Pedro Solbes: una autocrítica benévola

La comparecencia de Pedro Solbes en la comisión de investigación abierta en el Congreso sobre la crisis financiera y el crédito europeo que necesitó España para rescatar a parte de la banca ha resultado útil para conocer los que a su juicio fueron los errores cometidos en el diagnóstico y en las medidas adoptadas entre 2004 y 2009. Ésos fueron los años en que Solbes dirigió la política económica española. Coinciden con el último periodo de expansión, o de excesos, entre 2004 y 2006; los primeros síntomas de la crisis subprime en Estados Unidos (2007); la caída de Lehman Brothers (2008); y la entrada en recesión de la economía española por primera vez en tres lustros (2009).

Entre los errores de diagnóstico destaca prever una desaceleración del crecimiento económico y no una recesión, aunque Solbes se escuda en que durante los últimos meses de 2007 y los primeros de 2008 aún estaba en discusión lo que iba a suceder en la economía global y, como síntoma de ello, no hay que olvidar que el Banco Central Europeo subió los tipos de interés en junio de ese año, sólo un par de meses antes de la quiebra de Lehman Brothers.

El Gobierno no anticipó la primera recesión y tampoco la segunda, la que llegaría en 2011, con el estallido de la crisis de la deuda europea. El gráfico del PIB dibujó una “W” y no una “V” o una “U”, como estaba previsto o como era deseable.

Respecto a Europa Solbes dejó ver una frustración de expectativas. Uno de los problemas de España en aquellos años era el déficit por cuenta corriente o la excesiva dependencia de la financiación extranjera. El exceso de ahorro del resto de Europa encontraba acomodo en España, que estaba ávida de inversiones y daba un pequeño plus de rentabilidad a los inversores foráneos. Probablemente se consideraba que el dinero procedente de otro país de la Unión Monetaria no era propiamente deuda externa, que no cabía una crisis por esa razón y que los problemas se solucionarían como en un Estado federal. Como se comprobaría después, no fue el caso, y la aversión al riesgo provocó fugas de capitales desde los países de la periferia hacia los del centro y los rescates fueron préstamos con duras contrapartidas.

Ese exceso de ahorro europeo que cubría las necesidades de financiación de España encontraba acomodo preferente en el sector inmobiliario. Cajas y bancos daban crédito al promotor con el dinero que captaban en los mercados internacionales. La ley del suelo de los populares hacía posible valorar los solares no por su valor presente según su clasificación, sino por sus expectativas futuras de recalificación, lo que elevaba el riesgo de los promotores y de las entidades que los financiaban. El error de diagnóstico aquí fue pensar que los actores económicos actúan racionalmente y que promotores y banqueros sabrían parar antes de llegar demasiado lejos, argumento que Solbes reconoce compartir en parte.

Y se contaba, además, con que el sector financiero era lo fuerte y aguantaría las crisis que se irían sucediendo.

Pero Pedro Solbes explicó en su intervención que sus prioridades, la del saneamiento de las cuentas públicas, la de reducir la deuda pública y la de ponerse como meta casi secreta el superávit presupuestario, preparaban a la economía española para tener más margen de actuación cuando llegaran las vacas flacas. Le hubiera gustado llegar más lejos: a bajar la deuda al 10% sobre el PIB, a llevar el superávit al 4%. La matemática parlamentaria y la de su propio Gobierno -dividido: recordemos a Miguel Sebastián– se lo hicieron imposible. No pudo evitar la propina de 400 euros en el IRPF ni el cheque-bebé antes del estallido oficial de la crisis. Pero tampoco pudo parar el Plan-E que se diseñó para aminorar el impacto de la primera recesión, sino sólo reducir su aplicación a un solo ejercicio.

Asimismo, se reprocha como responsable de la política económica del país no haber actuado sobre los costes laborales unitarios (reduciéndolos, se entiende), dejando el mercado laboral en manos de los agentes sociales. Lo que le empujó a poner a disposición su cargo en abril de 2009, además de una expansión fiscal con la que no estaba de acuerdo, fue que el Gobierno no hubiera actuado en materia laboral ni de pensiones.

“Un conservador en un partido socialdemócrata”

Esta visión de la economía es la que hace pensar a Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada, que Solbes es un conservador en un partido socialdemócrata, con la diferencia respecto a sus antecesores, Miguel Boyer y Carlos Solchaga, de que no “abría melones”, de que no era un provocador, en especial con los sindicatos. Rodríguez, afín al Partido Socialista, vio a Solbes algo desbordado por la crisis, con reacciones incompletas, aunque, posiblemente quisiera poner en marcha medidas en la línea de las que tuvo que adoptar Zapatero una vez estalló la crisis de deuda en Europa y llegó a prácticamente cerrarse la financiación a España en ese fatídico mayo de 2010, poco más de un año después de la marcha de Solbes.

