Pensiones y Cataluña: redefinir la cuestión

No por casualidad las pensiones se han convertido en un asunto destacado de la campaña electoral del 27-S. El sistema público de pensiones es, junto a la sanidad, la pieza más preciada del Estado de bienestar español no sólo por constituir la principal partida de gasto presupuestario, sino por haber demostrado su eficacia para el sostén de millones de familias –de pensionistas y allegados dependientes– durante la grave crisis económica. Con la posible independencia de Cataluña como cuestión de fondo, cuál fuera la suerte de las pensiones en caso de ruptura es algo que importa, y mucho, a la ciudadanía catalana, igual que sucedió en el referéndum escocés. De ahí el interés por aclarar esta cuestión. Pero, como trataré de exponer a continuación, aún más relevante me parece que la contestación a esta pregunta de si una Cataluña independiente tendría capacidad para mantener un sistema de pensiones equivalente al actual da pie a hacer algunas reflexiones que podrían servir –si no es demasiado tarde– para favorecer actitudes más conciliadoras.

Sin ignorar los problemas técnicos y jurídicos que podrían darse en el corto plazo si la ruptura con España fuera abrupta, no cabe duda de que la respuesta es positiva: sí, un sistema de público de pensiones como el actual sería viable en una Cataluña independiente.

Como punto de partida, debe tenerse en cuenta que uno de los atractivos de los regímenes de pensiones de reparto, basados en la solidaridad intergeneracional, estriba en que pueden constituirse de un día para otro porque las pensiones de un mes se pagan con los ingresos obtenidos en ese mismo periodo. Por tanto, dado que no se requiere una capitalización previa, la sostenibilidad de las pensiones catalanas dependería de la capacidad de la Generalitat para equilibrar su presupuesto –disponer de suficientes recursos–, algo que viene determinado por diversos factores de los que aquí interesa destacar los dos principales.

Para empezar, se requiere una estructura poblacional equilibrada, lo que se refleja en la denominada tasa de dependencia, es decir, la relación entre las personas mayores de 64 años y el total de aquellas en edad de trabajar (16-64). Pues bien, este índice es menor ahora –y por tanto más favorable en términos de sostenibilidad– en Cataluña que en el conjunto de España y no ha de variar en el corto plazo gracias al flujo migratorio de los años previos al colapso económico.

El segundo factor determinante del equilibrio es la situación del mercado laboral. Este se encuentra maltrecho en el conjunto de España tras los efectos devastadores de la crisis, pero en un estado actual y con un potencial de crecimiento mayor en Cataluña: una tasa de paro más baja (19,1% frente al 22,3%) y una población activa mayor (62,7% frente al 59,8%). Naturalmente esa situación laboral resulta determinante para los ingresos vía cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores, como principal vía de financiación de las pensiones. Al tiempo que también incide en la capacidad del Estado para recaudar impuestos y realizar aportaciones al sistema de pensiones –segunda fuente de financiación– con los que compensar la insuficiencia de cotizaciones para el pago de las pensiones.

Por eso, negar la viabilidad de un sistema de pensiones catalán resta credibilidad a los que con buenas razones rechazan la independencia. Como en tantos otros asuntos, los defensores del encaje de Cataluña en España ponen un excesivo énfasis en advertir de los males que la independencia traería consigo para los catalanes, olvidando ofrecer argumentos sólidos que sirvan para convencerles de las bondades de seguir viviendo juntos.

La constatación de la viabilidad de un hipotético sistema catalán de pensiones no quiere decir que no haya críticas de peso que hacer al lado independentista en esta materia, críticas a las que podría ser más sensible el amplio espectro progresista que apoya la ruptura. Algunas darían para un artículo específico, como la implícita apuesta por un sistema de pensiones de capitalización individual (parcial, al menos) recogida en el informe del Consell Assessor, “La Seguretat Social catalana“. Aquí me centraré en la que, a mi juicio, es la más seria.

Utilizar como argumento para defender la independencia que, gracias a ella, los catalanes recibirían mejores pensiones – algo que, como se ha visto, sería factible– merece un doble comentario crítico. Parece olvidar, primero, que el sistema de pensiones que hoy conocemos es una obra colectiva, un éxito compartido, del que todos debemos sentirnos orgullosos. Y lleva implícito, segundo, que el sistema español de pensiones sufriría las consecuencias de la ruptura en la medida en que perdería las contribuciones realizadas por los cotizantes catalanes.

A mi juicio, existe una legítima aspiración catalana de mejorar sus pensiones en el ejercicio de un pilar fundamental de nuestra Constitución: el principio de autonomía política. Aflora aquí una de las debilidades estructurales de la articulación territorial del Estado español. El hasta hace poco exitoso proceso de descentralización política ligado a la consolidación de la democracia en España tenía, entre otras cuestiones pendientes, la adaptación del modelo de protección social a la estructura territorial. Este desfase podría sintetizarse señalando que las Comunidades Autónomas no tienen capacidad plena para desarrollar su autonomía política en el ámbito social, pues, sin olvidar la sanidad y los servicios sociales, la esfera de la Seguridad Social –la más importante– les está vedada: el Estado no permite a las Comunidades Autónomas el desarrollo de una política propia de Seguridad Social (complementaria), pese al encaje que podría tener en el artículo 149.1.17ª de la Constitución.

De ahí que quizá no sea iluso pensar en lograr un punto de encuentro razonable para ambas partes, Cataluña y España, a través de una reformulación de esta materia en clave federal. Así, la ‘cuadratura del círculo’ pasaría, de un lado, por preservar el proyecto común que supone la articulación de un sistema de Seguridad Social en el que el ejercicio solidario de personas y territorios sirviera para garantizar que todos los españoles tengan asegurada una pensión digna. Al mismo tiempo que, de otro, se reconociera una autonomía política plena que serviría para la realización de una política propia permitiendo, si así lo decidieran los catalanes, incrementar los recursos dedicados a las pensiones y con ello mejorando su cuantía.

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.