Cambio de ciclo con sello Ciudadanos

La presentación en las Cortes del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 es una buena noticia por dos motivos: primero porque, tras un retraso de seis meses, supone un paso positivo de normalidad y estabilidad para nuestro país, cuando hay movimientos que pretenden su desestabilización; segundo, porque son expansivos, tras muchos recortes, en favor de las clases medias trabajadoras y cuadran las cuentas para cumplir con los objetivos de déficit público acordados con Europa.

El crecimiento económico y un repunte de la inflación están permitiendo una mayor recaudación, de forma que también aumentan los recursos para la financiación territorial, de comunidades autónomas y corporaciones locales; concretamente, un 3,6%, lo que supone 4.248 millones de euros más hasta los 123.250 millones de euros.

La actual composición de las Cortes dificulta la aprobación de leyes, pero no lo imposibilita, como ha quedado demostrado con las leyes de Autónomos o de Contratos del Sector Público. En este contexto, el Parlamento ha adquirido un protagonismo rejuvenecedor, que está asentando nuevas y mejores prácticas. Así, el Gobierno presenta un proyecto abierto a negociación y traslada la responsabilidad a todos los grupos parlamentarios.

Los Presupuestos registrados en la presente legislatura llevan el sello claro de Ciudadanos, empezando porque ahora las previsiones de ingresos tributarios son más razonables. La Airef ha destacado que en 2017 se corrigió la mala práctica de inflar el presupuesto de ingresos, reduciéndose notablemente -de 17.641 millones de euros a 3.628 millones- la desviación entre lo presupuestado y lo recaudado efectivamente. Es decir, que pasó de aproximarse a un 10% a quedar sobre el 1%.

Fuente: Airef

Suben todas las políticas de gasto, excepto el dedicado a desempleo, que se ajusta un 3,4% por la reducción del paro y de las prestaciones; vivienda, que baja levemente un 0,2%, y los intereses deuda, que caen un 1,9% (ahorro de 624 millones de euros) gracias no sólo a la política monetaria del BCE, sino también a la reducción de la prima de riesgo, consecuencia directa de haber cumplido en 2017 el objetivo de déficit.

Por supuesto, sube el gasto en pensiones, que representan ya el 41% del gasto total y que en los pasados 10 años, debido a nuestra pirámide poblacional, ha aumentado más de 45.000 millones de euros. Pero también sube sanidad, un 3,9% (158 millones más hasta los 4.251 millones); educación, un 3% (76 millones, hasta los 2.600 millones); cultura, un 4,4% (35 millones, hasta los 838); las políticas de fomento del empleo aumentan en 217 millones de euros, un 3,9%, más que en 2017, y se introduce una reforma del IRPF con una rebaja fiscal de 2.400 millones anuales que beneficia a las rentas inferiores a 18.000 euros y una subida media de las pensiones más bajas de un 2%, lo que beneficia a casi seis millones de perceptores.

Es un notable giro dirigido a combatir la brecha abierta entre los mejor y los peor parados de la crisis de 2009, en favor de las clases medias trabajadoras y de las políticas de la natalidad y conciliación.

Una novedad a destacar es que estos PGE recogen la dotación económica comprometida, de 200 millones de euros anuales, en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un precedente muy positivo para los pactos de estado atascados en el Congreso: sobre educación, infraestructuras, agua…

En este caso, tal como se estipula en dicho Pacto, 80 millones corresponden al Estado, y del resto, 100 millones a las comunidades autónomas y 20 a las corporaciones locales. El Gobierno dice contar con recursos adicionales de sobra para honrar sus compromisos.

Que éstos son unos Presupuestos  sociales y moderamente expansivos resulta indiscutible. Además de las medidas mencionadas, aumentan las actuaciones de carácter económico, que en 2017 se redujeron un 2,6% y este año suben un 7,2%. También se inicia la equiparación salarial exigida por la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que compromete cerca de 500 millones de euros adicionales en el capítulo 1 del Ministerio de Interior. Pero, sobre todo, la inversión del Estado vuelve a crecer; la territorializada en las comunidades autónomas, un 17% más que los PGE de 2017,  según el reparto siguiente:

Aunque estos PGE-2018 parecen tener dinero para contentar a todo el mundo, llegan al Congreso sin una mayoría clara para su aprobación y,  paradójicamente, sería posible que los Presupuestos más sociales y más expansivos de los últimos años fuesen precisamente los que no llegaran a entrar en vigor. Esperemos que triunfe la responsabilidad.

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