¿Por qué no disminuye el número de mujeres asesinadas por violencia de género?

En nuestro país anualmente son asesinadas por sus parejas o exparejas entre 65 y 75 mujeres. Resulta sorprendente cómo dichas cifras permanecen casi invariables desde hace 15 años, periodo en el que, según datos oficiales, casi 1.000 mujeres han perdido su vida por este motivo. ¿Y por qué?. ¿Por qué, pese a la batería de medidas adoptadas durante todos estos años, no conseguimos reducir esa cifra? Aunque hay más, voy a destacar cuatro razones.

En primer lugar, el sistema de protección a las mujeres en situación de riesgo se basa en un presupuesto que se ha demostrado falso según el cual todos los maltratadores, incluidos los que están dispuestos a matar (e incluso a veces a morir) cambiarán su comportamiento y omitiran el delito, si la pena con la que se les amenaza es lo suficientemente grave e intimidatoria. En segundo lugar, el sistema de protección no identifica bien ni los factores ni las situaciones de riesgo; se sustenta en inercias y procedimientos que se han demostrado escasamente eficaces y, pese a ello, apenas han evolucionado. Tercero, la protección de la integridad física de la mujer en riesgo se hace depender, de manera inflexible, de la previa presentación de una denuncia de maltrato. Finalmente, en cuarto lugar, el sistema no analiza convenientemente cada feminicidio, no procesa sus errores y por lo tanto no aprende de ellos.

En efecto, nuestro modelo preventivo frente a la violencia de género (incluida, claro está la prevención frente a la muerte violenta de la mujer) se sustenta en gran medida sobre la amenaza penal. Parte ingenuamente de la idea de que el potencial feminicida es un delincuente más, una persona que responde a parámetros normales de motivación. Sin embargo, a raíz del análisis y tratamiento estadístico de centenares de datos obtenidos durante los últimos 15 años, puedo afirmar que esto no es así. En los supuestos más graves (cuando  el modelo de dominio y control del varón sobre la mujer alcanza sus mayores cotas) en los que la mujer está sometida a un muy elevado riesgo de sufrir una agresión mortal, las medidas penales y procesales (básicamente la prisión y el alejamiento y control del agresor) revisten escasa utilidad. Nos encontramos ante un sujeto escasa o nulamente motivable por la amenaza penal; su comportamiento no está condicionado en absoluto por la pena con la que se le conmina (es lo que técnicamente se denomina inasequibilidad normativa). Esa inasequibilidad, y el consiguiente alejamiento del perfil más común del delincuente, la visualizamos con toda su crudeza cuando comprobamos cómo casi un tercio (28,9%) de los feminicidas se suicidan o lo intentan después de matar a su pareja, tras una planificación conjunta de ambos actos (H/S) y cómo la inmensa mayoría de los restantes, se entregan a las autoridades policiales, sin enfrentarse mínimamente al sistema.

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Hoy sabemos que la denuncia (de maltrato) y la separación (del agresor) o su mero anuncio, ya sean juntas o por separado, son las dos formas de cuestionamiento radical del dominio del varón sobre la mujer y, como tales, los factores más relevantes de riesgo de feminicidio. La constatación de que el tipo de relación de dominio, sobre la que el varón ha construido su propia existencia, llega a su fin, produce en éste una descompensación extrema que en ocasiones termina con el asesinato de la mujer.

Si atendemos a la información analizada, consta que nada menos que el 34,4% de los feminicidios se habrían producido mientras la víctima se encontraba en trámites de separación o divorcio, siendo ésta la variable que más veces se repite . En realidad, el porcentaje de supuestos en que el feminicidio se produce en situaciones de ruptura de la relación debe ser bastante superior, primero porque hay casos en que el referido proceso estaría en una fase previa y no consta en las estadísticas y, en segundo lugar, porque los datos se limitan sólo a las rupturas de vínculos matrimoniales, pero no de pareja. La denuncia activa (o debe activar) una serie de medios de protección física de la mujer; sin embargo la decisión de separación, que no va acompañada de denuncia, no pone en marcha ninguna fórmula de protección física de la mujer. Nuestro modelo constitucional impide tomar medidas restrictivas de derechos sobre el potencial agresor, pero no existen limitaciones que nos impidan proteger a la víctima, cuando el riesgo de feminicidio exista y el sistema utilice los instrumentos de los que dispone, aún sin denuncia, para detectarlo.

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De todos los feminicidios de género causados en la última década sólo en un 15,7% de los casos la víctima había denunciado previamente al varón, pese a que el asesinato no habrá sido el primer acto violento. El ejercicio de posiciones de dominio y control prolongadas en el tiempo provoca en la víctima la desactivación progresiva e intensiva de sus capacidades para hacer frente al estado de agresión y para asimilar las posibles consecuencias vitales (reales e imaginadas) derivadas de la denuncia de maltrato y es que la situación de una mujer sometida a este proceso difiere poco de la de los prisioneros de guerra o de las víctimas de secuestros de larga duración.

