moción son esencialmente la remoción del Gobierno censurado y la convocatoria electoral; pero políticamente se pretende también que el candidato, gane o pierda, tome el protagonismo político de dar salida a la situación previa y que el resto de fuerzas asuman el coste de apoyar la censura y formar parte de la opción alternativa al Gobierno anterior o de oponerse a ella y contribuir a la defensa de ese Gobierno. Sin embargo, estas finalidades y sus efectos políticos se diluyen proporcionalmente a la indeterminación del compromiso de convocatoria electoral (en cuanto a su momento, esencialmente) y, sobre todo, al incremento de las actuaciones propuestas durante el período previo a la convocatoria y, en cualquier caso, a las elecciones. En ese sentido, cualquier programa de actuación que no sea la gestión ordinaria del Gobierno dificultará la victoria de la moción, facilitará discursos opuestos a la misma que no carguen con el peso de la defensa del Ejecutivo censurado y, sobre todo, arrojará al candidato, si es elegido, a la difícil prueba de hacer efectivo su programa con un Parlamento casi ingobernable, un Gobierno novato y en un tiempo casi con seguridad insuficiente. Así, la voluntad de añadir a las elecciones un programa de urgencia sitúa al nuevo presidente frente un examen casi inmediato de su gestión ante el electorado; y le exige una labor de pacto con el resto de fuerzas políticas muy superior, en la moción y sobre todo tras ella.

El segundo escenario, en cambio, se define por un programa del candidato que aspira a desarrollar una acción de gobierno plena. El acuerdo para votarle no puede limitarse a censurar al Gobierno existente, sino que se proyecta esencialmente sobre los planes del nuevo Ejecutivo, que devienen parte insoslayable del pacto; y el juicio sobre la actuación del candidato y del resto de fuerzas políticas no se realizará en función de su alineamiento o no con el Gobierno censurado, sino del apoyo logrado al nuevo y su programa. El triunfo de la moción es, en consecuencia, mucho más complejo y laborioso, pero el premio es también mucho más sustancial, en términos de posibilidades de acción y de protagonismo público durante un período relevante. Y si la moción fracasa, lo que se juzgará del candidato será su capacidad de intentar formar una mayoría de gobierno con un programa asumible para todos, más que el propio contenido del programa.

2.- El presidente y la dimisión

El presidente bajo censura, en cambio, tiene la misma posición jurídica en uno y otro casos: no es el protagonista de la moción, sino su obstáculo. Pero mientras ante una moción de elecciones inmediatas deberá esforzarse en defender por sí mismo su acción de gobierno y conseguir aliados, ante una moción de programa alternativo puede dejar el trabajo en manos del candidato. El presidente no tendrá más que señalar sus carencias y, en su caso, dificultar que el candidato obtenga apoyos.

Su papel fundamental, en cambio, tiene lugar fuera de pantalla: el presidente del Gobierno sigue siéndolo, aunque sin poder ejercer una de sus facultades fundamentales: la convocatoria de elecciones. Pero puede frustrar una moción presumiblemente victoriosa de dos modos que, sin embargo, comportan probablemente su suicidio político: asumir el compromiso político de convocatoria electoral inmediata como precio para la derrota de la moción, en una asunción claramente forzada y contra su voluntad que no pretende más que evitar la pérdida del Gobierno (también del Gobierno en funciones) y la victoria de su adversario; o bien dimitir para frustrar la moción de censura y forzar en su lugar una nueva investidura, lo que, al margen de las dudas jurídicas que despierta, puede tener algún efecto positivo para su partido, pero no para él personalmente, y desde luego tampoco para la sacrosanta estabilidad política.

La dimisión, sin embargo, plantea múltiples cuestiones, más allá de una previa y obvia: el momento en que el presidente llega a la conclusión de que perderá la moción y decide frustrarla dimitiendo y, con ello, renunciando a una posible derrota de la moción y la apertura de nuevos escenarios tras ella. 

En primer lugar, cuestiones sobre sus efectos en la moción en trámite: algunos, sobre el ejemplo (y la expresa regulación) de las mociones en el ámbito local, sostienen que no hace decaer la moción, pero tal conclusión parece difícil de conjugar con el carácter personal de la moción de censura, con el cese inmediato del Gobierno tras la dimisión de su presidente y su continuidad meramente en funciones, y con la práctica reciente de la Comunidad de Madrid. Ciertamente, la dimisión frustra la moción; pero debe recordarse que, a diferencia de la disolución de las Cámaras, deja la decisión definitiva en manos del Parlamento mediante la investidura; quien puede ganar una moción de censura debiera estar en condiciones de ganar una investidura, que reclama menos votos; y, en cualquier caso, se mantiene el objetivo constitucional: que no alcance el Gobierno quien no tiene mayoría para ello.

En segundo lugar, la dimisión comporta el mantenimiento del Gobierno, pero en funciones; esto es, limitado al despacho ordinario de los asuntos. Jurídicamente nada impediría que el presidente dimisionario se mantuviera también en funciones, y ésa es la solución por defecto, pues el ejercicio de sus facultades no es un derecho, sino una responsabilidad exigible. En este caso, ante las causas y contexto de la dimisión, puede sin embargo plantearse una efectiva retirada del Mariano Rajoy (es imposible limitar efectivamente una decisión personal de dimisión), lo que probablemente llevaría a que la vicepresidenta asumiera sus funciones en régimen de suplencia. Sabemos ya que los márgenes y facultades de un Gobierno en funciones no están claros, y menos ante el nuevo panorama parlamentario que se generaría, de modo que no parece que una solución de este tipo sea muy ventajosa para el funcionamiento de las instituciones.

En tercer lugar, para el Partido Popular una nueva investidura abre la posibilidad de intentar renovar el pacto de gobierno con Ciudadanos en torno a un nuevo candidato. Pero difícilmente aceptará reforzar a un candidato de futuro del PP; y para un presidente de transición no parece razonable haber llegado hasta el punto de tensión actual. La posibilidad, jurídicamente existente, de investir de nuevo a Mariano Rajoy, parece descartable si no cambia vertiginosamente el actual contexto político. Pero es que tampoco el propio PP parece muy beneficiado por una reedición de su Gobierno mediante acuerdo casi impuesto por Ciudadanos, frente a la posibilidad de escenificar el apoyo de Ciudadanos a un Gobierno del PSOE y con los votos de Podemos, o un Gobierno socialista con votos independentistas. Al respecto debe también valorarse la dinámica interna que en el PP generaría la necesidad de designar un candidato a presidente (no suplente) en un proceso acelerado y con enormes consecuencias para el futuro liderazgo del partido. 

En último lugar, resulta ciertamente cínico que quien ha señalado enfáticamente las consecuencias de la moción de censura para la estabilidad política y económica de España asumiera conducir al país al escenario de un Gobierno en funciones, limitado a actuaciones técnicas, sin mayoría parlamentaria alternativa y por un plazo posible de más de dos años, sin más finalidad que mantener ese Gobierno en manos de su partido. En ese contexto, es casi anecdótico plantearse la desazón, cuando menos, de quienes debieran orientar la nueva y difícil investidura mediante la designación de candidatos: el Rey y la presidenta del Congreso. 

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