Al margen de las apreciaciones ideológicas, a Solbes no se le afean sus errores de previsión macro (dados los errores generalizados de casas de análisis y organismos internacionales) ni sus deseos en materia de política económica, pero sí se le recrimina que no actuara más contundentemente con el sector inmobiliario y con la banca.

Solbes se defiende y el economista José Carlos Díez, por aquellos años próximo a Moncloa y ahora cercano a Susana Díaz, le respalda con el siguiente argumento: en una economía abierta no se pueden poner límites a la entrada de capital extranjero. Y Solbes proporcionó, además de ése, otros dos: no es posible controlar a quién puede prestarle dinero un banco y la política monetaria es la única útil para desincentivar el crédito y ya no estaba bajo soberanía española.

Alejandro Inurrieta, que fue presidente de la Sociedad Pública del Alquiler en 2007 con el Gobierno socialista, cuenta que el colectivo Economistas 2004 planteó varias iniciativas para frenar el crecimiento del crédito inmobiliario y la sobrevaloración de los activos inmobiliarios, como el establecimiento de cuotas por sectores, una moratoria en las licencias de construcción, la supresión de la desgravación por compra de vivienda (que se redujo a la mitad) o el impulso del alquiler. Sí se apostó por esto último y, por otro lado, vio la luz una nueva ley del suelo en 2007 que podría haber sido útil de haberse aprobado antes, puesto que acababa con la valoración de los solares por sus expectativas.

2004-2007, los años críticos para la crisis financiera

La confianza en la racionalidad de los actores económicos y la libertad de los flujos financieros en los que se escuda Solbes, según el diagnóstico de Ángel Vilariño, llamado como experto en cuestiones financieras a comparecer en la comisión de investigación, llevaron a que entre 2004 y 2007 se prolongara la fase de acumulación de riesgos en la banca y “de forma creciente respecto al periodo anterior”. “Insisto sobre estos cuatro últimos años, que son críticos: 2004-2007. Son críticos porque el riesgo que se genera en esos cuatro años es de muchísima peor calidad. ¿Por qué? Para empezar, por la ya enorme sobrevaloración que seguían acumulando las garantías hipotecarias, porque los precios seguían creciendo”, declaró Vilariño.

Y este mismo experto señala posibles vías de actuación, como “establecer entidad a entidad (…) un calendario escalonado de reducción de la tasa de crecimiento del crédito promotor y del crédito dirigido a la financiación de vivienda”. Apunta como antecedente que entre 1989 y 1990 el Banco de España determinó que todo el sistema debía moderar la tasa de crecimiento del crédito ante el riesgo inflacionista. “El problema es que existe mucha mayor sensibilidad por parte de los reguladores a la inflación de bienes y servicios, a la inflación tradicional, y no la misma sensibilidad ante la inflación de origen financiero, ante las burbujas financieras, debido, entre otras consideraciones, al efecto riqueza -transitorio, como luego se ha visto- que acompaña a la burbuja”, continúa Vilariño. Asimismo, defiende que se deberían haber establecido recortes en el valor de las garantías a efectos de cálculo de los requisitos de capital. Y, también, límites a la concentración en promotores inmobiliarios, revisión de las carteras para mejorar la clasificación de los créditos, vigilancia a las refinanciaciones…

Sin duda, estas propuestas parten de una filosofía mucho más intervencionista de la que posiblemente Solbes se permitiría a sí mismo, como señala Inurrieta. Aunque muchas de esas medidas se terminaron adoptando.

Solbes sustituyó la intervención pública por las declaraciones críticas con la construcción de las famosas 800.000 viviendas al año y contra las hipotecas a cuarenta años.

Poco más se hizo. Julio Rodríguez, como varios parlamentarios en la sesión de la comisión de investigación, le recrimina a Solbes que hiciera caso omiso de, e incluso tratara con desdén, la carta enviada en 2006 por los inspectores del supervisor avisando de los riesgos del sector financiero.

Pero 2006 ya era tarde y, por eso, Vilariño afirma: “Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Economía era el responsable único de la regulación y supervisión financiera que dependía funcionalmente del Banco de España, pero no del Banco Central Europeo en esa época. Por lo tanto, la responsabilidad de Solbes es directa en la catastrófica gestión de la burbuja (no gestión preventiva, sino sólo forense, y también el mal diagnóstico del quebranto de las entidades y las soluciones) que luego se profundiza con De Guindos”.

Con ello coincide José Carlos Díez, que además recuerda que del nombramiento de Miguel Ángel Fernández Ordóñez como gobernador del Banco de España en 2006 es también responsable Solbes. “Y si en una crisis bancaria se necesita un diagnóstico realista y acción rápida, el regulador hizo un diagnóstico equivocado y actuó tarde”.