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En ese 15,7% de los feminicidios en los que sí existía una denuncia el sistema no fue capaz de evitar la muerte violenta de la mujer, porque el actual sistema de valoración del riesgo de las víctimas (VPL/VPER) tampoco ha sido capaz de discriminar los casos de riesgo extremo de los demás, lo que impide asignar adecuadamente los medios de protección física directa y, cuando los detecta, no siempre es capaz de ofrecer una protección adecuada. Pero, sobre todo, no olvidemos que en el 85,3% de los casos no se presentó denuncia y que si seguimos haciendo depender el sistema de protección física a la mujer de la presentación de denuncia seguiremos abocados al fracaso.

Autoría

6 Comentarios

  1. SOLEDAD MURILLO DE LA VEGA
    SOLEDAD MURILLO DE LA VEGA 04-02-2016

    Gracias por el artículo, sin embargo, hay un factor importante para argumentar porque lo penal no inhibe los comportamientos, el número de sobreseimientos en nuestro país.
    La Ley contra la Violencia, fija trabajos comunitarios que no se han puesto en marcha
    Como no funcionan las unidades de violencia de todas las Subdelegaciones de gobierno que deberian coordinar, AAMM, Cuerpos y fuerzas de seguridad, jueces y fiscales entre otros.
    Tampoco se ha puesto en marcha la figura de una persona experta en los Consejos Escolares, donde curiosamente las chicas hablan del tema y los chicos parecen mostrar masculinidades mas tradicionales, sin tanto pudor como en la universidad.
    La ley no se ha aplicado y tampoco se ha evaluado.

    • Anaid Campos
      Anaid Campos 04-02-2016

      eso es cierto las medidas implementadas son más bien un cumplimiento de tipo formal político. cierto es que las penas no inhiben al delincuente, lo que lo inhibe es sabe que la justicia es efectiva y que si lleva acabado esos actos tendrá una efectiva sanción. la corrupción y la indiferencia social son las causas reales de la incidencia de feminicidios en el país.

      • CHARO
        CHARO 04-04-2016

        EL feminicidio, o femicidio es TERRORISMO DE GÉNERO, COMO EL TERRORISMO YIHADISTA O TERRORISMO FINANCIERO, y estos terrorismos deben estar castigados con la máxima pena, de 30 años como mínimo, a cadena perpétua, para disuadir a los agresores. Por otra parte, desde la infancia aparte de impartir las asignaturas de ética e igualdad de género, se deben impartir a las niñas, adolescentes y jóvenes clases de defensa personal como tawondo, kárate, judo, etc, y a las mujeres y niños, amenazados de muerte por su pareja, proporcionarles refugio secreto, y de no ser así proporcionarles clases gratuitas para manejar y licencia de armas, para actuar en legítima defensa de su vida, al ser atacada por el machista agresor. Pero siempre lo primero es concienciar a las mujeres de no tolerar ni el primer ataque a su dignidad y poder personal. Si no se permite al diablo entrar en tu mente, se le expulsa para siempre de tu vida. Por eso la independencia propia debe estar por encima de la pareja y de cualquier tipo de cadena que perjudique a la mujer en sus derechos e intereses.

  2. Inés Castellanos
    Inés Castellanos 04-05-2016

    A la mujer se la trata como a una cosa, no como ser humano digna de respeto, hasta los prelados de la iglesia recomienda obediencia ciega al marido, por lo tanto no esperemos mucho más.Hace falta gente dispuesta a decir la verdad para que nos hagamos eco.Hasta cuando, hasta cuando tenemos que aguantar semejante lacra?

  3. Júcar Morales
    Júcar Morales 04-16-2016

    Celebro este artículo, y supongo que lo mismo haría con el libro en que se basa. Aunque el mensaje parece difícil de entender, no es muy complicado: es falso el supuesto de que se evitará el delito si la pena es lo bastante grave. No solo lo muestra así el análisis de la experiencia española; es un lugar común de la sociología, si no desde el estudio del Suicidio por Durkheim, sí desde que William Chambliss desarrolló la distinción entre conducta instrumental y expresiva, la primera sensible a las penas e indiferente la segunda (Cf. Types of Deviance and the Effectiveness of Legal Sanctions, 1967). El fracaso de una política de procedimientos formales era muy previsible; habría sido mejor montar servicios cercanos e informales de solución de conflictos entre las parejas.

  4. rene
    rene 06-21-2016

    Muy bueno al artículo sobre feminicidio…..
    Las causas de este flagelo según yo…… la corrupción de las autoridades encargadas. Vacíos legales [que los agresores tienen derecho a la defensa gratuita de parte del estado?] no así las víctimas. La mentalidad machista tanto de varones y mujeres.

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