Periodistas, politólogos y demás: os tomáis en serio las políticas o ‘irsus’

Hace un par de años escribí un breve artículo en el que defendí que los medios deberían escrutar el poder yendo más allá del espectáculo electoral y la lucha partidista en sus análisis, prestando más atención a las políticas públicas. Redacté esta modesta pieza de opinión en el contexto de la incorporación de los nuevos líderes y partidos al panorama político nacional y de la espectacular inflación informativa que yo percibía sobre lo que los  anglosajones llaman politics, es decir, el juego político, mientras que, por otro lado, se prestaba mucha menos atención a las policies, es decir, a la acción pública, las políticas públicas.

En realidad, no se trataba de una reflexión nueva, y desde luego no tenía como objetivo aleccionar a los medios. Esta misma admonición se ha hecho entre y para los propios politólogos muchas veces (véase Hacker y Pierson aquí). Mi interés en trasladarla entonces y ahora desde los politólogos a los medios (y a más científicos sociales) se debe a que, aparte de sentir una especie de fascinación mutua, hay otras dos cosas que los politólogos y muchos periodistas tienen en común. La primera es el objeto al que prestamos atención: el poder. La segunda es que muchos aspectos del poder se nos escapan a ambos si no miramos lo que ocurre en el ámbito de cada política pública.

En este post quisiera ampliar mi cavilación de entonces y, si acaso, conectarla con algunas recientes reflexiones de otros científicos sociales que aparecen en los medios en torno a las políticas. En parte basándome en la propuesta de Hacker y Pierson, en aquel artículo sostenía que politólogos, otros científicos sociales y los medios debían prestar atención a las políticas desde tres puntos de vista.

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

En primer lugar, habría que atender más a los resultados de la acción pública. Quizá alguna de nuestras lectoras ecologistas tenga curiosidad por el resultado del Plan Nacional de Energías Renovables; o quizá un lector cuyo familiar está desahuciado, un médico o un enfermero quiera saber más del Plan de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud; o incluso puede que una pequeña empresaria de El Burgo de Osma que quiere empezar a vender su cerveza en Kuala Lumpur se pregunte por algo aparentemente tan anodino como la eficacia del programa Aprenda a Exportar. A muchos ciudadanos les gustaría saber cómo funcionó el Plan de Seguridad Vial o si se consiguió racionalizar la gestión de las ayudas de incapacidad laboral que el Gobierno se había propuesto mejorar; quizá un gestor público que quiera diseñar un modesto plan local de políticas activas de empleo quiera saber si la de bonificaciones y reducciones de la cuota de la Seguridad Social, que nos cuesta un dinero, está sirviendo para algo. Yo misma, por ejemplo, querría saber si tareas públicas como la promoción cultural, o servicios como la formación profesional o las urgencias hospitalarias, funcionan peor en mi comunidad autónoma o en la de al lado y por qué.

En España acostumbrarnos a quejarnos de que no se hace evaluación de políticas públicas. Esto no es del todo falso; tampoco del todo cierto: sobre todos los temas citados arriba existe ya una evaluación. Por ejemplo, Aeval (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios), ejecutó alrededor de 40 evaluaciones de programas y servicios públicos entre 2007 y 2011 (aquí puede verse la mayoría) antes de ser vaciada de contenido y recursos a partir de 2012, momento desde el que, aunque hizo alguna evaluación más, sólo pudo dedicarse básicamente a hacer guías y a pulir su metodología. Ivàlua (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques) calibra regularmente los resultados de la acción pública. Aquí pueden encontrar ustedes más de 40 evaluaciones llevadas a cabo por el Gobierno navarro. Otras organizaciones sectoriales, es decir, especializadas en un área de política pública, y en general otros gobiernos autonómicos y locales también realizan, por sí mismos o encargan fuera, evaluaciones de programas públicos, a veces de manera voluntaria y otras porque lo exige un tercero; por ejemplo, un financiador como la Unión Europa.

Las decenas o quizá cientos de evaluaciones que se hacen cada año en el país encuentran poco eco. Faltan evaluaciones, desde luego, se puede discutir el enfoque de las mismas, se puede debatir sobre cuándo y qué programas deben monitorizarse y cuáles no, y también sobre quién debe hacerlas. Sin embargo, debe admitirse que una vez realizadas, a veces por su complejidad técnica y otras por las razones que sean, han tenido un impacto escaso, como lo demuestra el hecho de que casi todo el mundo parece ignorar su existencia. Pocas veces han sido discutidas en el Parlamento. Los medios prácticamente nunca han difundido sus resultados y pudieran haberlo hecho. Ni mucho menos se ha realizado un seguimiento de si el resultado de las mismas es utilizado o no. El seguimiento de lo que pasa con las evaluaciones es una tarea fundamental. Sin embargo, las propias agencias evaluadoras en todo el mundo reconocen que, por sí solas, no pueden conseguir que el resultado de su trabajo se utilice (aquí). Necesitan del concurso de los parlamentos, los medios y la sociedad civil.

