Por qué Rajoy no dimitirá ni su partido le sustituirá (de momento)

La evolución del affaire Bárcenas pone contra las cuerdas al partido que gobierna y da pábulo a todo tipo de rumores y especulaciones sobre la capacidad del ex tesorero del PP para hacer caer al Gobierno. Este asunto pone de manifiesto la enésima muestra de hasta qué punto fallan en nuestro sistema político los mecanismos de rendición de cuentas, especialmente cuando un partido ha obtenido previamente una mayoría política y social apabullante.

Ni siquiera la amenaza de una incierta moción de censura planteada por el jefe de la oposición, y condenada de entrada a la derrota, resulta suficiente para forzar una simple comparecencia del presidente del Gobierno ante la cámara parlamentaria. Aunque, en este aspecto, un editorial del Financial Times y algunas decisiones caprichosas de algunos inversores en la otra parte del mundo pueden ser mucho más efectivas.

Sin embargo, comienza a aparecer en el debate de fondo la idea de que la decisión de Bárcenas de abrir sus archivos puede generar consecuencias drásticas: ¿Hará caer al Gobierno? Tal como está el patio, no hay ningún argumento político racional para que un partido con mayoría absoluta en el Parlamento avance las elecciones. Lo significativo en este debate es que la especulación sobre la caída del presidente procede, una vez más, de sectores políticos y mediáticos no muy lejanos a su partido. Esto puede abrir un segundo interrogante: ¿podría el PP optar por sustituir al presidente sin convocar elecciones? ¿Hasta qué punto este escenario es verosímil y previsible?

El recambio de un jefe de Gobierno en mitad de una legislatura, sin que cambie el partido del Gobierno, es un escenario poco usual en las democracias parlamentarias, pero contamos con muchos ejemplos para entender en qué situaciones se produce. En el Reino Unido, desde los años 70, se ha repetido este fenómeno cada vez que un partido ha gobernado y su grupo parlamentario se ha dividido hasta un punto insostenible (Wilson, Thatcher o Blair acabaron dimitiendo a media legislatura y fueron sustituidos por sucesores del mismo partido sin que mediaran elecciones). En algunas de las clásicas democracias denominadas consocionales (Bélgica o Italia), el recambio de primeros ministros permitió reactualizar gobiernos de coalición con los mismos partidos en situaciones de crisis o desgaste (un sentido no muy distinto adquirió la dimisión de Berlusconi la pasada legislatura). En sistemas semipresidenciales como Francia, los presidentes cambiaron sus jefes de gobierno cuando la situación política lo requirió para contener el desgaste gubernamentales sin llegar a elecciones. En Alemania, la figura de la moción de censura constructiva (que sólo adquiere verdadero sentido en situaciones de minoría parlamentaria) no pudo evitar la caída de Willy Brandt en 1974 y su substitución, en medio de la legislatura, por su colega Helmut Schmidt.

Ninguno de estos precedentes alimenta la hipótesis de que Rajoy pueda experimentar la misma suerte. Ni siquiera el precedente de Suárez excita la imaginación. Lo impiden la lealtad casi sumisa (voluntaria o forzada) de los diputados de su grupo parlamentario, el predominio absoluto de Rajoy en el seno del Gobierno y su liderazgo reforzado en el partido.

Es inimaginable una revuelta de diputados como la que sí sufrieron Suárez o Calvo Sotelo. La democracia española no cuenta con verdaderos backbenchers (diputados de segunda fila menos conocidos) dispuestos a hacer valer su autonomía en beneficio de sus electores (una tendencia en aumento en el caso británico y en el conjunto de las democracias anglosajonas). Lo evita la altísima cohesión de los grupos parlamentarios españoles, incentivada por un sistema electoral muy cuestionado (pero también muy eficaz contra la ingobernabilidad) y, sobre todo, y a menudo se olvida, un reglamento parlamentario férreo, diseñado en 1982 precisamente para conjurar la desbandada que sufrió la UCD en los primeros años de democracia.

Menos aún cabe esperar una revuelta interna en el Gobierno, al estilo de las que tumban gobiernos en el Reino Unido, por la simple razón de que, dentro del Ejecutivo, todo está diseñado para subrayar el predominio del presidente ante sus ministros. De tal modo que casi todos los presidentes españoles han acabado comportándose como si fueran el presidente de Estados Unidos. Rajoy no ha sido una excepción, y ha continuado la tendencia a la personalización del poder gubernamental que ya desarrollaron González, Aznar y Zapatero. Una tendencia que pasa por concentrar el control de las decisiones en Moncloa, no favorecer ministros longevos, dificultar su movilidad entre diferentes ministerios y nombrar pocos ministros parlamentarios, poniendo coto así al peso del Grupo Parlamentario dentro del Gobierno e incentivando la lealtad personal al presidente antes que al propio partido.

