Políticas culturales: la gran carencia

Es una pena el abandono en que se encuentra la política cultural española. Ya pocos nos acordamos del esplendor de los años 80 del pasado siglo. No ha existido tampoco una política industrial, ni una política energética ni una política de Investigación y Desarrollo, pero de todas esas carencias la más lacerante (por lo que España fue en otros tiempos y en época no tan lejana, y el erial en que se ha convertido) es la ausencia de una política cultural, esto es, de un modelo de organización democrático y participativo para el desarrollo del arte en nuestro país en el triple aspecto de protección del patrimonio, fomento del mercado y promoción de los artistas contemporáneos.

¿Cómo ha sido posible tamaña regresión cultural en tan pocos años? El punto de partida es lamentable. Poseyendo uno de los principales legados artísticos del mundo y la creatividad incesable de los artistas vivos, la marca España, que debería nutrirse como en otros países de ambas ventajas, ha elegido estandartes que se suponen más fáciles o populares como la cocina, el vino, la moda, el folklore, los toros o el flamenco, dicho sea con el máximo respeto a estas actividades. Sin embargo, cuando España es noticia en el mundo, lo que no sucede con frecuencia, casi siempre se debe, en lo positivo, al arte o al deporte; o, en lo negativo, a la corrupción política o a la inconsistencia política. El trato presupuestario humillante que el anterior Gobierno dedicó al Museo Nacional del Prado es unas de esas noticias que producen vergüenza ajena.

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

En este momento, la protección del arte antiguo se rige por normas anquilosadas -la Ley del Patrimonio Histórico, anterior a la entrada de nuestro país en la Unión Europea- y se aplica conforme a criterios de interpretación administrativa discrecional que no transmiten seguridad jurídica a los propietarios actuales o futuros. No es culpa de los funcionarios, sino de una legislación que, por poner sólo algunos ejemplos:

– No define con precisión qué bienes forman parte del Patrimonio Histórico, de forma que, en principio, cualquier objeto con antigüedad superior a 100 años que se encuentre en el país podría quedar, cualquiera que sea su valor, sujeto a las limitaciones legales, incluida la necesidad de permiso de exportación para venderlo fuera de España.

– No prevé instrumentos de transparencia administrativa que son comunes en otros sectores regulados: la consulta vinculante o la publicación en la web del Ministerio de criterios orientativos.

– Exige licencia de exportación incluso cuando el destino de la obra está dentro de la Unión Europea.

– No admite que el solicitante de la licencia de exportación intervenga en el procedimiento aportando informes de expertos independientes.

– Establece como órgano nuclear del sistema la Junta de Calificación, organismo administrativo integrado por reputados funcionarios pero designados todos ellos por la Administración, lo que les resta independencia en las propuestas y en las valoraciones. Nada que ver con los councils existentes en otros países, en los que el sector cultural privado tiene la capacidad de nombrar a sus representantes.

– Las licencias de exportación se conceden sólo por un año -a pesar de que la norma no impide hacerlo por periodos más largos-, y en ocasiones se revocan o se deniegan pasado ese plazo a pesar de haber sido otorgadas pocos años antes.

– El reparto de competencias entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas resulta caótico: el Estado retiene la potestad de controlar la salida y entrada de bienes culturales y de prohibir temporalmente la exportación, pero son las comunidades autónomas las únicas facultadas (hay 17 leyes de patrimonio histórico en el país) para declarar los bienes de interés cultural y la protección definitiva de los mismos. Esta situación, consagrada por el Tribunal Constitucional, está provocando conflictos de manera constante.

– La denegación de la exportación no discrimina; da lo mismo que el destino del bien sea un museo o una institución cultural de otro país que una venta en subasta pública o una venta privada.

– No existen mecanismos de resolución extrajudicial de diferencias. El administrado se ve obligado a recurrir en vía contencioso-administrativa, con los costes y dilaciones consiguientes.

– Y, tal vez lo peor de todo, la Administración tiene el derecho de adquisición preferente sobre las obras cuya exportación se deniega. Pero raras veces lo ejerce. Al propietario se le prohíbe de iure vender fuera de España y de facto le pasa lo mismo dentro del país, porque a partir de un cierto valor el mercado español no tiene capacidad alguna para adquirir piezas importantes. El resultado se parece enormemente a una expropiación forzosa sin compensación. Sólo Italia mantiene un sistema comparable.

Hablemos ahora de políticas de promoción del arte. Brillan por su ausencia. Los recortes presupuestarios han hundido las ayudas al arte que, además, está sufriendo una discriminación negativa dentro del propio sector cultural. El cine o el teatro pasan ahora a disfrutar de una fiscalidad mejor. Las ventas de obras de arte soportan el mismo IVA que cualquier transacción o servicio comercial, con el tipo de gravamen más elevado de la Unión Europea. Resulta más económico para un español comprar arte en una galería francesa o alemana que hacerlo en Madrid o Barcelona.

