Política y derecho en el proceso independentista en Cataluña

El proceso soberanista en Cataluña se ha desarrollado fundamentalmente como un debate jurídico: la mayoría de quienes lo han planteado defienden sus diversas concreciones (referéndum, desconexión, autodeterminación, independencia, pertenencia a la UE…) como derechos; la práctica totalidad de quienes se han enfrentado a él niegan tal condición y sostienen su carácter contrario al ordenamiento. Resultado de este planteamiento ha sido un debate centrado en la legitimidad de un referéndum unilateral (o, si se quiere, la obligada realización de un referéndum pactado), al que recientemente se ha unido una inmediata declaración de independencia en caso de victoria de los partidarios de la misma.

Este enfoque jurídico es ciertamente paradójico, pues no existe duda razonable alguna sobre el carácter inconstitucional de estas demandas; y a mi juicio tampoco sobre la inexistencia de una base jurídico-internacional que les dé cobertura. Que algo sea contrario a derecho no lo hace imposible, ni necesariamente indeseable o pernicioso. Simplemente lo traslada al mundo de los hechos y de la fuerza (política, de convicción) para enfrentarse al derecho y derrotarlo, precisamente para crear un nuevo orden jurídico a partir de las posiciones victoriosas. Y, sin embargo, el debate sobre el proceso soberanista no se ha desarrollado en el terreno de la demanda política de reforma ni en el de la superación del marco jurídico, sino en el de la reclamación del derecho. Esta “juridificación” del debate ha tenido diversos elementos positivos, tanto “objetivamente” (si algo lo es) como para cada una de las partes.

Para los “independentistas” ha posibilitado una presentación de su discurso centrada en una idea tan fuerte y evocadora de legitimidad como los “derechos” (aunque sean “a decidir”); y un objeto de discusión central tan atractivo como el voto ciudadano en el referéndum. Mientras estos elementos ocupan el centro del debate, poco o nada hemos discutido sobre las razones de los agravios que han llevado a este proceso, sobre sus consecuencias para los propios elementos definitorios de la identidad de Cataluña (objeto de consenso general hace pocos años: desde la fuerza de la nación sin estado hasta los elementos positivos y dinámicos de la pluralidad de lenguas, culturas e identidades), sobre las ventajas económicas del modelo autonómico o sobre el sentido de la secesión en el contexto europeo. Este desplazamiento ha sido, en mi opinión, enormemente favorable para las posiciones independentistas.

Para los “unionistas”, el planteamiento jurídico ofrece una ventaja indudable: la victoria (jurídica). No hay manera de defender jurídicamente las posiciones sostenidas desde el independentismo que, sentencia a sentencia, se ven rechazadas y arrinconadas, lo que lleva a una huida hacia adelante a posiciones cada vez más insostenibles (jurídicamente). Pero además el enfoque jurídico permite desplazar la responsabilidad de decisión desde las instituciones políticas a los tribunales o, aún mejor, a la Constitución, virtud muy atractiva para evitar los riesgos de todo posicionamiento político y para mantener una unidad de respuesta entre partidos que, en caso contrario, sería fácilmente resquebrajable. Y, por último, deslegitima sin más al independentismo, cuyas reclamaciones no son ya demandas ciudadanas (más o menos razonables) a las que responder, sino posiciones contrarias al sistema.

Y, objetivamente, el desplazamiento es también beneficioso: se evita el “choque de trenes” de dos parlamentos (o, peor aún, de dos ejecutivos), con las consecuencias sin duda poco deseables del conflicto institucional y el recurso a instrumentos excepcionales como el artículo 155 CE; y se sustituye, al menos temporalmente, por un procedimiento jurisdiccional mucho menos azaroso y aventurado, bien conocido, y que, en el mejor de los casos, podría haber canalizado la situación.

Pero el desplazamiento al derecho ha tenido una enorme desventaja: la renuncia al debate político. En efecto, ante los tribunales no se discuten las razones de cada una de las posiciones, sino que se enjuician: el referéndum no puede ser unilateral porque lo prohíbe el artículo 149.1.32 de la Constitución; la independencia no puede producirse porque lo prohíbe el artículo 2 de la Constitución; la desconexión es indefendible porque vulnera frontalmente no menos de la mitad de la Constitución y el ordenamiento… Todo ello es cierto, pero desde luego no tiene en sí mismo ninguna fuerza de convicción política, más allá de los que, por deformación profesional, valoramos el respeto del derecho. Lo relevante es la razón que está detrás de la prohibición del referéndum unilateral (quizás la necesidad de que quien deberá asumir las consecuencias políticas del referéndum sea quien debe convocarlo) o las razones que se encuentran tras la unidad de España (un proyecto de valores y desarrollo común, una capacidad de acción notable dentro y fuera de nuestras fronteras, una riqueza fundamentada en el reconocimiento de la pluralidad…). Razones que no se explicitan en una sentencia y de las que surgirían probablemente propuestas para mejorar nuestro sistema y, con ello, recuperar el valor integrador de la Constitución.

Así que, para los unionistas, mientras el debate jurídico se gana sin esfuerzo, se renuncia en buena parte al debate político y social. La victoria jurídica es valiosa, sin duda, pero el derecho llega hasta donde quiere la sociedad que lo sustenta. Si quienes cuestionan el derecho son pocos, éste se impone; si son muchos, pierde capacidad de vigencia efectiva y se abre el riesgo de una decisión política de ruptura. En ésas estamos en Cataluña (y, en mi opinión, en toda España en otros ámbitos de la regulación constitucional, aunque aquí la crisis de confianza no haya encontrado todavía sus valedores institucionales).

Porque el debate no es jurídico. Es social y político. Y sólo se resolverá con argumentos sociales y políticos. El problema para el modelo constitucional no es el referéndum del 1 de octubre, sino que estén dispuestos a votar en favor de la independencia cerca de dos millones de personas. Y el reto no es impedir el referéndum; es conseguir que esa cifra se reduzca porque buena parte de esos ciudadanos vuelvan a sentirse reconocidos en el marco constitucional. A su vez, el problema para el independentismo no es la prohibición del referéndum, sino que la mayoría de ciudadanos catalanes no quiera la independencia y, muchos de ellos, ni tan sólo queramos el referéndum; y su reto también es incorporarnos a su proyecto.

La falta de debate político fosiliza las posiciones y profundiza la trinchera que hemos construido. El debate de fondo es, a mi juicio, la sola forma de llegar a un referéndum del único modo en que éste tiene sentido: con una mayoría clara (en uno u otro sentido) que en la práctica lo haga innecesario.

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