Es cierto que a ello ha contribuido también una flagrante excepcionalidad española: la inexistencia –hasta la fecha- de gobiernos de coalición, a pesar de que han predominado las legislaturas sin mayorías absolutas desde 1977. Este hecho, sin parangón en sistemas políticos equivalentes (y que se debe principalmente a la aversión al riesgo de los partidos nacionalistas o regionalistas, que han preferido recurrir la política de apoyos parlamentarios basadas en contrapartidas de apoyo político en los parlamentos autonómicos o de transferencias autonómicas) refuerza aún más al jefe del Gobierno en situaciones de adversidad política, como pudo comprobar/disfrutar durante varios años el presidente Zapatero.

¿Podría venir la revuelta desde dentro del partido? En ese sentido se han pretendido interpretar las recientes críticas de Aznar a la acción de gobierno de Rajoy. No obstante, una cosa es cuestionar al Gobierno desde dentro del partido y otra muy distinta es hacer caer al Gobierno. El caso Bárcenas no es un problema de Rajoy, sino una amenaza a todo el PP, principalmente a los dirigentes de la etapa anterior, cuando prestó servicios buena parte de los que ahora podrían estar más enfadados con el presidente. Este hecho y la propia disciplina interna, cimentada sobre el uso partidista del presupuesto público y la distribución de cargos públicos y cargos de partido, son la mejor garantía para silenciar la oposición crítica interna.

Como consecuencia de ello, como ya explicamos en un post anterior (¿Puede haber rescate y Rajoy continuar como presidente del Gobierno?), la posibilidad de una dimisión presidencial es altamente improbable en el escenario actual “dadas dos particulares disfunciones de la política española: la ausencia de oposición interna y la debilidad de la oposición externa a la política del Gobierno. Unas disfunciones que ponen de manifiesto la baja calidad en la rendición de cuentas que se da en nuestras instituciones públicas (más allá de las elecciones y del estricto acatamiento de la ley), así como de la enorme “tolerancia que demuestran los ciudadanos hacia los errores de cálculo y las decisiones equivocadas de nuestros dirigentes políticos”.

¿Significa esto que hemos de descartar la hipótesis de un final abrupto de Rajoy a media legislatura? Probablemente. ¿Podría ser diferente? Sí. Y no hace falta ir muy lejos para encontrar escenarios políticos similares al español donde se han dado salidas muy distintas: la política autonómica. Aunque podemos encontrar en ella muchas de las características propias de la estructura política española estatal que parecen ser tan funestas para la renovación política (ley electoral y otras reglas institucionales, concentración de voto, etc.), ello no obsta para que también haya significativas diferencias en el proceso político.

Desde 1980, España ha tenido 85 presidentes autonómicos, de los cuales 41 tuvieron que dimitir, fueron depuestos, anunciaron su renuncia durante la legislatura o, en algún caso, fueron forzados por su propio partido a no presentarse a las elecciones. Griñán sólo ha sido el último caso. Sólo cinco de éstos dejaron el cargo para optar a un cargo en la política nacional y cinco más lo hicieron tras perder una moción de censura. Esto no ha evitado que los presidentes autonómicos tengan una duración media similar a la de los presidentes del Gobierno central (unos seis años) y estén en la franja alta de los presidentes regionales europeos. Por supuesto, la variedad es elevada: al lado de los Ibarra, Pujol, Bono o Chaves tenemos 38 presidentes que estuvieron menos de cuatro años en el cargo (sin contar los que están en el ejercicio). Diez presidentes apenas estuvieron un año.

Si prestáramos más atención a la política autonómica, en vez de simplemente denostarla, no sólo observaríamos que la política española puede ser diferente (hasta cierto punto), sino que entenderíamos por dónde puede evolucionar ésta en los próximos años, de confirmarse las tendencias al incremento de los terceros partidos.

Incluso con esta perspectiva autonómica, Rajoy podría contar con muchas opciones para mantenerse como presidente hasta el final de la legislatura. En realidad, la perspectiva autonómica desempeñará un papel crucial en este proceso. Más en concreto, las elecciones autonómica y locales de 2015. Si las condiciones políticas y económicas no cambian drásticamente (a mejor), y las malas perspectivas nacionales se trasladan al ámbito autonómico, no es difícil pensar que en el PP se desatará pronto la lucha por ser el próximo candidato a la Presidencia del gobierno. Con permiso de Bárcenas.

(Este artículo fue publicado en Agenda Pública-eldiario.es el 19/07/2013)

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