Política judicial y politización de la Justicia: una breve guía de uso

La Justicia parece estar a la defensiva. En Francia, la Cour de Cassation, uno de los más altos tribunales del país, ha tenido que responder estos días a las acusaciones de falta de independencia de la Justicia proferidas por François Fillon y Marine Le Pen, candidatos respectivamente de la derecha y la extrema derecha a las presidenciales francesas, acorralados ambos por escándalos de corrupción. En Cataluña, diferentes actores del campo independentista han venido acusando a los altos tribunales españoles de politización. Incluso, no hace mucho, Donald Trump atacaba duramente a la judicatura americana, a la que acusaba de estar politizada, después de que ésta bloqueara su discriminatorio veto migratorio. Por todas partes se evalúa, se critica y se instrumentaliza la independencia de la Justicia, así como su conexión con la política, en especial para atacar sentencias que no agradan. Pero ¿qué hay de verdad en estas acusaciones? ¿Está la Justicia politizada?

En el área de Judicial Politics, una subdisciplina de la ciencia política, un buen número de académicos y académicas llevan ya décadas trabajando sobre este tema, aportando evidencia empírica rigurosa y sistemática. En esta entrada me gustaría explicarles algunos de los hallazgos del campo. Con ello, querría hacer una pequeña aportación al imprescindible debate sobre este tema entre académicos, periodistas, juristas y ciudadanos. En particular, me gustaría hacer cinco apreciaciones:

1. Por más que nos pese, la “politización” de la Justicia, o si prefieren una formulación más moderada su “politicidad”, es un hecho apoyado por abundantísima evidencia empírica. En particular, disponemos de una amplia evidencia de que la ideología de los jueces o magistrados, o de los actores que los nombran, juega un papel en sus decisiones. Tenemos evidencia para el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, para el Consejo Constitucional Francés o, desde hace bastante tiempo, para el Tribunal Supremo Norteamericano, por citar solo algunos. Y también la tenemos para los altos tribunales españoles. Desde un plano normativo, esto es en efecto un problema, porque en un Estado de Derecho los órganos de tipo jurisdiccional se legitiman, sobre todo, por su imparcialidad e independencia en la aplicación del derecho. Y, de hecho, es muy probable que la despolitización total de la Justicia sea un objetivo imposible, aunque como afirmo más adelante mejores diseños institucionales pueden ayudarnos a reducirla.

2. Sin embargo, la Justicia no es solo politización. No conozco ni un solo estudio empírico que haya sido capaz de entender la totalidad del comportamiento general de una institución judicial usando solo explicaciones sociopolíticas. Y en realidad, sabemos poco acerca de hasta qué punto importa el derecho en ese mismo comportamiento, lo cual es obviamente problemático ya que los jueces están ahí precisamente para aplicar normas jurídicas. Como explico en un artículo sobre la cuestión, parte del motivo es que las reglas del derecho son difíciles de operacionalizar, es decir, de introducir como variables explicativas en los modelos estadísticos que normalmente usamos. Pero eso no significa que sean irrelevantes. De hecho, los estudios que han buscado estrategias metodológicas para incluir variables jurídicas en estudios del comportamiento judicial han obtenido resultados positivos. A priori, creo que plantear que los jueces no aplican en absoluto el derecho y solo siguen motivaciones políticas es probablemente tan imprudente como afirmar que la política no juega un papel en sus decisiones

3. Siguiendo en este punto a Dyevre, los modelos de relación entre políticos y jueces son complejos, e incluyen trasfondos motivacionales muy variados. Las narrativas dominantes en el debate público sobre tribunales suelen quedar limitadas a dos o tres tipos básicos. Tenemos el modelo del juez imparcial que aplica escrupulosamente las normas jurídicas sin desviaciones políticas (lo que Dyevre llama el ‘modelo legal’). Y encontramos también el modelo contrario, del juez politizado que dicta sentencia en base a sus preferencias personales y su ideología (el modelo actitudinal) o, en una variación de este modelo, en base a las preferencias del partido que lo nombró. En la academia, estos modelos conviven, se complementan y en ocasiones compiten en los trabajos empíricos. Pero no son los únicos y, limitar nuestras narrativas sobre el comportamiento judicial a estos modelos es perdernos parte de la explicación, y de la diversión. Siguiendo con Dyevre, por ejemplo, en tribunales colegiados no podemos entender el comportamiento de los magistrados sin tener en cuenta las normas que regulan la adopción de decisiones dentro de la institución (modelo institucionalista internalista), pues éstas estructuran la interacción entre aquéllos. También es preciso tener en cuenta las potenciales relaciones de competición entre órganos judiciales (modelo de competición inter-judicial, desarrollado magistralmente por Karen Alter). Y además, debemos tener en cuenta en cada caso el nivel de determinación de las normas jurídicas, que pueden limitar o ampliar el margen de maniobra de los jueces. Todos estos modelos, y otros que por motivos de espacio no he podido reseñar, en realidad, pueden convivir fácilmente como explicación del comportamiento de los jueces, llevando a una conclusión que, en realidad, es valiosa para casi todo en la vida: huyamos de explicaciones mono-causales, hagamos el esfuerzo de intentar entender la complejidad causal.