Un segundo aspecto al que los politólogos, otros expertos y los medios debieran prestar atención está relacionado con que, además de producir efectos inmediatos en la vida de la gente, las políticas transforman los equilibrios de poder existentes en una sociedad dada y no estaría de más que este asunto estuviera presente también en el debate público. Las políticas a favor de las mujeres les han proporcionado, con el tiempo, poder para situar ciertos problemas en la agenda pública. Sin embargo, otras políticas, unas que minen la calidad de la enseñanza, el acceso a la sanidad o la negociación colectiva pueden no sólo deteriorar la salud, la formación o el empleo, sino también socavar la capacidad de acción política de determinados grupos sociales, su influencia y sus derechos políticos a medio plazo. Determinadas decisiones sobre la política de contratación pública pueden expulsar del mercado a pequeñas empresas u organizaciones del tercer sector, eliminando la posibilidad de que defiendan determinados intereses o ideas. Las políticas, además de contribuir a que se reduzca (o aumente) la contaminación acústica, a que el territorio esté mejor o peor vertebrado, a que disminuyan los muertes por cáncer de pulmón, a que tengamos más o menos delitos… además de todo eso, también modifican el reparto de recursos económicos, cognitivos o de otro tipo entre grupos, reforzando así o atenuando las brechas de clase, género, raza o cualquier otra.

En tercer lugar, la especialización de periodistas o expertos en sectores concretos de política pública y el seguimiento de los acontecimientos en ese área en particular nos ayudaría a entender los juegos de poder en nuestra sociedad y los obstáculos a algunas reformas. Este tipo de analistas podría explicarnos: ¿por qué la reforma de la política farmacéutica de 2010 no fue tan ambiciosa como al principio se pretendía? ¿Por qué exactamente no podemos ponernos de acuerdo en la reforma de la educación? ¿Hay intereses corporativos, económicos, religiosos o de otro tipo detrás? ¿Son legítimos? ¿Hasta qué punto se tuvo en cuenta el informe elaborado por los expertos en la última reforma de las pensiones? ¿Por qué solo a medias? ¿Por qué se priorizó el recorte de tal programa público sobre otro? ¿Siempre deciden los mismos sobre la política de cooperación al desarrollo? ¿Deja eso espacio para políticas innovadoras? En las decisiones sobre política fiscal, ¿hay más actores de los que ven los ciudadanos? ¿Qué acceso e influencia tienen ciertos grupos sociales al lugar donde se pergeñan las decisiones sobre infraestructuras, o financiación autonómica o política de defensa? ¿Por qué casi nunca las políticas basadas en la evidencia tienen espacio en la realidad?

Disponer de más información comprensible sobre las políticas contribuiría a mejorar la calidad del debate público y a que pudiéramos ser más realistas sobre el ejercicio del poder. La consolidación de las redes sociales como un espacio de encuentro entre científicos sociales procedentes de distintas disciplinas alrededor de un mismo policy issue, y entre éstos y los periodistas de los medios tradicionales y nuevos ha abierto una ventana de oportunidad para ello. Por un lado, las redes han contribuido a que economistas, demógrafos o sociólogos discutan juntos sobre los problemas públicos que nos afectan. Algunos son problemas endiablados (wicked problems, como los analistas de políticas llaman a los problemas públicos multicausales como la pobreza, la inmigración o la despoblación rural), y por lo tanto este enfoque multidisciplinar es muy beneficioso. Además, la alianza con los medios obliga ahora a los expertos a debatir sobre la industria 4.0 o la economía digital en un lenguaje comprensible para toda la ciudadanía o para el profano ya que, de otro modo, los lectores o los tuiteros no les seguiríamos. La crisis ha hecho a los ciudadanos más críticos y vigilantes y esto debería obligar a politólogos, periodistas y otros científicos sociales a centrarse más en el contenido de las decisiones gubernamentales que afectan directamente a la vida de la gente.

 

Autoría

1 Comentario

  1. Luis
    Luis 08-03-2018

    Idos, iros, irsus… Estupenda disecciòn normativa…

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.