Pobreza y solidaridad: no es cuestión solo de dignidad

En una versión poco amable de la tradición cristiana, la pobreza es explicada como un castigo derivado de comportamientos desordenados de personas que han incurrido en ciertos pecados capitales –gula, lujuria y, sobre todo, pereza-. Por ejemplo, la Reforma Protestante consagró una imagen negativa de la pobreza, que culpabilizó al pobre por serlo y deslegitimó la ayuda al necesitado por considerarla perniciosa para la sociedad. Esa imagen sintonizaba bien, ya en el siglo XVII, con las nuevas tendencias productivistas del capitalismo emergente, que pugnaban por implantar nuevas condiciones de vida y de trabajo compatibles con las necesidades del aparato productivo cambiante.  Las leyes de pobres (poor laws) o las casas de trabajo (workhouses) inglesas condicionaban las ayudas a los pobres a la aceptación de condiciones de control extremo, justificándose en la suposición de que solo bajo  severos regímenes disciplinarios los pobres iban a rehacer sus vidas disolutas.

Actualmente, la pobreza sigue teniendo mala fama en ciertas capas de la población. Los estudios sobre opinión pública hacia el Estado de Bienestar evidencian que un porcentaje de la población considera más ilegítimas las ayudas a desempleados o personas en situación de extrema necesidad económica que otro tipo de políticas sociales.  Las transferencias monetarias a pobres son percibidas como “paguitas” que desincentivan el trabajo. A sabiendas de ello, los partidos políticos que cortejan a este tipo de electorado tienen agendas sociales en que la solidaridad con los más vulnerables apenas aparece, o si lo hace, restringe la posibilidad de ayudar a una fracción de las personas en situación de necesidad, una suerte de pobres “dignos”, poco sospechosos de haber caído en uno de los pecados capitales.

En España, el temor a ser acusados por este tipo de electorado como “manirrotos”, ha hecho que algunos partidos siguen mostrándose incapaces de articular una política decidida de lucha contra  la pobreza para dar respuesta al drama de millones de personas azotadas por la crisis, bajo el pretexto de que deben esperar a que la recuperación económica los saque de su particular situación de necesidad. Otros se resisten a ayudar a los pobres que no encuentran trabajo, focalizando las ayudas en la pobreza “digna” de los trabajadores con bajo salario. Sin embargo, pasan por alto el hecho de que las grandes bolsas de pobreza y vulnerabilidad se concentran en los hogares sin ingresos, donde a menudo hay parados de larga duración a los que ha resultado imposible encontrar un trabajo en esta de crisis  y destrucción masiva de empleo. Se alega que no hay que ayudarles, sino enseñarles a pescar, sin reparar en que no hay suficientes peces en el estanque.

Sin embargo, también es muy alentador comprobar que perviven partidos, sindicatos y agentes del Tercer Sector que superan esa tentación a la insolidaridad, y proponen, en el momento en que más necesarias son, iniciativas para garantizar mínimos vitales a las personas. La crisis que hemos atravesado es una crisis socialmente injusta. No ha azotado a todo el mundo por igual. Mientras en algunos barrios ha sido un auténtico huracán que ha destrozado vidas y quebrado certidumbres, en otros se ha manifestado como una ligera brisa, incapaz de acatarrar a nadie. En estas circunstancias, se impone la necesidad de un rescate social a través de una renta mínima garantizada. Una iniciativa como ésta contribuiría a cerrar y dar coherencia a nuestro Estado de Bienestar (en sintonía con los países de nuestro entorno), que ha sido tradicionalmente muy poco generoso con los segmentos más desfavorecidos, como pone de manifiesto la OCDE un informe tras otro y los expertos académicos sobre el tema.

Es ingente el volumen de investigaciones que acreditan los efectos beneficiosos de pequeñas ayudas económicas a los colectivos más desfavorecidos, especialmente cuando vienen acompañadas de medidas de activación laboral y reintegración social. En el caso de los niños, contribuyen a corregir las situaciones de exclusión en esos años decisivos de su vida, de los que depende su bienestar psicológico, su éxito educativo, su salud y sus futuras oportunidades de inserción laboral. Los programas de ingresos mínimos, no solo contribuyen a asegurar una vida digna para aquellos que están ahora en situación de pobreza severa. Además, son un mecanismo que promueve la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la competitividad económica y la sostenibilidad futura del sistema de bienestar. Nuestro futuro como sociedad depende de que no dejemos atrás a nadie, de que todos seamos reconocidos plenamente como ciudadanos, capaces de aportar, de contribuir con nuestro talento a hacer una sociedad más próspera, en la que gracias a nuestra inversión actual, no necesitemos políticas paliativas en el futuro . Depende de que aparquemos puritanismos estériles e insolidarios y ofrezcamos oportunidades de reenganche a los que lo están pasando mal. No luchar decididamente contra la pobreza, y especialmente la infantil, es un lujo que no nos podemos permitir.

Eloísa del Pino y Javier Moreno también son autores de este artículo. 

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