4. Atacar a la Justicia como politizada cuando una sentencia no gusta es todo un clásico: forma parte de las estrategias políticas de framing de decisiones judiciales. Pero lo cierto es que es muy difícil saber si la motivación de una decisión judicial particular es política, puramente jurídica, o una mezcla de ambas cosas. En general, no lo podemos saber, porque no estamos en la cabeza del juez. De hecho, probablemente ni si quiera el juez lo sepa. Es más, un caso particular es siempre anecdótico, y no podemos hacer generalizaciones sobre la politización o no de la Justicia basándonos solo en él. Para entender esta cuestión en general es preferible estudiar número elevado de casos, de forma sistemática y usando las herramientas y reglas de las ciencias sociales. Al hacerlo, probablemente entremos en el territorio de las explicaciones matizadas y la complejidad causal.

5. Judicial Politics, la disciplina académica que estudia la judicatura desde una perspectiva politológica, no es enemiga del Poder Judicial. Tampoco lo son disciplinas vecinas, como la sociología jurídica o los estudios jurídicos empíricos. Al contrario. Todas estas disciplinas académicas no han venido a destruir a nuestra Justicia, sino solo a entenderla. Es cierto que, al explicar los vínculos entre políticos y jueces, la academia puede provocar un cierto “desencantamiento del mundo” judicial, parafraseando a Weber: el viejo mito popular de unos jueces sabios, justos e imparciales, casi sobrehumanos en sus cualidades morales y cognitivas, queda sustituido por una visión más prosaica de la judicatura, que descompone el comportamiento judicial en datos y números, y cuyos hallazgos pueden chocar con las narrativas legitimadoras del Poder Judicial en una sociedad democrática. Sin embargo, y precisamente porque hacen esto, estas disciplinas pueden ayudarnos a mejorar nuestras judicaturas. Pueden ofrecer información sobre qué diseños institucionales contribuyen a maximizar la independencia judicial, qué características mejoran la confianza y satisfacción ciudadana con la Justicia o, incluso, qué cualidades de la judicatura pueden contribuir a alcanzar democracias más estables, duraderas y de calidad.  Pero para todo ello, el análisis sin prejuicios ideológicos, sin tabúes y basado en evidencias sólidas es imprescindible.

Autoría

2 Comentarios

  1. Juanmari
    Juanmari 03-27-2017

    ¿No habría que distinguir entre dos cosas, por un lado que los jueces tengan una ideología que pueda, en mayor o menor grado, condicionar sus sentencias y por otro lado, la independencia del poder judicial respecto del poder político?
    Por ejemplo, los jueces del TS en EEUU tienen su ideología pero el cargo vitalicio les garantiza una gran independencia del poder político. No les pueden prometer prebendas ni cargos. Problemas diferentes, soluciones diferentes aunque dudo de que la ideología de los jueces suponga un problema real o, al menos, en el mismo grado que la (no) independencia del poder político.

    • Pablo José Castillo Ortiz
      Pablo José Castillo Ortiz 03-27-2017

      Sí, absolutamente. Tiene usted razón. Creo que hay dos cuestiones que hay que distinguir: independencia judicial y neutralidad política. Un órgano jurisdiccional puede ser totalmente independiente de actores políticos y aún así tiener un claro sesgo ideológico, por tener sus miembros preferencias ideológicas personales muy marcadas. Este tipo de sutilezas es bueno introducirlas en el debate público.

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.