El mecenazgo en España es una entelequia: sólo gozan de deducción fiscal las aportaciones a fundaciones registradas. Las donaciones, ayudas o cesiones a sociedades, particulares o artistas carecen de toda ventaja fiscal. Lo mismo la transmisión gratuita -donación o herencia- de obras de arte -incluso de colecciones unitarias-.

Nos referimos, por último, a los artistas. Los que desarrollan carreras medias y los más jóvenes se encuentran desamparados. Confiemos en que el futuro estatuto del artista -la Subcomisión del Congreso de los Diputados está finalizando sus trabajos- corrija las deficiencias existentes. En este momento, el artista, sea autónomo o dependiente, es un obligado tributario más, tratado incluso peor que cualquier profesional liberal. El estatuto pretende que los ingresos de los artistas tributen de acuerdo con la irregularidad con que se producen, que los costes de su trabajo sean deducibles o que la pensión de jubilación no constituya un freno para la creación de los artistas mayores.

No es tan difícil definir un plan a corto y medio plazo que ponga remedio a la situación:

– Reintroducir horas preceptivas dedicadas a la cultura y el arte en la enseñanza obligatoria.

– Revisar y actualizar la Ley del Patrimonio Histórico.

– Modificar la legislación sobre mecenazgo y favorecer fiscalmente la inversión en obras de arte.

– Poner en marcha la agenda legislativa que prevé el futuro estatuto del artista.

– Definir medidas de incentivación también en la imposición indirecta y en los impuestos que gravan las herencias y las donaciones de arte. Alinear el impacto del IVA y de otros tributos con la práctica de los demás estados europeos.

Las políticas culturales no pueden emanar exclusivamente de los poderes públicos ni de prescriptores privados. Hay que crear consejos consultivos en los que estén representados todos los sectores implicados en la cultura, incluidos desde luego los artistas, para garantizar procesos transparentes de participación, gestión y definición de cadenas de validación que no sean patrimonio de determinadas personas o tendencias. En este momento, ya no es sólo la coherencia cultural de Francia o el pragmatismo de los países anglosajones los que nos provocan envidia, sino el hecho de que países sin artistas comparables a los españoles y con PIBs muy inferiores al nuestro, como Portugal o México, hayan sido capaces de implantar en muy poco tiempo medidas de desarrollo cultural que ya quisiéramos disfrutar nosotros.

Más que innovar, se trata de copiar cosas sencillas. En el Reino Unido viene funcionando desde hace años una lotería cuyos ingresos se destinan al desarrollo del arte contemporáneo nacional. Es un éxito de tal calibre que Francia acaba de copiar el modelo. Volver a admitir la dación como forma de pago de impuestos, una práctica que en España fue bruscamente interrumpida pero que funciona a la perfección en muchos países. Pensar en medidas para que aflore el patrimonio oculto, que se supone que es enorme. Baste señalar que el patrimonio de la Iglesia y de las órdenes religiosas no se encuentra inventariado, a pesar de la ley de 1985 estableció la obligación de hacerlo.

La opacidad es al mercado del arte lo mismo que la corrupción a la política: un mal endémico que es necesario erradicar cuanto antes. La cadena de confianza en la que las transacciones solían antes descansar ya no es suficiente. El mercado debe girar en torno a la transparencia: que se conozca exactamente el origen de las piezas, su registro, la identidad de vendedores y compradores, la formación de los precios, el cumplimiento de las normas, la protección de los creadores. El origen dudoso de algunas inversiones, el precio artificial de determinadas obras y artistas o la inflación de intermediarios son lacras que quizá tengan una importancia relativa a nivel global, pero que resultan letales para un mercado de oferta como el español en el que lo mejor se ignora o se va fuera y en el que apenas existen incentivos para el mecenazgo y el coleccionismo. La decadencia del sector artístico español recuerda, en algunos aspectos, a la del sector del ladrillo, que en unos años pasó de ser motor del desarrollo a constituirse en causa principal del derrumbe de la economía española.

Sin un cuadro de medidas como éstas, entre otras, el mercado de arte en España, ya frágil, raquítico y postrado, se seguirá hundiendo. Los compradores invertirán en ferias, subastas y galerías de otros países y se centrarán en la obra de artistas extranjeros, como ya vienen haciendo. Las obras de arte adquiridas fuera no vendrán a España. Los extranjeros dejarán de comprar arte español en España. Los conflictos entre comunidades autónomas arreciarán. La conflictividad entre el sector público y el privado, que deberían ir de la mano, se agravará. Se cerrarán galerías de arte y estudios de artistas. Hoy cualquiera de nuestros artistas clásicos hubiera tenido que emigrar a otro país para ser reconocido. Los artistas que no puedan expatriarse seguirán viviendo del subempleo o tirando la toalla.

Estas medidas tendrían un impacto ridículo en el PIB y a medio plazo reportarían al país unos retornos muy elevados no sólo en términos de reputación y de desarrollo cultural, sino también de volumen de negocio. Vale la pena intentarlo. La política y la cultura tienen una potencialidad común: la de imaginar nuevos escenarios de lo posible y contribuir a su existencia. Por eso es una magnífica noticia la recuperación del Ministerio de Cultura.

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.