En la sesión, a Solbes se le preguntó si el Gobierno tenía un plan de contingencia para actuar en la crisis bancaria. Y respondió que en 2007 y 2008 no lo había como tal ni por escrito. Lo que se decidió fue vigilancia y actuación en problemas puntuales a medida que fueran surgiendo. El primero saltó en 2009, muy cerca del final de Solbes como ministro: la intervención de Caja Castilla-La Mancha. Y ahí salta una crítica de Santiago Carbó-Valverde, catedrático de Economía de Cunef y director de estudios financieros de Funcas, que también intervino en la comisión de investigación como experto: “Nunca entendí por qué se habló inicialmente de crisis de liquidez de la primera institución con problemas, la CCM, cuando era evidente que el problema era de solvencia”. La operación puso de manifiesto que el Fondo de Garantía de Depósitos era insuficiente para hacer frente a la crisis y se tuvo que construir el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Carbó-Valverde considera que esa estrategia de actuar caso a caso fue un error. Por las razones que expuso en la comisión de investigación. Por ejemplo, por la falta de sincronía con Europa: muchos países realizaron recapitalizaciones muy importantes ya en 2008 con unas ayudas públicas que no sufrieron la censura del ejecutivo comunitario; mientras que España comenzó de verdad en 2012 cuando el escrutinio sobre las finanzas públicas en la zona euro era mucho más severo; y terminó siendo por una cantidad similar a la destinada a este fin en otros países europeos.

Carbó-Valverde añade que los problemas que los bancos europeos tenían tras acometer sus recapitalizaciones eran de liquidez y se pensó que en España los problemas también eran de liquidez y no de solvencia, y por eso las medidas de recapitalización no empezaron hasta 2012.  Otro experto financiero que participó en la comisión de investigación, pero que prefiere mantener el anonimato para este artículo, señala: “Por culpa de no reconocer a tiempo los problemas de solvencia, la crisis bancaria ha sido más profunda y ha costado más al contribuyente”.

Influyó en la gestión de la crisis bancaria, según Carbó-Valverde, que se considerara que a partir de 2010 se iba a volver al crecimiento económico y que eso por sí solo aliviaría las pérdidas de los bancos.

Falta de valentía con las cajas

Aunque no fue una crisis exclusivamente de las cajas, como señala Carbó-Valverde puesto que todas las entidades, cajas y bancos en su conjunto, han tenido que hacer ejercicios de saneamiento y recapitalización, y ha habido cajas de ahorros que han salido airosas de la crisis y ahora son entidades muy importantes, ya convertidas en bancos, pero con las fundaciones de las antiguas cajas en su accionariado, sí existe en la conciencia colectiva, y también en la de Solbes, que se tenía que actuar en el gobierno corporativo de las cajas de ahorros, puesto que los problemas en que podían incurrir obedecían a su a veces nefasta gestión. Si la filosofía en las intervenciones públicas era actuar cuando surgieran los problemas, lo mismo se planteó para los gobiernos de estas particulares entidades, ni públicas, ni privadas, porque no tenían otro propietario que sus impositores. La sensibilidad de los territorios con sus entidades y las dificultades que podrían plantear las fuerzas políticas desalentó a Solbes de llevar adelante un cambio en la ley de cajas para modificar los criterios de elección de sus gestores.

¿Excesiva confianza en el mercado?, ¿respeto sumo a la libertad de los agentes económicos?, ¿ideología?, ¿pecado de optimismo?, ¿falta de pericia en el diagnóstico de los problemas y en su solución?, ¿impotencia ante unos acontecimientos casi inéditos?, ¿discrepancias profundas en un equipo de Gobierno que llevaron a la parálisis? Hay seguro mucho de todo eso. Al menos, la comisión de investigación pone bajo escrutinio de los ciudadanos lo que sucedió durante esos años, con las explicaciones que tienen que dar los gestores, los reguladores, los supervisores y analistas de todo signo. La elaboración del gran relato de la crisis aún es tarea pendiente.

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1 Comentario

  1. juangmuriel
    juangmuriel 01-13-2018

    El gran error de este pais es no haber investigado por que zp y su gobierno, negaron la crisis durante años…
    Miles de desahuciados de los últimos años, lo son por causa de un gobierno que nego la crisis durante años. Algunas de estas personas acabaron suicidandose. Miles de españoles tomaron decisiones engañados por un gobierno que negó la crisis, POR INCOMPETENCIA O POR DOLO, en ambos casos es inaceptable, estos españoles que tomarón decisiones (compra, inversión, hipoteca, prestamos, abrir negocios), se estamparon contra una crisis que su presidente les negó sistemáticamente. POR QUE NO SE PIDE RESPONSABILIDAD DE TODO ESTE DAÑO??

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