Píldoras de xenofobia. Sanidad e inmigración en el debate político

En las democracias occidentales proliferan políticos metidos a flautistas de Hamelín entonando distintas versiones del “Teorema de Thomas” (principio sociológico por el cual no importa que algo sea falso, si los ciudadanos lo creen cierto, lo será en sus efectos) y España no es ciertamente una excepción.

Contrariamente a lo esperado, la multiplicación de medios y canales de comunicación parece contribuir a que realidad y ficción se entremezclen de manera confusa, haciéndose, a menudo, indistinguibles. La extrema complejidad de las sociedades contemporáneas facilita estas dinámicas, al resultar extremadamente difícil para los ciudadanos conocer y comprender los sofisticados equilibrios institucionales que definen las estructuras sociales y políticas que vertebran nuestras sociedades.

Este artículo hace referencia a una de estas interesadas ceremonias de la confusión que ha deteriorado de modo ostensible el sistema sanitario público, un sistema considerablemente coste-efectivo y que gozaba de un elevado grado de apoyo ciudadano.

En abril de 2012, el gobierno del PP aprovechó la coyuntura de desmoralización y resignación ciudadana derivada de la crisis económica para introducir reformas de profundo calado en la filosofía básica que vertebra el sistema sanitario público. El Real Decreto 16/2012 daba carpetazo a más de veinticinco años de progresos en la construcción de un Sistema Nacional de Salud (SNS) de carácter universal (basado en la residencia), gratuito en el momento del uso y financiado a través de impuestos (y desde principios de los 2000, sin relación financiera con el sistema de Seguridad Social). Pese a que no se modificó el origen de los recursos financieros del sistema, que siguen procediendo de los Presupuestos Generales del Estado, se reintrodujo una lógica de “aseguramiento”, que ha implicado elevar barreras entre los que se define como “merecedores” de atención por el sistema sanitario público (los “asegurados”, que cotizan a la Seguridad Social, y sus familiares como “beneficiarios”), y los que han de quedar excluidos de las prestaciones de dicho sistema. Entre estos últimos se ha señalado a menudo a los inmigrantes indocumentados, pero la medida afectaba también a un número considerable de españoles sin vínculos con la Seguridad Social.

Esta radical reforma de la filosofía del SNS se justificó con el argumento de acabar con el “turismo sanitario”, tanto de ciudadanos de la UE residentes en España, como de inmigrantes extracomunitarios. Se citaba para ello un informe del Tribunal de Cuentas que cifraba los costes del “turismo sanitario” en más de mil millones de € anuales. La realidad es que dicho informe no planteaba la necesidad de modificar la filosofía de acceso al SNS, sino que denunciaba la incapacidad de las autoridades sanitarias españolas para articular un sistema de cobro a los sistemas sanitarios del resto de países europeos por la atención sanitaria prestada a sus ciudadanos.

Entre otras consecuencias, la aprobación de dicho RD supuso la expulsión de más de 160.000 inmigrantes indocumentados del SNS, así como la multiplicación de la discrecionalidad y la arbitrariedad en la definición del acceso a las prestaciones sanitarias para este colectivo.

Esta situación constituye un ejemplo de politización del fenómeno migratorio como mecanismo para redefinir (a la baja) los márgenes de cobertura de los sistemas de protección social, tal y como se había hecho ya con relativo éxito en el caso de los recortes en el programa de rentas mínimas de Cataluña. Dicha reforma permitía también abrir las puertas a un modelo de aseguramiento en el ámbito sanitario que facilitase una gradual evolución hacia un sistema de cobertura básica que debiese ser complementado con aseguramientos privados para tratamientos no incluidos en el catálogo de prestaciones del SNS.

Alcanzados dichos objetivos, el gobierno del PP no ha tenido reparo en reconocer las consecuencias negativas derivadas de dicho proceso de exclusión sanitaria, y en plantear la conveniencia de articular algún sistema que permita garantizar la atención sanitaria a los colectivos previamente expulsados del SNS .

En un contexto de dura competición electoral, Ciudadanos cree haber encontrado en el tema de la atención sanitaria de los inmigrantes indocumentados un modo de diferenciarse del PP, así como de hacer un guiño a determinados sectores del electorado que miran con sospecha a la inmigración. Diferentes dirigentes de Ciudadanos, incluyendo su líder Albert Rivera, han respondido de modo restrictivo cada vez que han sido interpelados acerca de la cobertura sanitaria de los inmigrantes indocumentados, argumentando que ningún país europeo garantiza la asistencia sanitaria a los inmigrantes indocumentados residentes en su territorio. Esta afirmación es esencialmente falsa, algo que ha pasado, sin embargo, relativamente desapercibido en el fragor del debate político.

La práctica totalidad de países europeos garantizan la atención en casos de urgencia a toda persona presente en su territorio, además de la atención de enfermedades infecto-contagiosas, los tratamientos relacionados con la maternidad, y la atención a los menores de edad. Además de eso, y pese a las crecientes dificultades existentes a la hora de materializar el acceso a los sistemas sanitarios públicos para los inmigrantes indocumentados, el acceso a la atención sanitaria está garantizado para estos colectivos en buen número de importantes países europeos.

Así, Italia (con un sistema sanitario similar al SNS español) garantiza el acceso de los inmigrantes indocumentados tanto a la atención primaria y hospitalaria, como a la prestación farmacéutica, en igualdad de condiciones que los ciudadanos italianos, a través del código de “Stranieri Temporaneamente Presenti” (STP). Este código se otorga de manera unipersonal por una duración de seis meses renovables, y permite a las administraciones sanitarias tramitar la gestión del pago de los costes de los tratamientos recibidos por estas personas cuando carecen de recursos económicos propios.

Francia (un país con un sistema sanitario vinculado a la Seguridad Social, como era el caso en España hasta la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986, y modelo al que en cierta forma se ha intentado regresar con la reforma introducida por el RD 16/2012), garantiza también la cobertura sanitaria plena (atención primaria, especializada y hospitalaria en igualdad de condiciones que los residentes legales) a aquellos inmigrantes indocumentados que puedan acreditar una residencia superior a tres meses en ese país y que carezca de recursos económicos, a través del programa de aseguramiento sanitario público denominado “Aide Médicale de l’Etat” (AME).

En el Reino Unido (modelo arquetípico de sistema sanitario de cobertura universal que inspiró la creación del SNS español), la atención sanitaria de los inmigrantes indocumentados ha sido significativamente recortada en los últimos años como consecuencia de una creciente atmósfera de rechazo mediático y político a la inmigración. Pese a esto, los inmigrantes indocumentados continúan teniendo acceso a la atención primaria. En caso de ausencia de recursos económicos, aquellos inmigrantes indocumentados con un año de residencia en territorio británico pueden acceder también a la atención especializada y hospitalaria de forma gratuita.

El cuarto ejemplo que traeré a colación es el de Holanda (con un sistema basado en el aseguramiento sanitario gestionado por empresas privadas), otro país en el que la pujanza de partidos de extrema derecha ha alterado radicalmente el panorama político desde principios de los 2000. Los inmigrantes indocumentados han de abonar el coste de los tratamientos sanitarios considerados no urgentes. Sin embargo, el gobierno holandés ha establecido un fondo específico destinado a  asumir el coste de las facturas no pagadas por los inmigrantes indocumentados que aleguen falta de recursos.

Esta pluralidad de modelos sanitarios en un grupo central de países europeos aborda la cuestión de la cobertura sanitaria de la población indocumentada a través de diversos mecanismos, pero garantizando siempre un amplio nivel de acceso a las prestaciones sanitarias para estos colectivos vulnerables.

El desconocimiento ciudadano acerca de la naturaleza, estructura organizativa y filosofía del SNS ha constituido uno de los principales puntos débiles de este sistema cuando se han aunado dos envites de calado: una grave crisis económica y un gobierno en manos de un partido con escaso apego a la idea de un sistema sanitario público de cobertura universal y financiado por impuestos. Se ha aprovechado la confusión ciudadana respecto a la relación (o más bien la ausencia de ella) entre el SNS y el sistema de la Seguridad Social, para revertir la tendencia hacia la universalización en la que se llevaba avanzando varias décadas. De igual modo, se ha abusado del vacuo concepto de “turismo sanitario” para expulsar a los inmigrantes indocumentados del SNS. La movilización de las pulsiones xenófobas de una parte de la ciudadanía por aquellos que distorsionan la realidad al afirmar que la exclusión de los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario es algo normal en Europa no debe ser pasada por alto. Al fin y al cabo, tan solo disponemos del poder del conocimiento riguroso y veraz para tratar de disolver el hechizo de las flautas encantadas.

Autoría

2 Comentarios

  1. Luis Moreno
    Luis Moreno 12-18-2015

    Los puntos sobre las íes, Javier… Excelente llamada de atención a los flautistas de Hamelín…

  2. Emma Cerviño
    Emma Cerviño 12-18-2015

    Un excelente artículo que aclara el trasforndo ideológico de algunos de los que se presentan como “nueva política”!

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